Con pancartas, banderas y la consigna unánime de “¡libertad!”, un grupo de familiares de los trabajadores detenidos por el caso «Pdvsa Obrero» se concentró este miércoles, 10 de junio, frente al Centro Penitenciario de Yare, en el estado Miranda. El encuentro tuvo un objetivo claro: solicitar la concesión de medidas cautelares para que los 83 trabajadores que aún permanecen bajo arresto puedan pasar el Día del Padre junto a sus hijos.
Los parientes, provenientes de regiones como Anzoátegui, Carabobo (El Palito), La Guaira, Falcón y el Distrito Capital, denunciaron que el proceso judicial está viciado y pidieron que se respete el principio de igualdad y la Constitución venezolana. Por este caso ya fueron excarceladas 51 personas.
Zimaru Fuentes, vocera del grupo de familiares, instó al sistema de justicia a otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad para que los trabajadores puedan demostrar su inocencia fuera de las celdas.
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«No podemos hablar de una reconciliación nacional real cuando arrastramos causas políticas desde 2019 hasta 2025. A nuestros familiares les están endosando los errores de gestiones pasadas. Exigimos que se retome el hilo constitucional y se garanticen sus derechos», sentenció Fuentes.
A pesar de la gravedad de la situación, Fuentes reconoció un cambio positivo en el recinto penitenciario de Yare, agradeciendo el trato humano y respetuoso que la nueva administración del penal brinda actualmente tanto a los internos como a sus allegados.
Familias en el limbo económico y emocional
El impacto de las detenciones ha golpeado duramente el núcleo socioeconómico de los afectados. Wilmary Hernández, esposa de uno de los detenidos, recordó que a las tres semanas de las detenciones la empresa estatal les suspendió el salario, dejando desamparados a decenas de mujeres y niños.
«Ellos no son delincuentes ni terroristas. Esta causa está completamente montada y viciada«, denunció Hernández, quien hizo un llamado directo a la encargada de la administración en Venezuela Delcy Rodríguez, al fiscal general de la República y a la defensora del pueblo para que revisen los expedientes y agilicen las boletas de libertad. «Queremos la dicha de tener a nuestros familiares en casa».
Por su parte, la activista y vocera Lustay Franco enfatizó el quiebre emocional que sufren los hogares tras años de separación forzada, acumulando cumpleaños, graduaciones y fechas familiares vacías. Al igual que Hernández dijo que a los vinculados con el caso Pdvsa Obrero les suspendieron el sueldo sin un juicio y sin sentencia.
Franco alertó además sobre graves faltas al debido proceso: «Hay detenidos que todavía no saben con claridad de qué se les acusa y ni siquiera han ido a juicio. Es hora de que quienes toman las decisiones políticas reflexionen, porque este caso es político y no jurídico».
Los familiares aseguraron que mantendrán las acciones de lucha pacífica y la presión institucional de manera unitaria. «Nunca nos quitarán la esperanza de que nuestros detenidos estarán en libertad, en casa. Seguimos unidos», concluyeron.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
