La hoja de ruta propuesta por Estados Unidos para la reconstrucción de Venezuela, tras la salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, enfrenta un obstáculo crítico que podría comprometer su viabilidad: la ausencia de un sistema judicial robusto.
Según un reciente informe de Chatham House, el ambicioso plan de tres etapas —estabilización, recuperación/reconciliación y transición— está destinado al fracaso si no se prioriza de inmediato el restablecimiento del estado de derecho. Además, debe priorizarse la independencia judicial.
Los autores del documento, Christopher Sabatini y Alexandra Farsari, subrayan que la promesa de paz social y crecimiento económico es inalcanzable sin reformas profundas. Dichas reformas deben proteger la propiedad privada, los derechos contractuales y los derechos humanos. «El éxito del plan de Estados Unidos depende de que Venezuela establezca y mantenga un sistema judicial independiente y eficiente», advierte el reporte.
Tras una devastadora caída del 80% del PIB entre 2014 y 2021, la impaciencia de la ciudadanía, que en 2024 registraba 73% de pobreza, aumenta el riesgo de nuevos estallidos sociales. Esto sucederá si no se perciben mejoras rápidas en los estándares de vida.
Un sistema judicial independiente como motor de crecimiento
El análisis de Chatham House enfatiza que el enfoque actual, centrado mayoritariamente en el sector extractivo, es insuficiente y arriesgado. Aunque se aprobaron cambios a la ley de hidrocarburos en febrero de 2026, estos han quedado cortos frente a las expectativas de los inversores. Específicamente, mantienen una amplia discrecionalidad gubernamental que «arriesga la corrupción y el favoritismo en las decisiones políticas».
Para diversificar la economía, es imperativo realizar una «evaluación y reequilibrio del personal judicial» y fortalecer la imparcialidad en el arbitraje comercial.
La transición exige también un compromiso firme con los derechos humanos. Esto incluye la derogación de leyes represivas como la «Ley Simón Bolívar», que criminaliza la defensa de sanciones. También implica la liberación de entre 500 y 600 presos políticos que aún permanecían detenidos a finales de mayo.
Sin embargo, los expertos advierten que el gobierno interino ha mostrado «poca tolerancia a los controles y equilibrios sobre su autoridad». Lo que genera una tensión directa con los defensores de las reformas.
El desafío político y el peso de la deuda
Para que Venezuela pueda reintegrarse plenamente a los mercados internacionales de capital, debe abordar una deuda externa en mora estimada entre 150.000 y 170.000 millones de dólares.
Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha retomado contactos con el gobierno venezolano, el informe señala que cualquier proceso de reestructuración debe ser utilizado como palanca. Por lo tanto, debe asegurar «reformas concretas en el estado de derecho, la separación de poderes y la transparencia fiscal».
La recomendación central es la creación de un «pacto de reforma» público entre actores nacionales e internacionales que establezca metas claras y un cronograma de cumplimiento.
Ante un clima de opinión pública esperanzado pero escéptico —donde 68% de los venezolanos desea elecciones presidenciales este mismo año—, solo un sistema de justicia transparente podrá transformar la actual fragilidad política en una estabilidad duradera. De lo contrario, advierte el reporte, las ganancias económicas iniciales podrían desvanecerse rápidamente ante la desconfianza de los ciudadanos y los inversores.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
