Caracas.– El comunicado del Ministerio Público (MP) sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo I, generó una ola de críticas por parte de activistas, defensores de derechos humanos y ONG, quienes señalan que el documento deja sin respuesta aspectos esenciales del caso.
El MP informó que, tras una exhumación realizada el 8 de mayo de 2026, la necropsia determinó que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar y descartó lesiones traumáticas. Además, indicó que estudios genéticos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) confirmaron con una probabilidad de 99,496% la identidad del cadáver como el de Quero Navas, hijo de la ciudadana Carmen Teresa Navas. También aseguró que se realizaron diversas diligencias como inspecciones, entrevistas, análisis forenses y reconstrucción de hechos.
Sin embargo, las reacciones al informe se centraron en lo que, a juicio de varios actores, no fue explicado en el documento oficial: las circunstancias de la detención, el periodo en el que el ciudadano permaneció bajo custodia estatal y los detalles sobre su fallecimiento.
El exfiscal venezolano, Zair Mundaray, señaló que el comunicado intenta cerrar la investigación con conclusiones que buscan excluir la figura de desaparición forzada. También criticó la metodología forense empleada, la falta de claridad sobre la cadena de custodia de las muestras y la ausencia de información sobre la ubicación del detenido durante el periodo previo a su muerte. A su juicio, el informe omite elementos centrales exigidos en casos de posibles muertes ilícitas bajo estándares internacionales.
Por su parte, la dirigente política Delsa Solórzano afirmó que el comunicado “deja más preguntas que respuestas”, al considerar que no se explica por qué no se aborda de forma directa la desaparición previa ni se detallan posibles responsabilidades de funcionarios. También cuestionó la falta de información sobre investigaciones internas y la ausencia de participación de expertos independientes conforme al Protocolo de Minnesota.
En la misma línea, la activista Ligia Bolívar criticó la postura de otros actores institucionales vinculados al caso, al señalar inconsistencias entre los llamados a una investigación exhaustiva y el contenido del comunicado oficial, que —según dijo— no satisface las exigencias de verdad y rendición de cuentas.
La organización Laboratorio de Paz coincidió en que el informe se limita a una conclusión médica sin responder a interrogantes fundamentales sobre la custodia estatal, como las condiciones de detención, la atención médica recibida o el momento en que la familia fue notificada del fallecimiento. Señaló además que no se detalla si existen investigaciones abiertas contra funcionarios responsables.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
