Miedo e incertidumbre reina en comunidades indígenas de la entidad amazonense ante la malaria que afecta a niños, niñas y adolescentes, siendo estos uno de los grupos más vulnerables ante el descuido de las autoridades sanitarias y las escasas medidas para la propagación del mosquito que transmite el Plasmodium. Cifras oficiales de la Dirección de Salud Ambiental no reflejan con detalle la población infantil afectada por entidad, resultando invisible para la sociedad
Por Mickey Véliz
Red de Periodistas Indígenas de la Amazonía
En la selva adentro, en el municipio Atures de Amazonas, una bebé Jivi de menos de un año tiene malaria y su familia no puede llevarla a un hospital. Una madre Jivi en Autana cruza dos ríos hasta Colombia porque en Venezuela no consigue atención médica para su hijo, envuelto por la fiebre. Y un niño Jivi, de 10 años, cuenta que aguantaba los duros síntomas con guarapos y oraciones.
La situación de la malaria en el estado Amazonas durante 2025 y lo que va de 2026 es crítica, en un contexto regional que concentra una gran parte de los casos de paludismo en el país.
La organización no gubernamental SOS Orinoco ha documentado la situación de la Amazonía y Guayana venezolanas desde 2018. En 2020, la ONG ya advertía que Venezuela tenía «condiciones favorables para la transmisión de malaria» y que la enfermedad resurgía como parte de una emergencia humanitaria compleja. Cuatro años después alertó sobre un brote en el Alto Orinoco, en Amazonas, y en un tuit informaron que «en los últimos meses de 2023» se reportaron al menos 85 muertes de indígenas Yanomami por la enfermedad.
Para este trabajo de investigación se hizo una solicitud a la Dirección de Salud Ambiental para obtener las cifras oficiales sobre el número de casos en comunidades indígenas y confirmar los fallecimientos antes mencionados, pero la información fue negada. La funcionaria con quien se conversó manifestó que «no contaban con la autorización del Ministerio de Salud y que la información era confidencial».
La falta de datos actualizados y desagregados impide comprender la dimensión del problema, pero la crisis persiste y afecta a diversas comunidades indígenas, incluyendo al pueblo originario Jivi.
Según el censo 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela, la población del pueblo originario Jivi (hasta el 2005 denominados Guahibo), era de aproximadamente 20.020 personas. Para el mismo año, el Ministerio para los Pueblos Indígenas citan cifras similares, reportando una población censada de 24.118 habitantes.
En Amazonas unos 12.000 jivis se contabilizan entre Atures, Autana, Atabapo y Manapiare, una población que en los últimos años ha ido evolucionando producto del mestizaje. También se encuentran en Bolívar y Apure y se expanden hasta Colombia en los departamentos de Vichada, Meta, Arauca, Guaviare y Guainía.
El Ministerio para Salud dejó de divulgar datos oficiales después de 2016 y este año el Boletín Epidemiológico salió nuevamente a la luz, comenzando la publicación en la semana epidemiológica número 12 (22 de marzo al 28 de marzo de 2026). Los datos de la Dirección General de Salud Ambiental confirman que, tras diez años en la opacidad, la malaria mantiene una alta transmisión. El último reporte, que corresponde a la semana 16 (del 19 al 25 de abril), refleja 33.424 casos acumulados en lo que va de año. En Bolívar se concentra el 67,3% de los diagnósticos positivos.
Amazonas es el segundo estado con el mayor número de diagnósticos: 9.245. Según el boletín, el aumento de casos acumulados en esa entidad es de casi el 40% en el mismo periodo de tiempo (comparando exactamente las mismas semanas epidemiológicas de 2025 y 2026). Esto nos dice que la transmisión de la malaria se ha acelerado drásticamente en Amazonas y, aunque no hay cifras detalladas sobre los pueblos indígenas locales afectados, los cuatro municipios en los que se distribuye la población Jivi están entre los 10 del país con la mayor Incidencia Parasitaria Anual (IPA). Para la epidemiología, el IPA es un indicador vital para comprender qué tan grave es el problema en un territorio: mide el número de casos nuevos de malaria confirmados que se presentan en un año, por cada 1.000 habitantes de una zona en riesgo.
Así como el reporte de la Dirección General de Salud Ambiental no detalla los diagnósticos en población indígena, la información sobre la niñez y la adolescencia es escasa. Si bien podemos saber cuántos niños y niñas entre 0 y 9 años enfermaron de malaria hasta el 25 abril (fecha del último reporte), el grupo de 10 y 11 años y la población adolescente (entre los 12 y los 17 años según la ley venezolana) está invisibilizada en cifras que los suman junto a los adultos sin distinción.
En todo caso, el número de casos acumulados entre los 0 y los 19 años es de 8557. Y no es un dato menor. Representa el 25,6% de las más de 30 mil personas enfermas de malaria en lo que va de 2026.
La distancia entre el derecho a la salud y la niñez
Amazonas es una entidad al sur de Venezuela donde convergen 22 pueblos indígenas que se han expandido hacia zonas remotas ante la llegada de criollos a Puerto Ayacucho, capital de esta zona fronteriza que alberga un estimado de 135.000 habitantes, según el censo de 2023.
Los ejes carreteros norte, sur y sur oeste se han convertido en refugios para los pueblos originarios, quienes han levantado sus hogares en estos territorios a pesar de la precariedad de los servicios públicos que prácticamente son inexistentes.
Foto Mickey Véliz.
La distancia ha ocasionado que la vigilancia epidemiológica no sea constante. La logística de la Dirección de Salud de Amazonas es deficiente, al estar afectada por las fallas en el suministro de combustible.
A ello se le suma la falta de funcionarios capacitados, que en su mayoría se han negado a trabajar en estas comunidades por el difícil acceso que representan y los pocos recursos con lo que cuentan, situación que ha generado reclamos de los indígenas porque les parece insuficiente.
En el Eje Carretero Norte del municipio capital Atures, en la vía a la carretera nacional y en la densidad de la selva adentro, se ubica la comunidad Santo Rosario de Agua Linda, a unos 50 kilómetros de Puerto Ayacucho, con una población de 150 personas que se distribuyen en 34 familias. Fue fundada hace 36 años.
La señora Miriam La Rosa fue una de las primeras mujeres Jivi en vivir allí. Reside en la comunidad desde hace 32 años, con sus 8 hijos y una nieta. La bebé, con tan solo un mes de nacida, ya fue diagnosticada con malaria.
Supo que su nieta estaba enferma después de una prueba rápida que detectó la presencia del parásito Plasmodium falciparum en la sangre. Es la especie más mortal. Le dijeron que debía ir cuanto antes con la niña a un hospital, pero le resulta complicado salir de la comunidad.
Moverse hasta el centro de salud es un problema. Su mayor obstáculo es que la carretera se encuentra en mal estado y el viaje a Puerto Ayacucho, de una hora y media y hasta más por las paradas y revisiones que realizan en las alcabalas, termina siendo agotador. El pasaje de ida y vuelta en el transporte público son aproximadamente 20 mil pesos colombianos, un gasto que no puede cubrir.
«Mi nieta está recién nacida y ya tiene paludismo, tengo miedo por eso. Estamos muy pendientes de ella. En la comunidad todos han tenido paludismo. Nadie se ha salvado y a muchos les ha repetido muy fuerte. Estamos pensando qué hacer porque está llegando el invierno y es cuando más la gente se enferma», dice Miriam.
Comunidades indígenas aisladas de la capital de Amazonas son las que presentan mayores incidencias de paludismo. Foto: Mickey Véliz.
El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos del género Plasmodium. Se contagia principalmente por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. El parásito viaja al hígado y luego infecta los glóbulos rojos, provocando fiebre, escalofríos y dolor de cabeza.
Existen más de 100 especies de Plasmodium, pero solo algunas causan la enfermedad en humanos: Plasmodium falciparum (la más peligrosa y letal), vivax (la más común en Venezuela), malariae, ovale y knowlesi (menos frecuentes).
La malaria puede identificarse en el laboratorio, examinando la sangre del paciente en el microscopio; o con una prueba de diagnóstico rápido, en la que una pequeña muestra de sangre se coloca sobre una tarjeta que con líneas de colores indica la presencia del parásito y su especie.
Desde el 2021, Santo Rosario de Agua Linda cuenta con un colaborador habitante del lugar. Pedro Josué Chipiaje es un agente comunitario, credencial otorgada por la Dirección Regional de Salud, y estudió durante un mes para aprender a aplicar la Prueba Diagnostica Rápida (PDR). Pedro es el responsable de confirmar los posibles casos positivos en la localidad. Entre enero y marzo, ha detectado 26 casos, 16 niños y 10 adultos, que están cumpliendo con el tratamiento.
«Es quien nos ayuda ante la falta de un médico. Él nos entrega el tratamiento para curarnos. Aquí no contamos con un ambulatorio, el más cercano queda a 20 minutos en Botellón de Agua Linda, pero es igual… el médico no se la pasa allí porque no hay medicamentos», contó la señora Miriam. Su nieta recibe hoy el tratamiento contra el Plasmodium falciparum gracias a Pedro.
Para hacerle frente al mosquito transmisor Miriam riega gasoil dentro de la casa, cuando logra conseguir, y en las noches quema el cartón de los huevos para expandir el humo dentro de la vivienda. Lo ve como un mecanismo efectivo, ante la falta de recomendaciones de parte de los funcionarios de salud. «Y siempre colocamos nuestros toldillos (mosquitero), para protegernos de los mosquitos», agregó.
En medio de su preocupación por la falta de asistencia, aseguró que los funcionarios de salud tienen dos décadas que no fumigan la zona. «La gente de malaria (las autoridades sanitarias) tiene como 20 años que no viene a fumigar. Nos tienen olvidado. Uno no sabe en qué momento se va a morir de paludismo».
Miriam acotó que todos los años se presentan repuntes y es cuando la comunidad sufre más, en vista de que la cantidad de personas supera la disponibilidad del tratamiento. Así que les toca recurrir a la medicina ancestral para hacerle frente a la enfermedad: preparan té de pajeté, tua tua y mastranto.
Las plantas amazónicas actúan contra la fiebre, especialmente las usadas para el té de pajeté, y alivian los dolores del cuerpo. Las infusiones no combaten el parásito que causa la malaria, pero ayudan contra los síntomas severos. Al mismo tiempo, quemar el mastranto por las tardes funciona como repelente de mosquitos.
El tratamiento para la malaria requiere medicamentos con receta para eliminar el parásito. Los fármacos exactos, la dosis y la duración dependen de la especie del parásito, la gravedad de los síntomas, la edad del paciente y si existen complicaciones o embarazo. Debe ser administrado y supervisado por un médico, porque la automedicación puede ser ineficaz o peligrosa. La malaria no complicada se debe tratar de forma ambulatoria con medicamentos orales.
La cloroquina sigue siendo el fármaco de elección en muchas regiones, incluyendo Venezuela, contra el vivax y el malariae, generalmente combinada con Primaquina para lograr una cura radical y evitar recaídas. Terapias combinadas con artemisinina (TCA) son el tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el falciparum. La malaria grave o complicada requiere hospitalización urgente y suele tratarse con medicamentos intravenosos, como la quinina.
Sobrevivir en el olvido
Al otro extremo de Atures, en el Eje Carretero Sur, está Ekoneiwa, un asentamiento Jivi con 20 familias que está aproximadamente a 35 kilómetros de Puerto Ayacucho. A pesar de estar en la vía, es como si no existiera o fuera invisible para las autoridades, según el relato de Gerardo Villegas, docente jubilado de 75 años y fundador de la comunidad hace 26 años.
Gerardo expresó que todos los años se presentan incidencias de malaria y no han contado con el apoyo del sistema de salud público regional. Puntualizó que desde 2023 los afectados han sido los niños, atendidos por ellos mismos.
«Los niños se enferman de paludismo cada semana. Solicitamos un ambulatorio porque no contamos con uno propio. Estamos al lado de la carretera y la gente del gobierno siempre pasa derecho, no nos toman en cuenta. Solo llevan medicamentos a Coromoto y Platanillal», comentó.
El denominado capitán de Ekoneiwa señaló además que la oficina de salud ambiental solo ha ido a la comunidad una sola vez en 26 años. «La única y última vez que vinieron fue hace 5 años, de allí no existimos para el gobierno».
«Una familia que vive en la comunidad tiene un vehículo particular que han utilizado para trasladar a los niños al hospital Materno Infantil. A veces es difícil por lo lejos, porque no siempre tienen combustible», contó Gerardo.
Dijo que a pesar de que no se han registrado muertes infantiles por malaria, los niños se han visto complicados de salud. «En este momento tenemos doce niños que se han enfermado de manera seguida y han estado bastante delicados».
Eleida Caribán, también habitante de Ekoneiwa, asegura que en febrero reportó a 16 niños con paludismo al ambulatorio de Paria, pero no fue reflejado en las cifras oficiales locales. «Nosotros mismos llevamos nuestro registro y atendemos a los que son diagnosticado pon malaria. A más nadie le duele, solo a nosotros».
Cuando cruzar a otro país es la única alternativa
En una comunidad del Municipio Autana, a 15 kilómetros de El Carmen de Ratón, capital de la jurisdicción, reside Teresa*, indígena Jivi de 40 años. Tiene tres niños, dos varones y una niña. Su español es deficiente porque se comunica con más facilidad a través de su lengua materna.
Teresa manifestó su temor a que la malaria vuelva a tocar su entorno porque sus tres niños enfermaron el año pasado y la recuperación «fue lenta y dolorosa». Todo se debe a la cantidad de zancudos que tienen invadida la comunidad, por la cercanía de las zonas mineras que crecen cada vez más.
«Como madre no es fácil ver sufrir a tus hijos, es triste y muy duro. Yo también tuve paludismo y sé lo fuerte que es esa enfermedad. Aquí no tenemos una ayuda del alcalde, quien solo se preocupa por hacer política y visita cuando vienen elecciones, del resto ni se acuerda».
Reveló también que cuando logró llevar a su hijo al ambulatorio no le pudieron dar el tratamiento porque los medicamentos estaban vencidos, generándole más preocupación. A pesar de su molestia, no hubo forma de obtener las medicinas.
La Isla de Ratón cuenta con un ambulatorio rural tipo II, con deficiencias de personal. Solo hay un médico que atiende las emergencias. Además, se reporta escasez de medicamentos antimaláricos, lo que obliga a la población a trasladarse a Puerto Ayacucho o buscar otras alternativas en países fronterizos.
Teresa contó con la colaboración de su familia para trasladar a su hijo al Hospital Departamental Intercultural Renacer en Inírida, capital del departamento de Guainía, en Colombia. El niño ya llevaba tres días con fiebre y escalofríos a consecuencia de la malaria.
La ruta desde la isla El Carmen de Ratón hasta Inírida se realiza únicamente por la vía fluvial, a través de los ríos Orinoco y Guaviare. Se navega por 2 horas aproximadamente, dependiendo del nivel del río y la temporada. El costo de cruzar es de 100.000 pesos colombianos, unos $25 aproximadamente, pero varía por el cambio de la moneda en la frontera.
Luis Francisco, de 10 años, enfermó de malaria en enero de este año, al igual que sus dos hermanos. Califica esta experiencia como algo horrible, porque jamás pensó enfermarse de esa manera. Todas las noches le rezaba a Dios para que lo sanara porque su mamá no conseguía el tratamiento.
«Mi mamá me daba guarapo de matas para que se me bajara la fiebre y el escalofrío. Logró llevarme al ambulatorio, pero le dijeron que no había medicamentos. Yo estaba débil y a la vez asustado, hasta que me llevaron a un hospital de Colombia».
Con las manos atadas
La falta de recursos en las instituciones gubernamentales ha ocasionado el colapso en el sistema de salud. En el Hospital Materno Infantil funciona el Servicio de Orientación y Atención al Indígena (SAOI), cuya labor es cuesta arriba al no contar con el apoyo de la Dirección de Salud Indígena.
Durante la última semana de abril en este centro de salud, un facilitador indígena del pueblo Yanomami, Omar Nimo, denunció a través de su cuenta en la red social Facebook la falta de apoyo del actual director de la institución.
El trabajador del SAOI detalló que el funcionario no respondió las llamadas vía WhatsApp que le hizo en varias oportunidades para atender oportunamente a un menor de edad Yanomami. El niño falleció por una complicación.
Atendiendo a este caso, y ligado a otras quejas que han trascendido a los medios de comunicación, el Defensor Delegado del Pueblo, Gumercindo Castro, inició junto a diferentes defensores un operativo de evaluación de los centros de salud en Puerto Ayacucho.
La jornada comenzó en el Hospital doctor José Gregorio Hernández y en el Hospital Materno Infantil el lunes 8 de abril de 2026. En la actualidad el recorrido lo realizan en los ambulatorios que están en el casco de la ciudad y en las comunidades de los distintos ejes carreteros.
Dijo que a su despacho no han llegado denuncias o quejas de parte de los afectados, quienes a través de los medios de comunicación han manifestado un mal servicio, falta de medicamentos para tratar la malaria y malos tratos de parte de médicos y enfermeros hacia la población indígena.
El clamor del pueblo Jivi, así como de otras comunidades indígenas, es que las autoridades estén realmente presentes para la prevención de la malaria y la atención de los enfermos. Se sienten solos en la lucha contra la enfermedad. En lo profundo de la selva, Miriam veló para que su nieta cumpliera el tratamiento. La bebé tomó por tres días una tableta de Artemether y Lumefantrine, combinadas, de 20mg y 120mg cada 12 horas. La fiebre seguía aquejando su pequeño cuerpo y era lo que más le preocupaba a su abuela. No dejó de prepararle el té de pajeté liviano, para bajar la temperatura, y tampoco faltó el rezo del chaman, un rito arraigado a su cultura, un rito necesario.
Los hijos de Teresa no han enfermado más. Mientras tanto, Luis está recuperado. En marzo regresó a la comunidad con su familia. Juega, va a la escuela y comparte con sus hermanos. Su mayor temor es caer de nuevo enfermo de malaria y ver a sus padres angustiados por la falta de tratamiento y de dinero. No puede borrar el miedo de que un mosquito infectado puede picarlo otra vez.
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*Se utilizó un nombre ficticio para proteger la identidad de la entrevistada.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
