La búsqueda de justicia por el caso de Geraldine Moreno Orozco continúa. Esta vez, se pronunció el dirigente político y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien hizo mención al tema en un mensaje publicado en X.
“Los responsables de la violencia del régimen no pueden seguir refugiándose en terceros países”, consideró González Urrutia, quien también aseguró que durante mucho tiempo, los gobiernos de otros países le han dado la espalda a la situación de Venezuela, “presos de cálculos ideológicos”, lo que ha costado la vida de numerosas víctimas.
Por otro lado, enfatizó que el avance de cada caso en los tribunales internacionales no representa un favor para Venezuela, sino el cumplimiento de la justicia.
Geraldine Moreno Orozco fue una joven venezolana que falleció violentamente a los 23 años tras recibir dos disparos durante las protestas de febrero de 2014 en el estado Carabobo.
Según una investigación de 15 000 páginas impulsada por la ONG InterJust, Ephraín Verdú Torrelles, entonces coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), habría ordenado la represión que acabó con la vida de la joven.
La investigación, del caso de Geraldin, tiene más de 15.000 páginas de evidencia. El informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU lo menciona expresamente. ¡Por favor! No hay impunidad que resista tanto peso.
Los responsables de la violencia del… pic.twitter.com/O4xJ3bsu5h
— Edmundo González (@EdmundoGU) June 7, 2026
De acuerdo con el abogado argentino Ignacio Jovtis, director de InterJust para América Latina, este hecho constituye un crimen de lesa humanidad. La investigación permitió identificar a 14 presuntos perpetradores dentro de la GNB, entre ellos Ephraín Verdú. Aunque el exmilitar permanece residenciado en España, la justicia argentina, bajo el principio de aut dedere aut judicare, solicitó su extradición en junio de 2023 y dictó una orden internacional de extradición en febrero de este año.
El principio aut dedere aut judicare es una norma del derecho internacional que obliga a los Estados a extraditar o juzgar en su territorio a los acusados de delitos internacionales graves, como el terrorismo o los crímenes de lesa humanidad, con el fin de evitar su impunidad.
Un rayo de esperanza y justicia para más de 330 familias
La madre de Geraldine, Rosa Orozco, junto con un grupo de 26 ONG, ha respaldado esta solicitud. Las organizaciones, entre ellas Foro Penal, Espacio Público y el Laboratorio de Desarrollo Humano, explicaron que, de concretarse la extradición, podría abrirse una esperanza real para las familias de más de 330 personas asesinadas durante las manifestaciones pacíficas de 2014.
Asimismo, señalaron que, si España acepta la extradición, se sentará un precedente clave que facilitará el acceso a la justicia en otros casos y permitirá reactivar denuncias similares que actualmente permanecen paralizadas.
Asimismo, las organizaciones afirmaron que este procedimiento tiene un impacto directo en la psiquis social de los venezolanos, quienes han sido afectados por años de trauma colectivo. Que un oficial sea llevado ante la justicia para responder por sus crímenes resquebraja la percepción de que estos funcionarios son «intocables» y constituye una lección y un recordatorio de que las violaciones de derechos humanos tienen consecuencias reales ante la ley.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
