El anuncio de una «reestructuración y reingeniería» del Gobierno venezolano, hecho por la encargada de la administración del poder en el país, Delcy Rodríguez, desató de inmediato una ola de rumores en las redes sociales. Los mensajes aseguraban la supuesta eliminación de los Consejos Comunales, las jefaturas de calle y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Durante el Consejo de Ministros número 759, Rodríguez informó la designación del vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para diseñar esta estructura de gestión «adaptada a la nueva realidad del país».
El proceso será acompañado por el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, y deberá presentar resultados en un plazo de 90 días.
Detrás de las palabras técnicas del Gobierno sobre «reestructuración», los vecinos en las comunidades ya sentían el cambio. El anuncio oficial vino a confirmar lo que ocurría en la práctica: las bolsas Clap desaparecieron y el Gobierno comenzó a transformar la estructura que sostenía ese programa.
Líderes comunitarios de los estados Miranda y Zulia señalaron a El Pitazo que los jefes de calle que conformaban esta estructura ahora integran los denominados Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).
“Ellos son afectos al oficialismo y asumirán otras funciones en el área de organización, junto con un equipo del Psuv que estará en la calle”, indicó una líder comunal de los Valles del Tuy, estado Miranda.
¿Eliminaron los Consejos Comunales y los Clap?: esto es lo que se sabe
Otra vocera del oeste de Maracaibo, en el estado Zulia coincide con esta visión. Según dijo a El Pitazo «a los integrantes del Clap simplemente les cambiaron la función que sigue siendo política, pero ahora con otros roles: levantar la data de cuántos chavistas, opositores, niños o discapacitados hay en la comunidad, entre otros».
Una jefa de calle del municipio San Francisco (Zulia) atribuyó el fin de las bolsas Clap a la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Saab era el encargado de este programa y el principal proveedor de la red de importación de alimentos.
El reacomodo de las bases
Los Comités Bolivarianos de Base Integral se crearon el año pasado. Según el Ministerio de Comunas hay al menos 237.913 en todo el país. Están bajo la tutela de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI).
47.000 estructuras de este tipo fueron juramentadas por Nicolás Maduro, un mes antes de su captura por autoridades de Estados Unidos. Durante el acto oficial se dijo que se trataba de una figura destinada a fortalecer la organización política y comunitaria del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el territorio nacional.
La creación y expansión de estas estructuras coincide con la desaparición de las entregas regulares de bolsas CLAP en las comunidades consultadas y con la reapertura de locales de PDVAL y Mercal, lo que apunta a una migración del esquema de distribución casa por casa hacia puntos fijos de comercialización estatal.
Las bolsas que aún circulan, según las fuentes consultadas, provienen de ministerios, gobernaciones y alcaldías y son entregadas exclusivamente a sus trabajadores.
¿Futuras elecciones?
En paralelo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha venido convocando a asambleas extraordinarias para conformar equipos políticos comunales y articular con las comunas. Las acciones forman parte del proceso de reorganización territorial, con miras a futuras elecciones.
A estos equipos también se integran los antiguos jefes de calle de los Clap para sumarse a los despliegues territoriales junto al Psuv.
Según líderes comunitarios consultados por El Pitazo, este cambio refleja la transformación de una estructura originalmente asociada a la distribución de alimentos en una organización enfocada en tareas políticas y territoriales.
El Pitazo conoció que algunos de estos jefes de calle se negaron a integrar los CBBI. El motivo no quieren seguir vinculados al Psuv.
Voceros comunitarios señalaron además que la revisión del Gobierno anunciada por Delcy Rodríguez también apunta a suspender a personas que cobran sin trabajar en ministerios y alcaldías, lo que inicialmente generó confusión sobre una supuesta eliminación de todas las estructuras de base.
Los Consejos Comunales se mantienen
La realidad de los Consejos Comunales (CC) es distinta. Voceras de los estados Miranda y Zulia confirmaron que estas organizaciones populares siguen operando con normalidad, recibiendo solicitudes de proyectos y realizando sus labores habituales, como la emisión de cartas de residencia, el acompañamiento a familias vulnerables y la coordinación de servicios esenciales.
De acuerdo con lo señalado por los declarantes, en algunas comunidades se adelantan procesos de adecuación interna de los CC y no existe ninguna instrucción de disolverlos.
«Los Consejos Comunales no los pueden eliminar. ¿Quién se encargaría del gas, por ejemplo, que es un servicio básico importante?», afirmó una vocera de los Valles del Tuy en Miranda.
También aclaró que estas organizaciones no reciben pago por su labor, contrario a lo que se ha difundido en redes sociales.
En la mira
Y aunque los Consejos Comunales siguen operativos, su presencia en la vida cotidiana genera tensiones y cansancio entre los vecinos. Esto ocurre especialmente en sectores donde la vocería comunitaria controla servicios críticos.
En muchas zonas, los habitantes dependen exclusivamente de la vocería técnica del gas para poder comprar sus bombonas. Esta situación ha desatado molestias debido a los retrasos en las entregas, el maltrato verbal por parte de los encargados y la desorganización.
Los vecinos consultados expresaron que no hay certeza de cuándo serán despachados los cilindros. En medio de esa incertidumbre deben estar disponibles para llevarlos al sitio de recolección en cualquier momento.
«Uno no debería tener esta dependencia para comprar gas. A veces te hablan mal, te gritan porque apenas te dan unos minutos para llevar el cilindro. No vale que estés trabajando o haciendo diligencias, ya es ya», relató una residente de los Valles del Tuy.
Entre tanto, un vocero del servicio de agua en el estado Portuguesa denunció a El Pitazo que fue excluido del Consejo Comunal por ser opositor. La medida se tomó a pesar de haber sido electo de manera legal y democrática por sus propios vecinos.
Aseguró además que en su sector avanza la conformación de los Equipos Políticos Municipales, una estructura que está bajo el control directo de las alcaldías.
A su juicio, este movimiento representa una pérdida de espacios legítimos para la participación vecinal y busca imponer un control político mucho más estricto sobre las organizaciones comunitarias.
Rendición de cuentas
En medio de estas denuncias la discusión pública comunitaria también ha girado hacia la transparencia y la rendición de cuentas.
Vecinos y usuarios en redes piden que, si los Consejos Comunales van a continuar operando, se les exija de manera obligatoria presentar memoria y cuenta. La comunidad pide que aclaren el uso de los recursos recibidos, detallen los proyectos ejecutados y justifiquen cada una de las compras y asignaciones.
Una publicación en redes sociales lo confirma: «Si van a reestructurar, que empiecen por pedir cuentas. El pueblo tiene derecho a saber qué hicieron con el dinero y los proyectos».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
