La reciente orden emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud orientada a disminuir las dosis y los refuerzos de las vacunas de inmunización a nivel nacional ha encendido las alarmas de los gremios médicos y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales coinciden en señalar que atenta directamente contra el desarrollo integral de los niños.
A través de un análisis, la organización Cecodap advirtió que la escasez de estos productos no puede ser un justificante para la desatención de la infancia y adolescencia, por lo que el retraso en los cronogramas de vacunación sitúa a la población menor de cinco años en un panorama de extrema vulnerabilidad médica.
La organización alegó que la nueva estrategia de vacunación vulnera los principios de beneficencia, no maleficencia y justicia, al permitir que las consecuencias de un plan deficiente de recursos recaigan de forma desproporcionada sobre un sector vulnerable que no ejerce ningún tipo de control sobre las decisiones del sistema sanitario como los niños.
Las objeciones surgen tras la divulgación de la circular emitida por el ministerio el pasado 29 de mayo, la cual ordena la dosificación restrictiva en vacunas que son fundamentales como la Pentavalente, la Vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), la Vacuna BCG (tuberculosis) y el Toxoide Tetánico-Diftérico, bajo el argumento de una optimización del limitado inventario de vacunas.
Frente a esta situación, los especialistas de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), Sociedades Científicas de Pediatría, Infectología, la Academia Nacional de Medicina y el doctor Huanides Urbina-Medina manifestaron que esto no representa una estrategia de administración técnica, sino una demostración del desabastecimiento en las instituciones.
Las estadísticas de la Oficina Panamericana de Salud correspondientes al año 2024 señalan que Venezuela apenas alcanza con suerte un 50% de cobertura vacunal en sus regiones más pobladas, una cifra que se ubica por debajo del 95% requerido por los organismos internacionales para certificar un sistema eficiente. La baja cobertura vacunacional deja en estado de desprotección a miles de niños frente a patologías que se pueden prevenir con la aplicación de los fármacos.
El impacto en la población infantil
La suspensión directa del primer refuerzo de la vacuna Pentavalente en menores de 18 meses, al igual que la del segundo refuerzo destinado a los infantes entre los 4 y 6 años, los deja expuestos a bacterias causantes de enfermedades. Las autoridades también postergaron la aplicación de la segunda dosis de la Vacuna SRP, lo que interrumpe la protección inmunológica masiva contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis en una etapa donde el crecimiento y la salud es crítica.
Afectar a los derechos infantiles adquiere una mayor gravedad al considerar las trabas logísticas que impone el racionamiento de la Vacuna BCG, cuya administración diaria quedó confinada a solo uno o dos establecimientos públicos por cada estado.
“Imagínate a una persona que vive al sur de Aragua que tenga que viajar horas para venir a Maracay a vacunar a su recién nacido con BCG y que, si no tiene cómo trasladarse, pues que vaya a ver qué resuelve sin protección y que no haya a quién reclamarle”, señaló el pediatra Alejandro Crespo Freytes, en información compartida en sus redes sociales
Crespo Freytes recordó que dosificar los refuerzos deja a los infantes abandonados de la protección necesaria frente a bacterias y virus de alto contagio que pueden derivar severas complicaciones de salud y hasta comprometer la vida.
Crespo Freytes insistió en que las vacunas no alcanzan por la baja inversión que hace el Estado venezolano, que “antes invertía hasta 48 millones de dólares anualmente en vacunas y en 2025. apenas destinó a las vacunas de tu hijo 4.2 millones de dólares según datos de la OPS”.
Consecuencias sanitarias
Las advertencias sobre las consecuencias y peligros sanitarios que este recorte puede traer no se han hecho esperar. La disminución de la coberturas de vacunación puede traer la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas en el territorio, como brotes de difteria y sarampión. Los gremios en el área de salud recuerdan que el éxito de estas inmunizaciones está en el aspecto preventivo de los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos que se logran evitar mediante una buena cobertura.
El doctor Huniades Urbina-Medina, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, manifestó el pasado jueves en declaraciones a periodistas su preocupación por el riesgo de que haya una nueva entrada masiva del sarampión al país por el inicio del Mundial de Fútbol en México, país que ya registra más de 11 000 casos de esta afección.
El especialista explica que el tránsito de venezolanos con esquemas de vacunación incompletos hacia el exterior del país puede elevar la probabilidad de que esta enfermedad regrese a Venezuela y esto puede resultar problemático, ya que el sistema de salud carece de las dosis necesarias para responder ante nuevos brotes.
Vulneración de los derechos
Desde la perspectiva jurídica, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, resaltó en un artículo publicado en su sitio web que las restricciones del suministro de vacunación vulneran directamente el artículo 47 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), el cual establece explícitamente el derecho que tienen los menores de edad a recibir la inmunización gratuita contra enfermedades prevenibles. Los defensores de los derechos humanos aclaran que la dotación de estos insumos médicos no es opcional, sino que es una garantía obligatoria que debe de prevalecer por encima de cualquier otra asignación de recursos públicos.
Y es que las estadísticas que registra la Organización Panamericana de la Salud, y mencionadas por el pediatra Alejandro Crespo Freytes, revelan un descenso drástico en el presupuesto destinado a insumos y tratamientos médicos por parte del gobierno venezolano, el cual pasó de tener inversiones de hasta 48 millones de dólares anuales a apenas destinar 4,2 millones para el año 2025.
Sin embargo, destaca que la insuficiencia de fondos no exime al oficialismo de sus responsabilidades para movilizar todas las herramientas financieras disponibles para poder gestionar vacunas dentro del país.
Restaurar el sistema
Para la mejora del derecho a la salud infantil, las organizaciones exigen la publicación oportuna y veraz de los datos sobre cobertura de medicamentos a nivel nacional, al igual que de los almacenes centrales y la situación epidemiológica actual de cada entidad, ya que la opacidad debilita la capacidad de los profesionales para dar respuesta y ayuda a nivel comunitario.
Finalmente, precisan que cualquier estrategia orientada a regular las dosis de vacunas disponibles debe considerar implementar un sistema de equidad que atienda prioritariamente a las comunidades más vulnerables del interior de la República. El médico Huniades Urbina-Medina, advirtió que en regiones como la Alta Guajira, Delta Amacuro y la Gran Sabana las coberturas reales apenas alcanzan un 20%, lo que expone a los niños de los pueblos indígenas a los impactos más fuertes del sistema sanitario.
Los especialistas coinciden en que la protección de la infancia de los riesgos de enfermedades necesita de acciones presupuestarias inmediatas y efectivas, y que cuando se atrasa la administración de una vacuna se quebranta de forma irreversible la protección de la vida de cada niño en el país.
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