🔴🔵 una “alegría a medias” ante la falta de contraloría ambiental

Por: Andrea Barrios

Barquisimeto.- Expertos y ecologistas larenses consideran una “alegría a medias” el anuncio de duplicación de la superficie del Parque Nacional Terepaima, que pasó de 16.650 a 31.290 hectáreas, según anunció Delcy Rodríguez el pasado 21 de mayo.

Los especialistas advierten que no existe una contraloría ambiental efectiva que garantice el respeto a estas áreas, las cuales han sido blanco de constantes denuncias por tala, quema y siembra ilegal de café.

Alzehy Colmenarez, representante del movimiento Guardianes de la Montaña, señaló que, si bien la noticia genera entusiasmo, predomina el escepticismo. A su juicio, aunque la Constitución de Venezuela es pionera en materia ambiental, en la práctica es “letra muerta”.

“Incluso el mismo Estado aprueba proyectos sin hacer un estudio previo de impacto ambiental”, declaró Colmenarez en entrevista telefónica para El Pitazo.

Aunque el decreto busca extender el área protegida para la preservación del oso frontino, al activista le preocupa que esta especie silvestre ya esté siendo avistada en asentamientos rurales. “Eso quiere decir que estamos acabando con su hábitat”, alertó.

Por su parte, José Luis Sotillo, cronista de la parroquia Agua Viva, donde se encuentra la entrada oficial al parque, dudó que la estructura gubernamental tenga la capacidad de resguardar el territorio una vez que el decreto se materialice. Sotillo ha denunciado en reiteradas ocasiones la deforestación indiscriminada en las zonas internas del parque debido a los sembradíos ilegales de café de sol, un tipo de cultivo que requiere eliminar la vegetación alta del bosque, exponiendo el ecosistema a la degradación.

Hasta ahora, el Instituto Nacional de Parques (Inparques), encargado del área, no ha logrado controlar esta situación.

Frente a esta realidad, Sotillo instó a los entes gubernamentales a establecer alianzas estratégicas con el sector privado y los movimientos ecologistas. Aseguró que estos grupos pueden apoyar en la denuncia y documentación de las actividades ilegales para que el Estado proceda con acciones reales.