Barquisimeto.- El número de funcionarios detenidos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) subió a seis. Esto ocurre luego de que el Ministerio Público anunciara, el pasado 31 de mayo, el procesamiento de cinco de ellos tras ejecutar un procedimiento en un sauna de la comunidad LGBTQI+, ubicado al este de Barquisimeto la tarde del 30 de mayo.
Fuentes ligadas al caso confirmaron a Noticias Barquisimeto que ya van seis oficiales bajo custodia. Asimismo, las fiscalías a cargo, la 21 del estado Lara y la 98 con competencia nacional, ya tienen nuevas órdenes de aprehensión contra otros funcionarios que se encuentran en fuga, según reseña el medio regional.
“Son 12 los funcionarios reconocidos por las víctimas, incluyendo a los comandantes”, indicó en X Jau Ramírez, director del Movimiento Somos.
Esta es una de las tres organizaciones que emitió un comunicado conjunto para condenar el hecho, al cual calificaron como un acto “que criminaliza y somete a humillación pública a al menos 33 hombres presentes, exponiendo su orientación sexual ante familiares y amigos”.
Extorsión y denuncias de las víctimas
Una de las víctimas, Ángel Rodríguez, declaró a la periodista Shirley Varnagy que tuvo que entregar dispositivos valorados en cerca de 700 dólares para concretar el “acuerdo” que le exigían los funcionarios durante las cuatro a seis horas que estuvieron detenidos. Sin embargo, aseguró ser uno de los menos afectados, pues detalló que, del grupo de los 33, hubo personas que pagaron 1000 dólares y otras que entregaron entre 5000 y 6000 dólares al ser considerados perfiles “importantes”.
Jonathan Campos, comisionado estadal de la Juventud Sexo Diversidad del estado Lara y vocero de la denuncia informó el 31 de mayo que uno de los afectados fue el dueño del establecimiento, quien tuvo que hacer un pago a los funcionarios vía Zelle; Sin embargo, no ofreció detalles del monto en sus declaraciones.
Rodríguez también confirmó lo denunciado en el comunicado respaldado por las ONG Caleidoscopio Humano y el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTQI+.
En dicho texto, se señaló que los policías acusaban a los presentes de “ejercer el delito de la homosexualidad”, una figura jurídica inexistente en el Código Penal venezolano. Por este motivo, las organizaciones denunciaron el procedimiento como un acto arbitrario, discriminatorio y que criminaliza la diversidad sexual.
Patrón de criminalización
En el comunicado las organizaciones enfatizan que este caso no es aislado, sino que forma parte de un patrón de criminalización contra la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, tras haber registrado al menos seis procedimientos similares.
Uno de ellos comparte características casi idénticas: la detención de 33 hombres en el club Avalon de Valencia el 23 de julio de 2023. En esa ocasión, los ciudadanos fueron imputados por ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica, y se les impuso un régimen de presentación cada 30 días durante seis meses, todo esto ocurrió a pesar de que los afectados aseguraron que las acusaciones de reunirse para generar material pornográfico y consumir sustancias estupefacientes eran falsas.
Respecto a ese antecedente, Jau Ramírez alertó sobre la impunidad del caso: “A propósito, tres años después, no hay ni un solo funcionario detenido o responsable por el allanamiento, las amenazas, la extorsión y la criminalización de los 33 hombres del club Avalon de Valencia”.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
