De acuerdo a la ONG Acceso a la Justicia, dos recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abren el camino hacia una interpretación progresiva de la Ley de Amnistía.
Según la organización, la primera decisión provino de la Sala de Casación Penal mediante una sentencia que advierte la existencia de un vacío legal en el artículo 12 de la Ley de Amnistía.
De acuerdo al TSJ, la normativa legal establece la posibilidad de impugnar decisiones relacionadas con la amnistía, pero no indica cuál es el órgano competente para conocer los recursos cuando la decisión impugnada ha sido dictada por una Corte de Apelaciones en las que hay condenas.
De acuerdo a Acceso a la Justicia, la Sala Penal consideró que una interpretación de la ley podía dejar sin protección el derecho a la tutela judicial efectiva y al doble grado de jurisdicción.
“Por ello decidió asumir excepcionalmente la competencia para conocer estos recursos de apelación, integrando el ordenamiento jurídico a fin de evitar que los solicitantes de amnistía quedaran sin posibilidad de revisión judicial. La decisión es especialmente relevante, porque garantiza que una negativa de amnistía dictada por una Corte de Apelaciones no sea definitiva e inapelable por simple silencio del legislador.”, expresó el comunicado de la ONG.
La segunda decisión relevante corresponde a la sentencia número 517 de la Sala Constitucional de mediados de mayo de este año en la que levantaron las medidas cautelares sobre el economista Alejandro Grisanti.
El director de Ecoanalítica tenía una medida prohibitiva de salida del país, de enajenar y gravar bienes y bloqueo de cuentas bancarias.
“La amnistía puede instituirse entonces, como una respuesta normativa orientada a la clausura de litigios sociales y al fortalecimiento de la cohesión nacional. La amnistía prevista constituye un mecanismo de alivio jurídico y reencuentro civil, fundamentado en la igualdad ante la ley y la justicia transicional. El texto se supedita a la supremacía constitucional, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la convivencia democrática”, reza el comunicado de Acceso a la Justicia.
Según la ONG, ambas decisiones tienen un denominador común: frente a vacíos o dudas interpretativas, el TSJ optó por soluciones que favorecen el acceso a los beneficios de la Ley de Amnistía.
“La Ley de Amnistía constituye un mecanismo importante para avanzar en esa dirección, pero no es el único. Su correcta aplicación debe complementarse con la actuación diligente de jueces, fiscales y demás autoridades competentes, así como con el respeto efectivo de las garantías constitucionales y de los estándares internacionales de derechos humanos”, se desprende del texto publicado por Acceso a la Justicia.
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