Abogados como Joel García y Perkins Rocha cuestionaron que estén trasladando causas de los llamados tribunales con competencia en terrorismo a juzgados ordinarios, una forma de desmantelar esa juridiscción especial creada por el chavismo.
«El traslado de causas de terrorismo a tribunales ordinarios en Venezuela expone una verdad inocultable, la inconstitucionalidad de origen de esa jurisdicción especial (creada por resolución administrativa y no por ley) arrastra un vicio insubsanable de nulidad absoluta», dijo García recientemente en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Algunas de esas causas son las de dirigentes políticos de Vente Venezuela como Henry Alviarez, Dignora Hernández y Víctor Castillo, cuyas causas fueron enviadas a tribunales del estado Barinas, información previa que dio a conocer el abogado Omar Mora Tosta.
A los dos primeros, exdiputados a la Asamblea Nacional de 2015 los detuvieron en marzo de 2024, meses antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. El chavismo y el aparato de justicia los señaló de liderar un supuesto plan para impedir los comicios en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Nicolás Maduro sin presentar las actas de votación, algo que sí hizo la oposición que defiende y sostiene el triunfo de Edmundo González Urrutia en ese proceso.
Juicios deben ser anulados no trasladados
García advirtió que trasladar esas causas representa un vicio de nulidad que nació desde la creación de esos tribunales de terrorismo.
«En la doctrina procesal, un tribunal sin base legal carece de competencia subjetiva y objetiva. Los actos dictados por un ‘juez no natural’ no son meras irregularidades formales; son jurídicamente inexistentes. No se puede convalidar lo que nació muerto en derecho», explicó.
No está claro cómo procederán ahora desde esos tribunales como en el caso de los procesos contra Alviarez, Hernández y Castillo, que no han recibido la Ley de Amnistía como otros casos de representantes del partido de María Corina Machado, entre ellos el abogado Perkins Rocha a quien excarcelaron, pero mantienen bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico en uno de sus tobillos.
«Distribuir los expedientes a jueces ordinarios no borra el pasado. Si la jurisdicción de origen era inconstitucional, todas las privaciones de libertad, acusaciones y condenas previas están viciadas. Continuar esos procesos vulnera flagrantemente el debido proceso», alertó García.
En esa misma tónica, Rocha aseguró que se está viviendo una desmantelación «de hecho» de los tribunales de terrorismo que se crearon para juzgar a presos políticos opositores, pero también a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas.
«Desmantelan de hecho la jurisdicción de Terrorismo. Envían los expedientes con las causas abiertas por delitos de terrorismo a Tribunales Penales de competencia común del interior del país. Con esto pretenden esconder su torpeza, siendo lo procedente sería anular todos los juicios«, resaltó.
Chavismo impulsa reforma judicial
El chavismo impulsa una comisión para la reforma judicial, la segunda en cuatro años, ahora bajo el nombre de Consulta Nacional para la Reforma Judicial en la que involucra a miembros del Poder Ejecutivo, además del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
A la par, adelanta cambios en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que comenzaron a finales de abril con la jubilación de ocho magistrados, varios de ellos afines al depuesto Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados los dos el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas militares estadounidenses que los trasladaron a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, donde ahora esperan un juicio.
La Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica del TSJ para elevar nuevamente el número de jueces de los actuales 20 a 32, instaló el Comité de Postulaciones Judiciales e hizo la convocatoria para renovar 20 puestos que deben cubrir, los ocho que se jubilaron y los 12 nuevos integrantes. Además, escogerán al Inspector General de Tribunales y al Director Ejecutivo de la Magistratura.
Joel García destacó que «para restaurar el Estado de Derecho no basta con mudar los archivos de oficina. La justicia exige la declaratoria de nulidad integral de estos procesos simulados. Un juicio sin garantías no es justicia, es arbitrariedad institucionalizada», reiteró.
Mora Tosta al informar sobre el traslado de los juicios de Alviarez, Hernández y Castillo recordó que esos mismos tribunales, tanto en Barias como en Portuguesa, declinaron la competencia inicial para juzgar los delitos que les imputaban a los tres dirigentes, pero ahora los regresaron.
“Después de dos años, esas causas no tienen razón de ser y ahora pretenden juzgarlos por delitos comunes”, señaló.
A juicio del defensor, la única salida jurídica posible es la nulidad absoluta de los procesos, debido a presuntas violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a garantías constitucionales.
Tribunales de terrorismo los creo el TSJ
La ONG Acceso a la Justicia aseguró que debería declararse la inconstitucionalidad de esos tribunales de terrorismo que creó el TSJ.
«La creación de tribunales mediante resoluciones administrativas del TSJ contraviene los artículos 156.31 y 269 de la Constitución, que exigen que los tribunales sean creados por ley formal. Asimismo, al no estar contemplados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, la existencia de estos juzgados carece de sustento legal», señalaron.
A su vez añadieron que esos juzgados se desviaron de su objetivo de revisar delitos financieros para concentrarse en la persecución política.
Como García, Rocha y Tosta dijeron que deben anularse todas las sentencias o causas que revisaron esos jueces.
«Se deben anular los juicios y poner en libertad a las personas que fueron procesadas o condenadas por esos tribunales, pues al ser juzgadas por tribunales que nacieron viciados de origen, no existe posibilidad alguna de convalidar sus decisiones ni los procesos que allí se tramitaron. En consecuencia, el hecho de distribuir los casos a jueces ordinarios no subsana las actuaciones realizadas».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
