Lapatilla
Las consultas realizadas a un grupo de empresarios de distintas regiones del país reflejan una creciente preocupación por el impacto que tienen los elevados impuestos municipales, las cargas fiscales y parafiscales, así como los altos costos de los servicios públicos, sobre la actividad productiva nacional.
Según los empresarios consultados, estas condiciones han colocado cerca del 80% de las empresas privadas en una situación financiera precaria, obligándolas a operar en el límite del equilibrio económico o incluso a asumir pérdidas.
Como ejemplo, señalan que algunas alcaldías han incrementado hasta quince veces el monto de los impuestos municipales durante los últimos seis años. Entre los conceptos gravados se incluyen el área ocupada por la empresa, avisos publicitarios y diversas multas derivadas de decisiones de funcionarios inspectores, muchas veces sin mecanismos efectivos de apelación y bajo amenazas de cierre de establecimientos.
Asimismo, consideran que la Ley de Armonización Tributaria se ha convertido en una de las tantas normativas que no son plenamente acatadas por algunas administraciones municipales.
A estas cargas se suman los aportes parafiscales y la obtención de múltiples permisos y certificaciones, entre ellos los relacionados con bomberos, sanidad y otros organismos competentes. Los empresarios estiman que se requieren más de quince trámites y autorizaciones para mantener una empresa operativa en cualquier parte del país.
De acuerdo con sus estimaciones, durante el presente año alrededor de 50.000 empresas habrían cesado operaciones debido, entre otras razones, a la presión tributaria y regulatoria. Como consecuencia, la economía informal continúa expandiéndose. Mientras en 2020 se estimaban cerca de 1,5 millones de unidades económicas informales, actualmente la cifra podría aproximarse a los 4 millones, superando en número a las empresas formales y teniendo una presencia predominante en los sectores comercio y servicios.
Crisis eléctrica
Otro de los principales obstáculos señalados por los empresarios es la situación del sistema eléctrico nacional, para la cual no se vislumbran soluciones de corto plazo. Los cortes programados oscilan entre cuatro y siete horas diarias en diversas regiones, afectando tanto la actividad económica como la calidad de vida de las familias.
Advierten además que un eventual incremento de la producción petrolera requerirá una mayor disponibilidad de energía eléctrica, capacidad que actualmente no existe. Estiman que serían necesarios entre 4.000 y 5.000 megavatios adicionales para atender la demanda futura, en un contexto donde la infraestructura eléctrica pública presenta un importante deterioro debido a años de insuficiente mantenimiento.
Seguridad jurídica y financiamiento
Los empresarios también destacan la falta de seguridad jurídica como un factor que limita las inversiones privadas. Consideran que el respeto a la propiedad privada continúa siendo una preocupación, citando actuaciones de alcaldías, organismos de tierras, consejos comunales y otras instituciones públicas que generan incertidumbre entre los inversionistas.
A ello se suma la escasez de financiamiento. Los créditos disponibles son, en su mayoría, de muy corto plazo, mientras que los sectores productivos —como la agricultura, la industria, el turismo y la construcción— requieren financiamiento de mediano y largo plazo para impulsar su crecimiento.
Según los consultados, el elevado encaje legal establecido por el Banco Central restringe significativamente la capacidad crediticia del sistema financiero nacional. Estiman que el financiamiento bancario apenas representa alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra considerablemente inferior a la observada en otros países de la región, donde puede alcanzar niveles cercanos al 50% del PIB.
Un entorno adverso para la empresa privada
Los empresarios concluyen que la empresa privada venezolana enfrenta actualmente numerosas limitaciones que dificultan su sostenibilidad y crecimiento. Consideran indispensable avanzar hacia políticas que promuevan la seguridad jurídica, la racionalización tributaria, el acceso al financiamiento y la mejora de los servicios públicos, como condiciones fundamentales para impulsar la inversión, la producción y el desarrollo económico del país.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
