La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la habilitación de una línea telefónica exclusiva en el territorio nacional para que los ciudadanos puedan denunciar de forma directa los actos de extorsión y corrupción perpetrados por funcionarios policiales, fiscales o jueces.
El anuncio se enmarca en el lanzamiento formal de la consulta pública orientada a reformar de manera estructural el sistema de justicia penal del país.
«Quiero acabar con la matraca (soborno) y extorsión, se acabó, el pueblo venezolano lo pide», sentenció de forma tajante Rodríguez durante el acto de instalación de la gran consulta nacional, el cual fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La mandataria encargada solicitó la colaboración activa de la ciudadanía y el compromiso de los altos mandos de los organismos de seguridad del Estado para erradicar las malas prácticas y preservar la dignidad de las instituciones públicas.
La jefa del Ejecutivo interino detalló que su equipo técnico estructuró la línea telefónica 0800-Extorsión, argumentando que es imperativo proteger la reputación de los funcionarios públicos que ejercen sus labores apegados a la ley.
«No es justo que los policías, jueces y fiscales honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano. Tenemos que de verdad tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela, a la altura de la necesidad moral y ética que necesita esta república», añadió de manera categórica.
El despliegue de este canal de denuncias coincide con el inicio de la consulta nacional para la transformación de la justicia penal, una iniciativa que debatirá nueve ejes fundamentales.
De acuerdo con lo informado en el mismo evento por el fiscal general de la República, Larry Devoe, las mesas de trabajo abordarán problemáticas críticas como el retardo procesal, las limitantes en el acceso universal a la justicia, la ética profesional y la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Devoe explicó que la metodología del proceso contempla un mecanismo de consulta general abierto a las propuestas de comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, colectivos de mujeres, campesinos, jóvenes, pueblos indígenas y trabajadores.
En paralelo, se activará un canal técnico específico para que los propios operadores de justicia realicen un diagnóstico interno «con una mirada autocrítica».
«Venimos aquí a este proceso a revisar cada uno de los procesos, de las prácticas, de los modos de proceder que estamos desarrollando cada uno de los actores del sistema de justicia para mejorar, para transformar», apuntó el fiscal general.
El inicio de estas discusiones y la creación de la línea de denuncia responden al balance presentado por la propia Delcy Rodríguez el pasado 22 de mayo.
En dicho análisis preliminar, la presidenta encargada identificó como los tres grandes desafíos del aparato judicial venezolano al retardo procesal, la corrupción en los tribunales y la criminalización de la pobreza, esto último tras revelarse que 68 % de la población reclusa en las cárceles del país pertenece a los estratos económicos y sociales menos favorecidos.
Con información de EFE.
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