El Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF) atraviesa por un conflicto institucional y en medio de esta situación, los pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas se efrentan no solo a la escasez, sino a tener que optar por comprar medicinas con el alerta de expertos por la falta de certificación del Instituto Nacional de Higiene. A esto se les suma la sombra de los nexos políticos que tiene su presidente a quien se le vincula como presunto facilitador y financista de Hezbolá en Venezuela
El Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF) amagó con cerrar, pero finalmente no concretó la paralización de 530 farmacias móviles a nivel nacional. La medida se había planteado el pasado 14 de mayo como protesta ante el bloqueo de los permisos de importación por parte de la Contraloría Sanitaria para ingresar medicamentos al país.
En una inusual denuncia pública organizada por una institución estrechamente vinculada a los programas sociales del Ejecutivo, la doctora Joely Lara detalló que la Contraloría Sanitaria está tomando malas decisiones, aunque no ofreció mayores precisiones; Sin embargo, alertó que los almacenes se están vaciando, lo que afecta entre tanto a los pacientes oncológicos, el sector más vulnerable debido a los altos costos y la baja disponibilidad de estos fármacos en territorio nacional:
«Ciento dieciséis medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas están en cero en nuestros inventarios y en los próximos meses 384 más tipos de medicamentos serán sumados a este déficit (…) 24 tipos de medicamentos oncológicos han desaparecido de nuestros inventarios y 49 más de este tipo se van a sumar», detalló la vocera frente a la sede nacional de la organización, ubicada en la capital venezolana.
Sin embargo, detrás de esta protesta, que destacó por la ausencia del habitual despliegue policial, quedaron expuestos dos hechos: El primero, que los medicamentos distribuidos por el SUAF no cuentan con la validación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) y el segundo, que el único presidente que ha tenido el SUAF desde su fundación: Ghazi Atef Nassereddine, un ciudadano libanés nacionalizado venezolano que en 2008 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), señalado como presunto facilitador y financista de Hezbolá en Venezuela.
El limbo regulatorio de las medicinas del SUAF
Los medicamentos distribuidos por el SUAF no cuentan con la validación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), obligatoria según la normativa nacional para certificar su eficiencia y efectividad.
Si bien en 2019 se emitió en Gaceta Oficial la Resolución 075 del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la cual eximía a empresas de este proceso, dicho decreto perdió vigencia el 31 de diciembre de ese mismo año y solo era prorrogable por doce meses más. El SUAF fue creado precisamente en 2019.
«Existe una normativa sanitaria y ellos no escapan de cumplirla. Si no inician el proceso de registro sanitario ante el INHRR, no pueden importar (…) que se ajusten a la normativa y todo fluye», explicó a El Pitazo una fuente experta del Centro de Farmacovigilancia (Cefarvi).
Para este trabajo se revisó el medicamento que compró una persona en una farmacia móvil del SUAF en el estado Lara. El medicamento, Metotrexato, forma parte de su tratamiento contra una enfermedad crónica: la artritis reumatoide. El fármaco solo cuenta con el registro sanitario emitido por el MPPS, pero carece de las siglas E.F. (Especialidad Farmacéutica) que otorga el INHRR, lo que contrasta con una compra testigo realizada en una farmacia privada, donde un lote de acetaminofén de 650 mg sí exhibe el código E.F.G. (Especialidad Farmacéutica Genérica).
En la práctica, esto implica que medicinas del SUAF no han sido sometidas a las evaluaciones de los laboratorios especializados del Instituto Nacional de Higiene, indispensables para certificar que cada lote comercializado en el país contenga el principio activo y la dosificación requerida para un uso seguro.
La disyuntiva de los pacientes ante la efectividad
Pese a la falta de certificación, la necesidad económica obliga a muchos pacientes a recurrir a la compra de estos medicamentos. Una persona que es paciente oncológico del hospital Pastor Oropeza Riera del IVSS en Barquisimeto señaló a El Pitazo que su situación financiera solo le permitió adquirir sus quimioterapias en estos establecimientos, aun cuando su médico tratante no se lo recomendaba.
«Antes de no ponerte nada, prefiero ponerte algo», recordó la persona sobre las palabras del doctor y aseguró que los medicamentos adquiridos en la farmacia Guardianes de la Patria Paclitaxel, Filgrastim y Doxorubicina siempre tuvieron una reacción favorable en su lucha contra el cáncer.
La interrogante es por qué los medicamentos importados por el SUAF eluden estos controles de rigor, mientras que otros cargamentos recientes procedentes de Estados Unidos, sí los cumplen. Al menos, esto fue lo que aseguró la encargada de la administración de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una transmisión del canal VTV el pasado 7 de mayo.
«Como se hace siempre, los medicamentos van al Instituto de Higiene para su verificación y que se puedan utilizar con absoluta seguridad por el pueblo venezolano», aseguró Rodríguez.
Conexiones políticas y solicitudes internacionales
Detrás de la constante flexibilización por parte del Ministerio de la Salud, destaca la figura del único presidente que ha tenido el SUAF desde su fundación: Ghazi Atef Nassereddine. Se trata de un ciudadano libanés nacionalizado venezolano que en 2008 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), señalado como presunto facilitador y financista de Hezbolá en Venezuela.
El directivo ha mantenido estrechos vínculos con el Gobierno venezolano. En 2005 asumió el cargo de ministro consejero y encargado de negocios en Damasco, Siria, bajo la presidencia de Hugo Chávez y en vísperas de la llegada de Nicolás Maduro a la Cancillería, quien ahora enfrenta la justicia norteamericana al igual que Alex Saab que fue recientemente entregado por Venezuela a la justicia de EE. UU.
Precios y realidades en las regiones
Pero más allá del complejo trasfondo político que rodea al presidente del SUAF, la realidad inmediata es que los pacientes crónicos y oncológicos se exponen a una agudización de la escasez si la red de farmacias móviles llega a paralizarse.
En un monitoreo realizado por El Pitazo en al menos 13 establecimientos de los estados Miranda, Portuguesa, Lara, Zulia y Mérida se constató que las unidades móviles mantuvieron sus operaciones en los horarios habituales durante la semana. No obstante, una trabajadora de la farmacia móvil del Hospital Central de Barquisimeto afirmó que la paralización se limitó al pasado viernes y sábado, y que «eso ya se resolvió».
Por su parte, el SUAF difundió un comunicado alegando que parte de los retrasos ya habían sido subsanados, y que «mientras la situación se resuelve» solo iban a abrir viernes y sábado, pero las farmacias laboraron todos los días de esta semana aseguraron los trabajadores consultados.
La situación por la que los pacientes están atravesando es que no solo deben lidiar con que los medicamentos no tengan registros del Instituto de Higiene, sino también con la escasez, porque comprarlos en una farmacia privada no entra en sus presupuestos.
La relevancia de este sistema radica en la abismal disparidad de precios frente al mercado privado. Un sondeo de este medio sobre seis fármacos oncológicos para enfrentar el cáncer de mama y próstata: Anastrozol, Eritropoyetina, Paclitaxel, Docetaxel, Leuprolide y Capecitabina, evidenció que en nueve puntos consultados de los estado Lara, Miranda, Mérida y Zulia ya escasea la Capecitabina desde hace más de dos meses y quedan pocas unidades de Docetaxel, ambos medicamentos para aplicación de quimioterapias del cáncer de mamas y próstata, oral e intravenosa, respectivamente.
Sin embargo, en los casos disponibles, la diferencia económica es drástica: el Anastrozol (100 tabletas) que trata y previene la reaparición del cáncer de mama cuesta 14.508 bolívares en la red SUAF, mientras que en la cadena privada Farmatodo se comercializa en 12.380 bolívares, pero por una presentación de apenas 30 comprimidos. Esto significa que el medicamento es un 184% más costoso por unidad en el mercado privado.
Por su parte, la eritropoyetina humana en su presentación de 10.000 UI que ayuda con la producción de glóbulos rojos tiene un costo de 21.825 bolívares en la red Farmatodo y 14.400 bolívares en la red SUAF, es decir un 34.02% más económica en esta última.
Esta brecha económica es la que define la supervivencia de pacientes como Carmen Cecilia Lugo, de 54 años, diagnosticada con cáncer de cuello uterino en el estado Miranda, para quien la búsqueda de fármacos en el país es «una lotería». Con ingresos insuficientes para costear tratamientos privados, Carmen acude a las unidades del SUAF en los Valles del Tuy para aliviar el bolsillo:
«Uno de los medicamentos que necesito cuesta 30.000 bolívares (56 dólares). ¿Cómo puedo cubrir ese monto con un sueldo tan mísero?», cuestiona la docente, quien añade sobre los fármacos: «Vienen de la India y la gente dice que no hacen el mismo efecto que los nacionales, pero uno busca abaratar costos en medio de esta crisis. En el mercado privado es imposible comprar, al menos en mi caso».
En la otra acera de esta realidad se encuentran testimonios como el de Yazmín Hernández en Araure, estado Portuguesa, quien también recibe tratamiento oncológico continuado. A pesar de la asfixia financiera, Yazmín prefiere hacer un esfuerzo económico extremo antes que confiar en la red pública, impulsada por las malas experiencias de sus allegados con las farmacias móviles:
«Primero son medicamentos que cuesta conseguir, pero ni loca compro allí. Son de procedencia dudosa. Por experiencias cercanas, sé que no surten el efecto deseado», afirmó.
Al margen de las tensiones políticas de fondo, la fuente experta consultada por El Pitazo insta al SUAF a ponerse a derecho con las normativas sanitarias vigentes y así se garantice que el indudable beneficio económico que reciben los sectores más vulnerables de la población vaya de la mano con la seguridad farmacológica de sus tratamientos.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
