El empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt, bajo investigación judicial en España por presunto blanqueo de $4.350 millones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aparece en dos anotaciones de una libreta de Julio Martínez Martínez, lugarteniente de José Luis Rodríguez Zapatero, que forma parte de las evidencias de la causa judicial del político socialista acusado de dirigir una red de tráfico de influencias.
Entre los archivos incautados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de España a Martínez Martínez el nombre del contratista venezolano aparece en dos recordatorios junto al de la empresa Agroisleña, expropiada por el chavismo en 2010 y sustituida por la estatal Agropatria.
El empresario español “Julito” Martínez Martínez fungió como intermediario de grandes empresas ante autoridades del chavismo durante los últimos años, al tiempo que pagaba al expresidente Zapatero por consultorías en momentos que coincidieron con sus labores de intermediación en Venezuela.
Las autoridades localizaron recordatorios manuscritos que vinculan ambos nombres en tres folios. Específicamente en una libreta de color blanco con serigrafía “Hotel Santo Mauro”.
El folio 537 contiene la anotación “Agroisleña”. En un pie de página del informe policial los investigadores recuerdan que se trata de la empresa líder en servicios agrícolas expropiada en 2010. Mientras que en el folio 538 aparece el nombre “Betancourt”. El análisis de la Udef indica que podría tratarse del “bolichico” Alejandro Betancourt.
En otra lista de puntos manuscritos, en el folio 150H, dentro de la documentación de Martínez, el número 4 vuelve a indicar simplemente «Agroisleña». La Udef precisó que estas agendas reflejan una vinculación con asuntos de política y negocios internacionales, particularmente centrados en Venezuela, que exceden las capacidades de un empresario promedio. La fecha probable de los apuntes, según las averiguaciones, es noviembre de 2025.
«Julito» Martínez Martínez fue detenido el pasado 11 de diciembre junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, España, mantiene la pieza bajo «secreto de sumario», aunque, según El Español, el amigo de Zapatero está investigado por fraude y blanqueo de capitales.
Un punto central de la investigación es la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien los informes señalan como el verdadero actor con capacidad de acceso a las altas esferas políticas.
Los documentos de la investigación judicial indican que no se conoce la vinculación o relación específica entre el empresario Alejandro Betancourt y la empresa Agroisleña.
¿Qué es Agroisleña?
Bajo el decreto presidencial 7.700, publicado en la Gaceta Oficial 39.523, el gobierno de Hugo Chávez llevó a cabo la expropiación de Agroisleña el 3 de octubre de 2010. Agroisleña fue fundada en 1958 y tenía más de 60 sucursales en Venezuela. Era el principal proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria y sistemas de riego en el campo venezolano.
La expropiación puso fin a 52 años de labores ininterrumpidas de la que fuera la empresa líder en servicios agrícolas. Su nombre cambió a Agropatria al pasar a manos del Estado.
“El decreto número 7700 lo firmé la noche de este lunes, porque la empresa Agroisleña era un oligopolio, figura prohibida en la Constitución de la República”, dijo Chávez en cadena nacional de VTV.
La justificación oficial para la expropiación se centró en la necesidad de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación. Asimismo, el Ejecutivo acusó a la compañía de vender insumos con sobreprecios de hasta el 250 %, alegando que estas prácticas se mantenían a pesar de las ingentes sumas de dinero que el Estado venezolano invertía en subsidios para el sector.
El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó un fallo contra el Estado venezolano por la expropiación de Agroisleña. El tribunal arbitral ordenó a Venezuela el pago de más de 1.600 millones de dólares a los propietarios españoles de la compañía
La decisión se basó en que la expropiación de 2010 se realizó sin el pago de una compensación justa y oportuna, violando los tratados internacionales de protección de inversiones suscritos por Venezuela. A pesar del fallo internacional, el cumplimiento de este pago ha sido objeto de prolongadas disputas legales, mientras la infraestructura de la antigua Agroisleña continúa operando bajo la administración estatal de Agropatria.
“De Agropatria no podemos decir nada bueno. Ellos monopolizaron absolutamente todo y no atiende ni 5% de lo que necesita la producción, ni los requerimientos del país. De Agropatria no podemos decir nada bueno. Ellos monopolizaron absolutamente todo y no atiende ni 5% de lo que necesita la producción, ni los requerimientos del país”, dijo un representante de Fedeagro en 2021.
Los productores, gremios afectados y los 1.200 empleados que contenía la nómina de la empresa a nivel nacional repudiaron la decisión presidencial, levantaron su voz de protesta, afirmaron que se trataba de “la medida más dura” tomada por el gobierno contra el sector agrario.
La última publicación de su cuenta en Instagram, @agropatriave, fue el 28 de julio de 2025. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una entrevista el 2 de marzo de este año al periodista Luis Olavarrieta y calificó la decisión como un “error”. Cinco meses antes de esta declaración de Rodríguez, el nombre de Agroisleña estaba escrito en dos páginas del lugarteniente de Zapatero, cercano a los hermanos Jorge y Delcy.
“Yo opino que el caso de Agroisleña fue un error debió buscarse una solución consensuada, acordada con los dueños. Era uno de los consorcios más grandes que había en materia de insumos agrícolas. Creo que como ese, debe haber algunos otros casos que tienen que revisarse. Yo creo que ya el gobierno está trabajando en eso”, afirmó Rodríguez.
Betancourt y Venezuela
A finales de 2018 Harry Sargeant III llegó a la oficina de una consultora en el hotel Lido de Caracas acompañado de Alejandro Betancourt, presidente de Derwick, empresa sin experiencia que obtuvo 12 contratos millonarios de obras eléctricas con el Estado venezolano en la era de Chávez y cuyos propietarios son investigados en Estados Unidos, Suiza y España.
Una fuente consultada por El Pitazo dijo que vio entrar a Sargeant junto a Betancourt a esa oficina, donde buscaban asesoría para los proyectos petroleros que deseaban desarrollar en el país.
En esa misma época, el empresario estadounidense sostuvo una reunión con Nicolás Maduro, para establecer las primeras operaciones de sus compañías en Venezuela. Betancourt y Sargeant tenían en común un amigo, el abogado y exalcalde de NY, Ruddy Giullianni, quien además asesoró legalmente a Donald Trump.
El empresario estadounidense Sargeant, es identificado como el principal financista del Partido Republicano, fue procesado por corrupción internacional por la justicia de EE.UU. y se le señala de negociar directamente con Maduro desde 2018. Asimismo, se conoce en círculos políticos como uno de los principales lobbistas a favor de la presidenta interina de Delcy Rodríguez y como asesor del régimen venezolano en sus nuevas relaciones petroleras con EE.UU. según la agencia Reuters.
El director de El Pitazo, César Batiz, recordó en el programa Punto y Contexto del 1 de junio de 2026 que Betancourt no es un empresario cualquiera. Es el presidente de la empresa que recibió contratos con un sobreprecio de 2.900 millones de dólares estadounidenses –según estimaciones de Transparencia Venezuela– durante la crisis eléctrica en el país.
Las investigaciones judiciales contra Betancourt por presunto blanqueo de dinero procedente de las arcas públicas de Venezuela se extienden a Estados Unidos, Suiza y España mientras que en Venezuela las causas fueron cerradas.
Batiz dijo que las autoridades estadounidenses solicitaron en 2018 cooperación a Suiza para rastrear operaciones financieras vinculadas a empresas relacionadas con Betancourt que habrían recibido más de 120 millones de dólares procedentes de un fraude cambiario en Venezuela.
A partir de esos hallazgos, España solicitó asistencia judicial a Suiza para rastrear cuentas bancarias, movimientos financieros y estructuras societarias relacionadas con el empresario y su entorno. La cooperación permitió identificar más de 14 empresas registradas en Suiza vinculadas a Betancourt y a miembros de su familia, lo que amplió el alcance del expediente más allá de Venezuela y lo consolidó como una investigación financiera transnacional.
Mientras avanzaban estas diligencias, Betancourt consolidó su actividad empresarial en Europa con inversiones en distintos sectores, adquisición de propiedades de lujo y su participación en la empresa de gafas Hawkers.
Betancourt reside principalmente en Londres y ha estado sujeto a actuaciones judiciales en Europa vinculadas a solicitudes de cooperación internacional impulsadas por autoridades de España y Suiza. Fue retenido de forma temporal en al menos dos ocasiones a finales del año pasado, pero esas diligencias no derivaron en una acusación penal firme ni en un proceso de extradición.
Según fuentes consultadas por El Pitazo, la supervivencia política y judicial está relacionada con su peso en Petrozamora, una de las principales productoras de petróleo de Venezuela, con una producción diaria que supera los 90.000 barriles diarios.
Las fuentes sostienen que esa incidencia dentro del negocio petrolero venezolano le habría dado margen de protección política y económica, tanto por su relación con sectores del poder venezolano encabezados por Delcy Rodríguez, como por intereses vinculados a mantener operativa la producción petrolera venezolana.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
