🔴🔵 Una «orden de arriba» sepultó la libertad de los hermanos Castellanos Chinchilla

El 10 de febrero de 2021, Juan Carlos Castellanos Chinchilla conducía su vehículo –en el que trabajaba como taxista– en Acarigua, estado Portuguesa. Parecía un día normal, pero al pasar por una alcabala, unos policías lo detuvieron para lo que él pensaba, sería una revisión de rutina. Lo que no sabía Juan Carlos es que ese sería el último día que estaría en libertad.

Un familiar que prefirió mantener su identidad en anonimato declaró a Runrun.es que el proceso terminó en una extorsión. “Le hicieron la revisión al carro de Juan Carlos, no consiguieron obviamente absolutamente nada, sino su teléfono celular y el anuncio de taxi (…) Pero aún así les quisieron pedir dinero para que él se fuera pues, para que él siguiera”, narró la fuente.  

Como Juan Carlos –que también estudiaba en la Unefa– se negó a pagarle a los policías, los funcionarios respondieron con violencia que transformó el procedimiento en un secuestro. Dejaron de ser agentes de la ley para convertirse en captores.

“A Juan Carlos lo golpearon y lo tiraron detrás de la cabina de una camioneta. A él lo esposaron y lo encapucharon”, cuenta su pariente sobre el momento en que el joven, que actualmente tiene 35 años, fue desaparecido por los funcionarios.

Mientras Juan Carlos permanecía desaparecido, la desesperación se apoderó de su familia. Lo buscaron en todas partes sin obtener respuestas iniciales. Su hermano mayor, Gabriel Castellanos Chinchilla, de 36 años de edad que es abogado de profesión, asumió la búsqueda de manera activa. El 12 de febrero del mismo año, Gabriel localizó el lugar donde tenían oculto a su hermano. Sin embargo, su conocimiento de las leyes y su intento por exigir el debido proceso se convirtieron en su propia sentencia de captura.

“Gabriel intentó denunciar lo que estaba ocurriendo, pero bueno, no le dio tiempo porque estos funcionarios también lo dejaron detenido, únicamente porque intentó denunciar lo que le estaba ocurriendo a su hermano”, relató el familiar.

En solo dos días fueron detenidos los dos hermanos Castellanos Chinchilla. Hasta el sol de hoy, ambos siguen tras las rejas.

Víctimas de desaparición forzada y torturas

Tras la detención de ambos hermanos, los captores profundizaron la extorsión económica bajo amenazas o manipulación de evidencias. La familia carecía por completo de los recursos financieros exigidos por los funcionarios policiales. Ante la falta de pago, los hermanos fueron sometidos a un aislamiento total que mantuvo a Juan Carlos y Gabriel bajo la condición de desaparición forzada durante ocho meses. 

“Ocho meses sin saber de ellos, ocho meses en los que su familia no sabía si ellos estaban vivos, si ellos estaban muertos… tiempo en el que le  prohibieron a la familia Castellanos Chinchilla acercarse a Acarigua y, sobre todo, decir lo que había ocurrido con los hermanos. Porque si a ellos se les ocurría colocar alguna denuncia o hablar sobre lo ocurrido, a ellos los iban a sembrar”, contó el familiar.

Durante el tiempo de incomunicación, las agresiones físicas escalaron hacia métodos de tortura sistemática. Los testimonios describen agresiones brutales orientadas a quebrar la resistencia física y psicológica de los detenidos. La violencia incluyó prácticas severas de asfixia y abusos sexuales.

“En estos ocho meses los muchachos fueron brutalmente torturados, los asfixiaban con bolsas en la cabeza hasta desmayarlos, los golpeaban, les metían su cabeza en agua, los guindaban de pies y manos. Juan Carlos Castellanos fue violado sexualmente con un palo de escoba”, narró con dolor el pariente de los hermanos.

La maquinaria judicial de un juez corrupto

La madre de las víctimas, quien también ejerce la abogacía, emprendió una batalla legal para ubicar y trasladar a sus hijos hacia la ciudad de Caracas, buscando apartar el caso de las mafias policiales del estado Portuguesa. Sin embargo, al llegar a la capital venezolana, el expediente quedó asignado al juez José Mascimino Márquez. En aquel momento, este funcionario fungía como titular del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en terrorismo.

Lejos de encontrar justicia, la familia se topó con la continuidad del chantaje financiero por parte del juzgado, antes de que el funcionario fuera arrastrado por la propia dinámica interna del poder. 

“Cuando el juez toma el expediente de los muchachos, la familia Castellano Chinchilla pensó que ya se iba a hacer justicia por lo que le había ocurrido a los muchachos y no sabemos el porqué, no sabemos si estas personas estaban conectadas, no sabemos, pero este juez también siguió la misma extorsión”, relató el familia. 

En aquel momento, el juez Márquez le pidió 2000 dólares a la familia para dejar libres a Juan Carlos y Gabriel. La familia no tenía ese dinero. “Por no darle este dinero a este juez, es ahí cuando les imputa a los hermanos Castellanos Chinchilla el delito de terrorismo de Estado y la asociación para delinquir”, denunció.

José Mascimino Márquez fue detenido posteriormente en el año 2023 por la Policía Nacional Anticorrupción, en medio de una purga judicial masiva y de la operación conocida como “Pdvsa-Cripto”. El Ministerio Público lo acusó formalmente de formar parte de una red que utilizaba los circuitos judiciales para lucrarse ilegítimamente. 

Tras su detención, diversas ONG venezolanas y familiares de presos políticos exigieron formalmente la revisión inmediata de todas las sentencias y juicios dictados bajo su mandato viciado, pero los hermanos siguieron detenidos.

La negativa familiar a pagar los 2000 dólares exigidos por Márquez antes de su caída aceleró la mutación del caso a un expediente de gravedad política. La fiscalía estructuró una narrativa falsa para justificar la acusación de terrorismo, alterando incluso los días y las condiciones reales en las que ocurrieron los arrestos.

“¿Qué pruebas presenta la Fiscalía? Un expediente totalmente viciado, empezando porque el expediente de los hermanos Castellanos Chinchilla dice que ellos se encontraban juntos el mismo día, cuando Juan Carlos fue detenido el 10 de febrero y dos días después fue detenido Gabriel (…) Un expediente totalmente viciado, les terminaron colocando que ellos fueron o que seguramente estaban en Acarigua porque querían hacer un atentado a un alcalde o a cualquier otra persona allá”, amplió la fuente cercana a los afectados. 

Una condena de 30 años bajo “órdenes de arriba”

Luego de atravesar un tortuoso camino que incluyó la interrupción del primer juicio oral, el caso llegó a su etapa final bajo la dirección de la jueza Alejandra Romero. Esta magistrada es conocida por haber dictado también la condena contra Rafael Tudares, yerno del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, quien fue excarcelado el 22 de enero de 2026.

En el caso de los Castellanos Chinchilla, el juicio demostró la absoluta falta de evidencias que vincularan a los hermanos con supuestas actividades terroristas. No obstante, el veredicto final ignoró las pruebas de inocencia para cumplir con directrices políticas superiores. El familiar describe el momento de la sentencia dictada el 15 de julio de 2025:

“Los muchachos han pasado por dos juicios. El primero fue interrumpido, el segundo fue con la jueza Alejandra Romero, donde se comprobó su inocencia 100 %. Dicho por ellos mismos, por la jueza, por las personas allí, que los muchachos eran totalmente inocentes. Pero aún así los terminaron condenando a 30 años, indicándonos que la decisión se les salía de las manos porque eso fue una orden de arriba”, contó el familiar de los hermanos.

Amnistía negada

Frente a la injusticia, la defensa de los hermanos Castellanos Chinchilla tramitó la solicitud de amnistía a comienzos de 2026, amparándose en las iniciativas legales promovidas para la liberación de los presos políticos en el país. El 6 de marzo de 2026, los tribunales rechazaron la solicitud argumentando que el caso quedaba excluido por los parámetros del Artículo 8 de la Ley de Amnistía.

“Nosotros sí introdujimos la ley de amnistía, pero nos fue negada, nos dijeron que no las habían negado porque ellos no entraban en el artículo 8”, agregó el familiar.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la exclusión de los hermanos de la Ley de Amnistía revela las profundas limitaciones y ambigüedades del mecanismo de amnistía. Aunque la ley se promocionó como una vía para la reconciliación y la excarcelación de detenidos políticos, su redacción contiene vacíos legales que restringen su aplicación práctica.

“Negar la amnistía a los Castellanos Chinchilla y a muchos otros bajo estos criterios, sin una evaluación transparente y objetiva de su situación, contribuye a perpetuar la exclusión”, denunció la ONG.

Tras pasar por centros de detención en La Yaguara y el Internado Judicial de la Región Capital Yare III, en febrero de 2026 ordenaron su traslado repentino hacia el Centro Penitenciario para Procesados Judiciales “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico. 

La prolongación de la condena mantiene bajo un sufrimiento constante a la familia Castellanos Chinchilla. El impacto emocional golpea con especial fuerza a las hijas de los detenidos, a quienes han tenido que decirles que sus papás están trabajando, para que no conozcan lo que ocurre.

La única demanda de la familia se concentra en la restitución de la libertad de Juan Carlos y Gabriel, así como el respeto al debido proceso que la Constitución venezolana garantiza en teoría, pero que el aparato judicial niega en la práctica.

“Ellos -el sistema de justicia- no pueden devolverles los años que les han quitado, pero sí pueden regresarles la libertad que nunca le debieron haber quitado. Las personas que conocen a los hermanos Castellanos Chinchilla saben quiénes son”, expresó finalmente el pariente. 

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