El Cine Rialto, patrimonio cultural de Barquisimeto, está siendo demolido con permisos de la Alcaldía de Iribarren y el IPC, en aparente violación de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. La estructura, declarada Bien de Interés Cultural en 2005, será sustituida por un estacionamiento comercial que beneficiará al comercio textil vecino.
El inmueble iba a destinarse para el Teatro Municipal de Barquisimeto, declararon a El Pitazo las autoridades en 2018, pero solo quedó en anuncios
Por Andrea Barrios y Liz Gascón
El Estado autorizó la demolición del Cine Rialto de Barquisimeto, patrimonio de casi 100 años declarado Bien de Interés Cultural, aunque la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural prohibe y penaliza la alteración de inmuebles protegidos.
La estructura iba a destinarse para el Teatro Municipal de Iribarren, según declaraciones ofrecidas a El Pitazo en 2018 por el entonces ministro de Cultura, Ernesto Villegas; el alcalde oficialista, Luis Jonás Reyes y el presidente del Instituto Municipal de Cultura y Arte (Imca), Luis Rodríguez.
Sin embargo, la Alcaldía de Iribarren, representada hoy por Yanys Agüero, a través de la Dirección de Planificación y Control Urbano (Dpcu), avala la demolición de una de las pocas estructuras art déco que quedan en Barquisimeto, a pesar de que todo el inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural mediante la Providencia Administrativa 003/05, publicada en la Gaceta Oficial número 38.234 del 22 de julio de 2005.
LEE TAMBIÉN
FOTOS | La disputa del Cine Rialto llega a oídos del ministro Ernesto Villegas
La Dpcu es la única institución del Estado que aparece en la valla informativa de la demolición puesta en la entrada del Cine Rialto ubicado en la calle 29, entre avenidas 20 y 21 de Barquisimeto, capital de Lara. La aprobación está en las resoluciones 2511-2026, 2510-2026 y 4149-2026, indica el mismo aviso.
Esto llama la atención, pues el organismo responsable de la preservación y conservación de este tipo de inmueble es el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), único ente facultado para aprobar cualquier modificación, tras la presentación y aprobación de un proyecto. Pero el nombre no figura en ninguna parte de la valla.
Extraoficialmente, El Pitazo conoció que el IPC autorizó la obra. De ser cierto, la orden viola la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que establece en su artículo 22 que toda modificación autorizada por el IPC debe tener un propósito alineado al rescate, preservación y protección cultural.
Ninguno de esos principios contempla la demolición del interior histórico de un inmueble para sustituirlo por un estacionamiento con fines comerciales, dejando únicamente la restauración de la fachada, tal como indica el aviso.
En un recorrido por la obra, El Pitazo constató la tarde del 8 de junio que ya no queda nada en el interior: todo fue demolido. Una retroexcavadora extrae de las entrañas del Cine Rialto, escombros que constituyen casi 100 años de historia larense.
Intereses ocultos
De acuerdo con el cartel informativo de la obra del Cine Rialto, el propietario de esta estructura patrimonial es Prop-Intel C.A., una empresa sin presencia pública y cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) número J-31535594-9 está vencido en la página web de contribuyentes del Seniat. Esa condición dejaría a la compañía prácticamente paralizada: no podría facturar ni operar comercialmente.
Además, según la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (Locaptem), el RIF es el identificador único de los contribuyentes deben consultar la base de datos del Seniat para otorgar permisos.
Si el RIF está vencido o inactivo, el sistema local no debería validar la identidad tributaria del ciudadano para procesar el trámite solicitado. La pregunta es, entonces, cómo la Alcaldía de Iribarren, a través del Dpcu, autorizó el inicio de las obras de demolición.
La empresa dueña del inmueble se dedica a «otras actividades de servicio», en la base de datos del Seniat.
Anteriormente, según los archivos de El Pitazo, Omar Alchaer Nasser era el propietario del inmueble al menos hasta 2014, cuando hizo los primeros cambios drásticos de la edificación sin el visto bueno de las autoridades. En aquel momento, el IPC cumplió su función y emitió, el 10 de febrero de ese año, una orden de paralización ante las pretensiones de intervenir el inmueble sin la debida autorización.
De acuerdo con los hechos documentados, la orden de paralización presuntamente no fue entregada a los propietarios, y los trabajos internos continuaron durante un mes. Activistas denunciaron la situación ante la Fiscalía 23 del Ministerio Público con competencia en Defensa y Delito Ambiental.
Esa instancia solicitó, el 15 de abril de 2014, casi dos meses después de la orden de paralización, una inspección al entonces comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael Quero Silva. Desde entonces la obra estuvo paralizada hasta el 20 de marzo de 2026, fecha en la que las autoridades otorgaron los permisos para reanudarla, con vigencia de un año.
Para 2014 ya no existían dos salas de cine ni el mobiliario propio del Cine Rialto.
Una activista cultural relató entonces a El Pitazo: «Hay dos salas menos, no están las butacas, sólo queda un proyector. [Los dueños] aseguraron haberlo recibido así, pero no podemos saber si es cierto o falso». Una afirmación difícil de verificar, considerando que la inspección se realizó casi dos meses después de la orden de paralización.
El 8 de junio de 2026, El Pitazo conversó con trabajadores de la obra en ejecución. Los obreros indicaron que el interior del Cine Rialto sería demolido en su totalidad para dar paso a la construcción de un estacionamiento público que beneficiaría, con exoneración del cobro de estacionamiento, a la clientela del comercio textil vecino: El Castillo. Solo se restaurará la fachada. No obstante, el Bien de Interés Cultural no es únicamente la fachada: es toda la estructura, y la ley protege su preservación integral.
Esta versión cobra fuerza a la luz del historial del inmueble. En 2014, la periodista de cultura Adriana Ciccaglione afirmó que la estructura sería derribada para ampliar el espacio vecino, la tienda por departamentos Traki en ese momento.
Pero ahora figura otro beneficiario: el Centro Textil El Castillo que se abrió sus puertas en las antiguas instalaciones de Traki Barquisimeto.
La constructora a cargo del estacionamiento es Constructora Fabfran C.A., responsable de la construcción de las sedes más nuevas de Traki en Cabudare, Lechería (Anzoátegui) y San Felipe (Yaracuy), según publicaciones de la propia contratista en la cuenta Instagram @cfabfran.
La solución legal
En 2018, el presidente del Imca, Luis Rodríguez, declaró a El Pitazo que iban a solicitar un avalúo a los propietarios del inmueble donde funcionó el Cine Rialto para considerar una propuesta de la Red de Cine y Audiovisuales de convertir la emblemática sala en el Teatro Municipal.
El alcalde Luis Jonás Reyes anunció que levantarían un informe, pero no ofreció más detalles posteriormente.
Aunque se desconoce si el Estado venezolano hizo los trámites administrativos para el avalúo del bien con miras a su preservación, el inmueble histórico no puede modificarse sin la debida autorización del IPC.
En caso de que dicha acción haya sido cometida, el artículo 22 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural es claro: «Cualquier persona natural o jurídica de carácter público, en caso de que la obra se haya comenzado o concluido, podrá ordenar que se proceda a reponer el monumento a su estado anterior; si se tratare de un monumento de propiedad particular, los trabajos de reposición se harán a expensas del propietario».
La Constitución establece que el patrimonio cultural es imprescriptible, su protección es una obligación del Estado y su uso está sujeto al interés público. Por lo tanto, se desconocen los criterios considerados por el IPC para aprobar la demolición de un bien patrimonial y sustituir su uso por el de un estacionamiento comercial.
El Pitazo se trasladó hasta la Dpcu, el 8 de junio, para tener acceso a la orden de aprobación de la obra por parte del IPC. Tras una hora de espera, una ingeniera informó que la petición debía enviarse al departamento de prensa de la Alcaldía de Iribarren. El Pitazo envió la solicitud de información a la licenciada María Fernanda Sosa, del equipo de prensa, pero hasta la publicación de esta nota no se ha obtenido respuesta.
El valor histórico
El Cine Rialto es casi un siglo de memoria colectiva de Barquisimeto: desde sus orígenes como Teatro Libertador en 1928, según relató a El Pitazo el cronista e historiador Carlos Guerra, hasta la reconstrucción que le dio su icónica fachada Art Déco y su nombre actual en 1944. En su época, fue la sala favorita de toda la ciudad por contar con la pantalla más grande, sonido surround y las butacas más modernas, superando las 1000 unidades, por encima del icónico Teatro Juares, que tiene 708 butacas.
Hoy ese legado está destruido. La arquitecta y restauradora Claudia Rodríguez relató a El Pitazo que hace algunos años fue contactada por un inversionista de nacionalidad árabe para intervenir el inmueble, proyecto que ella rechazó al conocer que la intención era demoler el edificio.
Esa tensión entre el valor histórico y los intereses económicos es, precisamente, la que el cronista de la parroquia Concepción, Rommel Escalona, resume en una frase: «Es lamentable que la ciudad se esté llenando de estacionamientos que anteriormente fueron edificaciones que tuvieron una importancia histórica».
Los expertos consultados y activistas culturales se preguntan si Barquisimeto está a tiempo para salvar uno de los últimos testigos arquitectónicos de su historia o si ya es demasiado tarde.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
