Detrás de las promesas gubernamentales de combatir la «extorsión», la línea 0800-Matraca opera como un canal inútil ante un sistema completamente corrompido. Mientras el discurso oficial exhibe cifras de depuración, la realidad en la calle revela el absoluto desamparo de los ciudadanos, quienes prefieren callar antes que denunciar debido al temor de quedar expuestos
Un ciudadano marcó el número telefónico 0800-Matraca (6287222). Al otro lado respondió una funcionaria de voz insegura, que le solicitó nombre completo, cédula, correo electrónico y número local. Eran las 2:30 p.m. del 11 de junio.
La víctima vaciló y manifestó su temor a exponerse. También quiso confirmar con qué organismo hablaba.
«Somos una oficina del Ministerio Público», le respondió la funcionaria y agregó: «lo invito a leer los artículos 4 y 9 de la Ley de Protección a la Víctima y Testigos. Una vez nos relate su denuncia, le entregaremos un oficio para que acuda a la fiscalía».
El usuario le dijo que consultaría con su familia antes de volver a llamar. Al reunirse con sus parientes, todos productores víctimas de distintos tipos de extorsión, el veredicto fue unánime: se trata de una fachada publicitaria que promete soluciones tecnológicas, pero que en la práctica es más de lo mismo; además de que quedas expuesto.
El lanzamiento de esta plataforma fue el mecanismo que encontró la administración en Venezuela para intentar frenar un delito que se convirtió en la ley de la calle. Durante su anuncio el 1 de junio, Delcy Rodríguez afirmó que buscaba «poner punto y fin a las prácticas delictivas» de uniformados corruptos y lanzó un enfático «ya basta a la matraca».
Somos una oficina del Ministerio Público. Lo invito a leer los artículos 4 y 9 de la Ley de Protección a la Víctima y Testigos. Una vez nos relate su denuncia, le entregaremos un oficio para que acuda a la fiscalía
Funcionaria al atender una llamada al 0800-Matraca
Sin embargo, la improvisación quedó en evidencia desde el principio. Aunque se presentó inicialmente como 0800-Extorsión, apenas una semana después el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tuvo que rectificar: el número ya estaba ocupado y se cambió a 0800-Matraca.
Más allá de la narrativa oficial, el anuncio mismo es una confesión pública: el propio Gobierno reconoce que las redes de extorsión han penetrado por completo a las policías, las fiscalías, las aduanas, los organismos públicos y los tribunales del país.
Pero para los ciudadanos, la línea telefónica representa más de lo mismo. La experiencia acumulada les dice que la justicia rara vez alcanza a los responsables de mayor rango y que el propio sistema se protege mutuamente, dejando a la víctima sola y expuesta tras haber hablado.
«Denunciar en este país es ponerse una soga al cuello», afirma Carlos, un comerciante del estado Miranda que prefirió omitir su apellido por seguridad. «Si llamo para denunciar que un funcionario me está pidiendo dinero, lo más seguro es que vengan al día siguiente a cerrarme el negocio o algo peor».
El traslado de mercancías a través de los envíos «puerta a puerta» se convirtió en una mina de oro para las autoridades aeroportuarias y los efectivos militares que custodian los muelles, según un informe de Transparencia Venezuela l Foto: Referencial
La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, también lo expresó en el programa Abriendo puertas de Venevisión: «Yo lo último que haría sería llamar a ese 0800-Extorsión, no llamaría jamás, porque el que va a quedar señalado es usted, el que hace la denuncia, a usted lo van a poner en una lista».
La abogada sostuvo que quienes denuncien presuntos hechos de corrupción podrían ser identificados por las autoridades y enfrentar consecuencias derivadas de su señalamiento.
Medida insuficiente
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, considera que la creación de una línea telefónica para recibir denuncias por extorsión es una medida insuficiente para abordar esta problemática. En declaraciones a El Pitazo, Murillo señaló que existe suficiente evidencia para demostrar que las prácticas extorsivas se han institucionalizado en la mayoría de los cuerpos de seguridad del país.
Explicó que esto ocurre como «consecuencia directa del aliento a la comisión de abusos por parte de las altas autoridades, la ausencia de un sistema de justicia que investigue y sancione a los funcionarios, y la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas en los cuerpos policiales y militares».
El activista indicó que, para que una víctima se sienta segura al denunciar, se debe avanzar en una reforma genuina y democrática del Sistema de Administración de Justicia. Esto garantizaría que fiscales y jueces atiendan oportunamente las denuncias y procesen a los involucrados.
«Ello debe incluir el desmantelamiento del aparato político que cooptó al sistema de justicia y lo puso a las órdenes del Ejecutivo y del partido oficial. El Ministerio Público tiene el mandato legal de investigar estos delitos, pero si su gestión no está al servicio de la ciudadanía y se persiste en la opacidad informativa, no se avanzará en la dirección correcta», opinó.
En este contexto, Murillo responsabilizó a la Asamblea Nacional por mantener o promover un entramado jurídico que, según denunció, permite la represión, el control social y la actuación discrecional de militares, policías, jueces y fiscales en todo el territorio nacional.
Yo lo último que haría sería llamar a ese 0800-Extorsión, no llamaría jamás, porque el que va a quedar señalado es usted, el que hace la denuncia, a usted lo van a poner en una lista
Blanca Rosa Mármol, Magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia
La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol, también cuestionó la eficacia de las acciones del Gobierno y advirtió sobre el peligro que enfrentan los ciudadanos al reportar anomalías.
«Yo lo último que haría sería llamar a ese 0800-Extorsión; no llamaría jamás, porque el que va a quedar señalado es usted, el que hace la denuncia. A usted lo van a poner en una lista», dijo en el programa Abriendo puertas de Venevisión.
28 mil policías fuera, pero la «vacuna» sigue intacta
Para maquillar la desconfianza y simular una supuesta «mano dura», el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, recurre constantemente a la pantalla de los números.
Durante declaraciones públicas el 10 de junio, aseguró que la administración mantiene una postura estricta y que en los últimos dos años un total de 28.314 funcionarios policiales han sido enjuiciados por denuncias de corrupción y extorsión.
Aunque el funcionario presenta estas bajas masivas como un logro para purgar las instituciones, la lectura de la calle es demoledora. Que el propio encargado de la seguridad nacional reconozca que tuvo que retirar a 28.314 agentes por delincuentes en un periodo tan corto no es un síntoma de eficiencia, sino la prueba de que los cuerpos de seguridad del Estado están podridos desde sus bases.
En el estado Miranda, un joven fue arrestado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras una discusión y agresión física hacia su pareja el 2 de junio. Aunque el procedimiento legal dictaba que el caso debía pasar a las manos de la fiscalía, los funcionarios policiales de la comisión vieron una oportunidad de negocio rápida.
Bajo la amenaza de encerrarlo en un calabozo y abrirle un expediente penal pesado, los uniformados lo extorsionaron exigiéndole 1.000 dólares en efectivo a cambio de borrar el reporte y dejarlo libre en el acto.
Casos como este demuestran por qué nadie usa los canales del Gobierno: el miedo a las represalias inmediatas de una policía que opera como una banda armada frena cualquier intento de buscar justicia legal.
Reporteros de El Pitazo han documentado denuncias de comerciantes que son acosados sistemáticamente por funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) l Foto: Referencial
Carabobo: fiscalía y extorsión en sociedad
El uso de los cargos públicos para extorsionar escaló a niveles estructurales, desmintiendo la idea gubernamental de que se trata de casos aislados.
Muestra de ello fue lo ocurrido en Carabobo, donde al menos 14 fiscales y exfuncionarios del Ministerio Público fueron detenidos e imputados tras descubrirse que manejaban tramas de corrupción interna de la mano del propio exfiscal superior de esa entidad.
El grupo operaba en alianza con abogados privados bajo un modus operandi blindado: utilizaban la privación ilegítima de libertad, retrasaban los procesos judiciales a conveniencia y aplicaban la extorsión agravada contra los detenidos y sus familiares para exigirles dinero en divisas a cambio de beneficios procesales o libertades.
El mismo ente encargado de defender a los ciudadanos era el que operaba la red de extorsión.
El negocio del Seniat y los trámites públicos
El sector comercial tampoco encuentra respiro frente a este sistema de financiamiento ilegal. Reporteros de El Pitazo han documentado denuncias de comerciantes que son acosados sistemáticamente por funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Los fiscales se presentan en los locales comerciales, alegan supuestas fallas en las máquinas fiscales o detectan errores menores en los libros contables para amenazar con cierres de locales y multas impagables. Para evitar la quiebra, muchos dueños de negocios se ven forzados a pagar «cuotas» de dinero en efectivo directamente a los funcionarios, confirmaron fuentes a El Pitazo.
En varios casos, el chantaje se ha institucionalizado tanto que los comerciantes deben pagar una mensualidad fija a los inspectores para que los dejen abrir sus santamarías en paz.
Esto se conecta con la vida diaria del ciudadano común, quien se ve obligado a pagar a gestores o a funcionarios públicos tarifas ilegales en dólares solo para obtener documentos que el Estado debería garantizar de forma gratuita o a precios regulados.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, considera que la creación de una línea telefónica para recibir denuncias por extorsión es una medida insuficiente para abordar esta problemática
Extorsión en la aduana
Toda esta red de abusos cotidianos e inoperancia oficial coincide con los hallazgos de la investigación titulada «Las caras de la extorsión en Venezuela», publicada por la organización Transparencia Venezuela.
El informe advierte que la relación del ciudadano con el Estado en los puntos de control pasa casi obligatoriamente por una «colaboración» económica y detalla que, en las aduanas del país, la extorsión ya es un problema endémico.
El traslado de mercancías a través de los envíos «puerta a puerta» se convirtió en una mina de oro para las autoridades aeroportuarias y los efectivos militares que custodian los muelles.
En lugar de procesar los contenedores bajo los canales de ley, se exige una tarifa plana informal en dólares para permitir la entrada de la carga.
Las cifras de este negocio ilegal manejadas en la investigación son millonarias:
Año 2022: Esta red de cobros ilícitos en los puertos generó un estimado de 1.394 millones de dólares.
Año 2023: Debido a la caída de las importaciones y a las nuevas trabas impuestas, los ingresos bajaron a 900 millones de dólares.
Reporte más reciente: La contracción continua de los envíos marítimos llevó a estimar las ganancias de esta actividad extorsiva en 504 millones de dólares.
En tierra, la situación no es diferente. En los límites fronterizos con Colombia, especialmente en el estado Táchira, la policía migratoria, la Guardia Nacional e incluso funcionarios de Interpol aplican el «matraqueo» directo a quienes cruzan los puentes internacionales.
El reporte de Transparencia Venezuela destaca la existencia de la «Ruta de la extorsión» en el estado Apure, específicamente en el municipio José Antonio Páez. Allí, los migrantes pendulares deben superar cuatro puntos de control fijos donde policías y militares exigen un mínimo de 20 dólares por persona para dejarlos avanzar.
En una sola noche de retenciones en las alcabalas fijas y móviles, las comisiones pueden recaudar más de 1.200 dólares en efectivo a expensas de la población más vulnerable.
El desmontaje de la propaganda
Los hechos desmienten por completo el discurso oficial. Ni las líneas de atención anónimas propuestas por Delcy Rodríguez ni los anuncios mediáticos de Diosdado Cabello sobre policías destituidos han logrado devolverle la tranquilidad al ciudadano.
La extorsión en Venezuela no es una falla del sistema, sino el sistema en sí mismo: un negocio redondo que se alimenta de la impunidad y del absoluto desamparo de la gente.
En medio de esta desprotección institucional, los venezolanos ya saben que, cuando los uniformados tocan a su puerta, no existe ningún número telefónico que los pueda salvar.
