Un recluso identificado como Víctor Alfonso Rivero murió en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre, con lo que se eleva a 21 el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano desde abril, de acuerdo a la denuncia hecha por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
«¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?», expresó el OVP en la red social X.
La organización afirmó que cada fallecimiento «asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos».
Sin embargo, afirmó que estos casos demuestran que las recomendaciones internacionales «continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente».
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Según la ONG, en Venezuela familiares asumen funciones que corresponden al Gobierno, como el suministro de alimentos, medicinas e insumos médicos, y que incluso gestionan «traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos».
El abogado Humberto Prado, director del OVP, dijo a EFE que uno de los fallecidos es el preso político y exconcejal chavista José Manuel García, de 31 años, quien murió el 9 de mayo de 2026 en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui.
Según el OVP, un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica, lo que representa un aumento de más del 50 % respecto al año anterior.
El observatorio señaló, a partir de un registro del 85 % de los centros de detención, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales. Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron por falta de atención médica.
El OVP también alertó de intentos de suicidios y reiteró la denuncia sobre tratos crueles, «inhumanos y degradantes» en las cárceles del país.
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