La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela celebró el avance judicial sobre la posible extradición del excoronel venezolano Ephraín Verdú Torrelles, de España a Argentina. El exmilitar enfrenta cargos por asesinato vinculados a las protestas del año 2014. Uno de esos casos es el de Geraldin Moreno, una estudiante de 23 años que murió en febrero de ese año en el estado Carabobo tras recibir disparos efectuados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una manifestación.
Mediante un comunicado, la Misión recordó que Verdú Torrelles forma parte de un grupo de mandos de la GNB denunciados en territorio argentino en el año 2023 por la organización no gubernamental internacional Inter-Just.
Este proceso penal se desarrolla bajo el principio de “jurisdicción universal”, el cual habilita a los tribunales de terceros Estados a que investiguen y juzguen delitos internacionales graves ocurrido fuera de sus fronteras, sin importar la nacionalidad de las víctimas y los presuntos responsables.
“La Misión saluda este avance procesal como un paso importante hacia el fin de la impunidad, reafirmando que las fronteras geográficas no servirán de refugio para quienes han diseñado y ejecutado crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”, señala el texto difundido este martes, 9 de junio.
Además, el organismo recordó que desde 2014 ha expuesto de forma detallada los hechos de violencia y represión ocurridos en Venezuela, y que estas investigaciones se realizan con el fin de “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, en estricto cumplimiento de su mandato”.
A través de la recolección exhaustiva de evidencia, la Misión acreditó varios elementos fundamentales de la represión de las protestas e 2014:
- Uso desproporcionado de la fuerza: las fuerzas de seguridad recurrieron de forma sistemática al uso de munición real y armas letales contra manifestantes desarmados, lo que llevó a un alto número elevado de muertes.
- Coordinación con grupos civiles armados (“colectivos”): las fuerzas estatales —particularmente la GNB— permitían, toleraban o actuaban conjuntamente con civiles armados para atacar y amedrentar a manifestantes.
- Detenciones masivas y tortura: cientos de estudiantes y ciudadanos opositores fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones y fueron sometidos a tortura y malos tratos en detención o durante el traslado a centros de detención, con numerosos casos de violencia sexual.
La Misión concluyó que estas acciones “reflejaban la existencia de un régimen de represión institucionalizado y estructurado desde las más altas esferas del poder público con el objetivo de silenciar la disidencia y mantener el control político”.
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