Hace algunas semanas se anunció que comenzaría la renegociación de la deuda externa. La semana pasada se informó, además, que se contrató a la empresa Centerview —firma con veinte años de experiencia en la estructuración de bonos privados y públicos— cuya última actuación en deuda soberana fue una emisión de 4000 millones de dólares del Gobierno del Ecuador en enero de este año. Sin embargo, como la decisión se anunció sin seguir los mecanismos de licitación habituales en los gobiernos, no tuvo tan buena acogida como el anuncio de la renegociación del pasado 13 de mayo.
Uno de los problemas fundamentales es: ¿cuánto debemos? Y la respuesta es aterradora, porque el desorden es de tal magnitud que no lo sabemos con certeza. Se habla de 170 000 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mucho mayor, sobre todo porque no se conoce la deuda con China, la deuda con Irán ni la supuesta deuda contraída con Cuba por su asesoría en el desastre que vivimos. Todas ellas, deudas que no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional.
Si la deuda fuera de 170 000 millones de dólares —y de seguro es mayor—, eso equivaldría al 153 % del PIB, sin incluir los intereses acumulados desde 2017, cuando de manera unilateral se decidió dejar de pagar la deuda externa. Aquí surge una duda: ¿actuará Centerview como un verdadero intermediario en defensa de Venezuela? La pregunta no es caprichosa.
Como he dicho hasta el hastío, Venezuela es un país pobre. Tener recursos no convierte automáticamente a un país en rico, y quizá la deuda externa sea inmanejable: más del 150 % del PIB es una cifra formidable. Si se suman los intereses vencidos y la deuda no registrada, probablemente superemos los 200 000 millones de dólares, lo que nos llevaría a casi dos veces el PIB.
Venezuela debe ir a renegociar bajo la premisa de solicitar una reducción sustancial de la deuda. No puede presentarse ante los acreedores repitiendo lo que hemos sostenido desde 1974: que somos un país rico. Esa afirmación nos ha excluido de todos los programas de ayuda del Banco Mundial, y hoy necesitamos su apoyo, aunque queramos aparentar una riqueza que no tenemos. Una vez lograda esa renegociación, el compromiso debe ser pagarla y cancelarla en su totalidad, sin incrementarla. Debemos hacer lo que hizo el general Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1930: dejar a Venezuela sin deuda.
Un país pobre —y eso es lo que es Venezuela— no puede endeudarse, y menos aún comprometer el futuro de las generaciones por venir de manera tan irresponsable y alegre como lo hemos hecho. No hay justicia en heredarles deudas a quienes vendrán después de nosotros, y menos aun lo justifica lo poco que hemos obtenido de esos endeudamientos: empresas quebradas creadas con ese dinero, el financiamiento de un control de cambios que solo produjo la ruina del país. No hay justicia.
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