Este martes, 2 de junio, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión una reforma para abrir el sector eléctrico a inversión privada.
El Instrumento legal tiene como propósito incorporar la inversión privada y de capital mixto para reconfigurar el modelo energético que ha regido en el país en los últimos 20 años.
#Atención Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico 🇻🇪
Escucha mas en palabras del Pdte de la AN, Jorge Rodríguez. pic.twitter.com/29AiNWr7cZ
— El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) June 2, 2026
La medida fue respaldada por el diputado oficialista Orlando Miranda quien sostuvo que en los últimos años el sistema eléctrico nacional ha mostrado “limitaciones estructurales” que no satisfacen la demanda de los venezolanos.
Según Miranda, la presidenta encargada, con el aval de los estados Unidos, Delcy Rodríguez, presentó la propuesta de reforma la cual contempla un esquema de capital mixto y privado con concesiones, supervisión publica y corresponsabilidad civil y penal de las empresas operadoras.
La iniciativa deberá someterse a una segunda discusión antes de su aprobación definitiva.
¿Qué contempla la reforma?
La reforma al servicio eléctrico consta de 42 artículos los cuales plantean una “diversificación en las cadenas de generación, comercialización y prestación del servicio”.
La modificación señala que el Estado Estado venezolano se mantiene como el eje central y actor fundamental del sistema. Sobre las empresas mixtas plantea que Venezuela conservará el control con más de 50% del capital social.
El texto plantea la corresponsabilidad civil y penal para los operadores. De aprobarse la reforma, las empresas distribuidoras y comercializadoras quedarán obligadas a compensar económicamente a los usuarios por las pérdidas o daños materiales que sufran a causa de los apagones o de deficiencias en la calidad del suministro.
El instrumento también establece un nuevo pliego tarifario basado en costos reales que garantice una “rentabilidad razonable” vinculada a la eficiencia, junto con políticas fiscales que concedan exenciones tributarias temporales condicionadas exclusivamente a la inversión en las zonas más críticas del sistema.
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