La defensa legal y los familiares de la jueza María Lourdes Afiuni Mora publicaron una carta abierta dirigida a John M. Barrett, encargado de Negocios de Estados Unidos en Caracas, así como a la comunidad internacional, para que contribuyan a encontrar una “solución definitiva” en este caso.
El documento, firmado por su hermano Nelson Afiuni Mora y su representante legal, la abogada Thelma Fernández, subraya que el proceso en contra de la jueza demuestra “cómo un sistema de justicia puede ser utilizado como instrumento de represalia política y de cómo una injusticia individual puede transformarse en un mecanismo de intimidación colectiva”.
“Después de dieciséis años, María Lourdes Afiuni Mora merece justicia y Venezuela necesita que esta página oscura de su historia judicial sea finalmente cerrada”, señala la misiva.
Cronología del arresto y proceso judicial
- El 10 de diciembre de 2009, la jueza Afiuni otorgó medidas cautelares al ciudadano Eligio Cedeño, basándose en la legislación venezolana y en una decisión de la ONU que catalogaba su privación de libertad como arbitraria.
- Tras esta decisión, fue detenida, recluida en una cárcel común y sometida a abusos físicos, psicológicos y sexuales que dejaron secuelas irreparables.
- El entonces presidente Hugo Chávez exigió su condena públicamente en cadena nacional y, como recuerda el comunicado, “llegó a manifestar que, en tiempos de Simón Bolívar, la juez María Lourdes Afiuni Mora habría sido ejecutada por la decisión que había adoptado”.
- La fiscal encargada dejó constancia de que no hubo beneficio económico para la jueza, pero recurrió a un delito inexistente en la ley que denominó “corrupción espiritual”. A pesar de esto, Afiuni fue condenada por corrupción propia.
El “efecto Afiuni” y el limbo jurídico
Actualmente, la magistrada permanece en un limbo jurídico con restricciones que le impiden reunirse con su única hija y sus nietos residentes en Estados Unidos.
El daño causado trasciende lo individual, generando un fenómeno que hoy es conocido dentro y fuera de Venezuela como el “Efecto Afiuni”. Este fenómeno es descrito como “el miedo de jueces y funcionarios judiciales a actuar con independencia frente a asuntos comprometidos políticamente”. De esta forma, su detención se convirtió en “uno de los símbolos más visibles de la pérdida de autonomía institucional en Venezuela”, como denuncia el comunicado.
Exclusión de la amnistía y llamado a la acción
Los firmantes repudian que la jueza Afiuni fuera excluida de la Ley de Amnistía y critican la consulta nacional impulsada por Delcy Rodríguez para reformar la justicia penal. Ante esto, señalan que es imposible concebir una reconciliación genuina mientras no se reparen los daños de procesos utilizados como revancha política.
La misiva hace un llamado urgente al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John M. Barret, a los gobiernos democráticos y a organismos de derechos humanos para impulsar una solución.
“Cerrar este expediente no es solamente reparar una injusticia contra una persona, es también enviar un mensaje en favor de la independencia judicial, de la dignidad humana y de la necesidad de que ningún juez vuelva a ser perseguido por aplicar la ley”, finaliza la carta.
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
