Organizaciones de la sociedad civil venezolana instaron este lunes a España a extraditar a Argentina al excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana Ephraín Enrique Verdú Torrelles, actualmente en territorio español. El oficial retirado está acusado por tribunales federales argentinos de asesinato, tipificado como crimen de lesa humanidad, por hechos ocurridos durantes las protestas de 2014.
Un total de 26 organizaciones pidieron a las autoridades españolas tramitar la extradición «con la firmeza, la determinación y la celeridad que su propio legado histórico exige», calificándola de «imperativo de justicia universal».
Afirmaron que conceder esta solicitud no es una opción política, sino un «imperativo de justicia universal que demostrará al mundo que el paso del tiempo y las distancias geográficas son incapaces de diluir los crímenes de lesa humanidad».
«Cuando los tribunales locales se transforman en escudos de los victimarios en lugar de protectores de los ciudadanos, la Justicia internacional emerge como el último recurso de supervivencia elemental», aseguraron en un comunicado.
Ante ello, expresaron su «rotundo respaldo» a la solicitud de extradición, la cual, dijeron, representa «un quiebre estructural en la narrativa del olvido y un hito sin precedentes para la justicia transnacional».
La organización de derechos humanos InterJust informó este lunes que la Justicia argentina dictó en febrero la orden de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España y, posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas. En marzo el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso.
Esta acción busca romper más de una década de impunidad en torno a la represión desatada durante las manifestaciones ciudadanas del 2014 en Venezuela. Verdú Torrelles era segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de Tocuyito, estado Carabobo, ese año.
Las 26 organizaciones señalaron en el texto que la «efectiva resolución de esta extradición abre una brecha de esperanza real no solo» para la madre, Rosa Orozco, sino para los familiares de «todas las víctimas de la violencia política y la represión sistemática en Venezuela».
El origen del caso: el rostro de las víctimas
El proceso penal internacional se originó en junio de 2023 tras una denuncia formal interpuesta por el equipo legal de InterJust ante un tribunal federal argentino en contra de 14 oficiales de la GNB.
Entre las víctimas que sustentan este caso se encuentra Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años. Geraldin fue asesinada en febrero de 2014 en el estado Carabobo por impactos de perdigones disparados a quemarropa por agentes de la GNB mientras participaba en una manifestación pacífica.
«Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune», expresó conmovida su madre, Rosa Orozco. «Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia».
La ruta legal: de Buenos Aires a Madrid
El cerco judicial sobre Verdú Torrelles se cerró a principios de este año gracias a las labores de inteligencia y rastreo legal coordinadas por la sociedad civil.
Actualmente, el expediente se encuentra en evaluación de la Audiencia Nacional de España, específicamente en el Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia n.º 2. Serán estos magistrados quienes evalúen los requisitos jurídicos para dar luz verde a la entrega del acusado.
Amnistía Internacional pidió este lunes a las autoridades de España y Argentina que colaboren para garantizar justicia a las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
