Caracas.- La periodista e investigadora Ronna Rísquez, durante su participación en el programa Punto y Contexto, dirigido por César Batiz, aseguró que el Arco Minero del Orinoco no está bajo el dominio de una sola organización criminal, sino que su control se encuentra dividido entre distintos grupos armados que operan en zonas específicas del estado Bolívar.
Durante una entrevista, la autora de investigaciones sobre el Tren de Aragua explicó que el territorio minero funciona como una especie de reparto entre organizaciones irregulares que administran diferentes sectores de explotación aurífera. Sus declaraciones se producen en medio del operativo militar desplegado en Las Claritas y el kilómetro 88, en el municipio Sifontes, donde las autoridades buscan intervenir una de las zonas de mayor actividad minera del país.
«La zona minera es muy amplia y diversa. Tiene grupos armados que controlas las operaciones en esas localidades. Hay distintas grupos, que controlan distintos sectores del arco minero, ha sido como una especie de repartición del territorio», expuso Risquez.
Según Rísquez, entre los grupos que ejercen influencia en el Arco Minero figuran el Tren de Guayana, el grupo 3R, estructuras vinculadas a alias «Juancho», además del Tren de Aragua y otras organizaciones armadas que mantienen presencia en distintas localidades. A ello se suma la actuación de grupos colombianos como el ELN y disidencias de las FARC.
Operación militar en minas de Bolívar: lo que se sabe del conflicto en Las Claritas
En el caso de Las Claritas y el kilómetro 88, la periodista afirmó que la zona ha estado bajo la influencia del denominado «sistema», una alianza entre el Tren de Aragua y otros actores criminales.
Rísquez sostuvo que, desde hace aproximadamente dos o tres años, quien ejerce el liderazgo en ese sector es Joan Petrica, identificado como uno de los fundadores del Tren de Aragua. Sin embargo, aclaró que estas estructuras no son propietarias de las minas ni del oro extraído.
Explicó que su función consiste en prestar servicios de seguridad, logística y control sobre la actividad minera ilegal, obteniendo un porcentaje de la producción. Los verdaderos beneficiarios económicos de la explotación, indicó, serían otros actores ubicados por encima de estas organizaciones.
La investigadora también llamó la atención sobre la convivencia entre la presencia del Estado y los grupos armados en la región. A su juicio, no puede afirmarse que el Gobierno esté recuperando el control territorial porque las instituciones de seguridad siempre han tenido presencia en la zona, aunque coexistiendo con estas estructuras criminales.
En ese sentido, consideró que aún es prematuro determinar si el operativo militar actualmente en desarrollo producirá un cambio real en la dinámica del Arco Minero o si solo implicará una reconfiguración de los actores que ejercen el control sobre las actividades extractivas.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
