Caracas, 15 de junio de 2026. El caso Pdvsa-Cripto fue presentado públicamente como una cruzada contra la corrupción. Desde el inicio, el entonces fiscal general, Tarek William Saab, presentó el caso Pdvsa-Cripto como una trama de corrupción de dimensiones históricas, vinculada presuntamente con un desfalco cercano a 23.000 millones de dólares relacionados con operaciones petroleras y criptoactivos.
Se expuso el expediente como una demostración de fuerza contra redes de corrupción enquistadas dentro del Estado y como una operación destinada a exhibir capacidad de castigo frente a uno de los mayores escándalos económicos de la historia contemporánea del país. La magnitud de las cifras convirtió inmediatamente el caso en un asunto tanto de interés nacional como mediático.
Este caso expone esa zona incómoda del poder venezolano: figuras que formaron parte del propio sistema chavista, entre ellas uno de los dirigentes más influyentes de la revolución bolivariana, Tareck El Aissami, hoy denuncian aislamiento, torturas, opacidad judicial y confiscaciones patrimoniales. Pasaron de ocupar posiciones estratégicas dentro del oficialismo a convertirse en víctimas de las mismas estructuras que durante años ayudaron a sostener.
En este sentido, no todos los presos políticos responden a la definición clásica de disidencia u oposición. En los sistemas autoritarios también existen antiguos aliados, empresarios y altos funcionarios que terminan atrapados por la naturaleza arbitraria de un aparato judicial subordinado al poder político.
Bajo esa realidad surge una categoría particular: la de los “presos del poder”. No se trata necesariamente de dirigentes opositores, activistas o periodistas. También pueden ser antiguos aliados, empresarios, altos funcionarios y operadores políticos que, por disputas internas, reacomodos de poder o cambios en los equilibrios del oficialismo, terminan enfrentando las mismas prácticas que durante años fueron denunciadas por los adversarios del gobierno.
Pero detrás de ese relato oficial, el mapa interno del poder venezolano comenzó a moverse como un tablero de ajedrez. Figuras que durante años ocuparon posiciones estratégicas dentro del chavismo desaparecieron del escenario político, mientras otras ascendían silenciosamente en medio del reacomodo.
En este sentido, una de las preguntas más difíciles de responder sigue siendo por qué un caso presentado con semejante gravedad tardó más de tres años en llegar a juicio. Si las autoridades disponían desde el comienzo de evidencias suficientes para anunciar públicamente un supuesto desfalco multimillonario y exhibir a decenas de detenidos ante el país, ¿qué explica una espera tan prolongada para iniciar el debate oral y público? El litigio penal contemporáneo demuestra que la tortura y el aislamiento incomunicado anulan retroactivamente toda la evidencia recaudada en la fase preparatoria, por lo que el debate central radica en si el juicio se ha convertido en un mecanismo de control político, pase de factura o redistribución interna de poder.
La interrogante adquiere mayor relevancia porque durante esos tres años, desde el 17 de marzo de 2023, muchos de los acusados permanecen privados de libertad, sometidos a torturas y aislamientos mientras el expediente avanza bajo un estricto hermetismo. Para familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos, la demora alimenta dudas sobre si el proceso respondió exclusivamente a criterios judiciales o si estuvo condicionado por factores políticos que trascendían la investigación penal.
Un mecanismo de control político
El concepto de “preso político” no depende exclusivamente de la ideología ni del oficio del detenido, no todos los presos políticos responden a la definición clásica de disidencia u oposición. La Resolución 1900 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada el 3 de octubre de 2012, define al preso político no por su ideología, sino por la arbitrariedad de la detención, la desproporción, la violación de garantías o la existencia de razones políticas detrás del encarcelamiento.
En sistemas autoritarios, incluso las autoridades legítimas pueden transformarse en mecanismos de control político, castigo ejemplarizante, confiscación patrimonial y disciplina interna del poder, escenario en el que los antiguos aliados, empresarios y altos funcionarios terminan atrapados por la naturaleza arbitraria de un aparato judicial subordinado al poder político.
El caso Pdvsa-Cripto expone cómo figuras que formaron parte del propio sistema chavista, entre ellas el entonces vicepresidente sectorial de Economía y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, hoy denuncian aislamiento, torturas, opacidad judicial y confiscaciones patrimoniales. Hoy son víctimas de las mismas estructuras que durante años ayudaron a construir.
La salida de El Aissami no fue menor. Marcó un reacomodo profundo dentro del chavismo. Su sustitución por Pedro Rafael Tellechea simbolizó precisamente ese relevo, el inicio de una nueva correlación de fuerzas dentro del control petrolero venezolano. Al producirse disputas internas, cambios de lealtades o reacomodos dentro del sistema, terminan sometidos a las mismas arbitrariedades que durante años denunciaron otros sectores de la sociedad.
Esa lógica permite entender el caso Pdvsa-Cripto desde una perspectiva más amplia. No se trata solamente de una investigación por corrupción. También es la forma en que el Estado venezolano juzga sin garantías procesales y con violaciones a los derechos humanos; es decir, utiliza el proceso judicial como un mecanismo de purga interna, castigo ejemplarizante y confiscación patrimonial, algo que, durante años, incluso desde el gobierno de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro en el poder, ya se aplicaba a los militares y miembros de la Fuerza Armada Nacional y sus familiares.
En las entrañas del poder, los procesos judiciales rara vez son únicamente asuntos meramente judiciales. También pueden convertirse en escenarios de ajuste interno, redistribución de cuotas de influencia y reconfiguración de lealtades.
En una Venezuela profundamente polarizada, los detenidos vinculados al poder pueden quedar atrapados en una zona de indiferencia política: para buena parte de la oposición, por su cercanía previa con el régimen; y para el propio régimen, porque podrían manejar información sensible sobre la estructura interna del poder.
Un juicio a espaldas de la sociedad
Por tratarse de un asunto de interés nacional, expertos afirman que el juicio debería desarrollarse bajo los más altos estándares de transparencia, apertura y control ciudadano. La posible existencia de corrupción debe investigarse, pero el debate radica en la forma en que el Estado procesa a los acusados y en si el juicio se ha convertido en un mecanismo de control político, pase de factura o redistribución interna de poder. Si el caso es presentado como una demostración de justicia contra la corrupción, ¿por qué impedir el escrutinio público? ¿Por qué se realiza a puertas cerradas un juicio que involucra miles de millones de dólares pertenecientes a la nación?
A tres años de las primeras detenciones, el juicio comenzó el 21 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas rodeado de cuestionamientos. Las declaraciones ofrecidas en audiencia han generado incomodidades, han abierto nuevas preguntas y reforzado las dudas sobre el proceso. Incluso El Aissami en su primera declaración solicitó en audiencia que el juicio se desarrollara de forma pública y televisada.
Lejos de avanzar hacia una mayor transparencia, las audiencias de las últimas semanas —en las que declararon Samark López, Hugbel Roa y los hermanos Di Grazia y Perdomo— han estado signadas por el hermetismo procesal. Además, existen elementos documentados sobre opacidad del expediente, juicio cerrado al público, allanamientos masivos, incautación o “aseguramiento” de bienes, prisión prolongada, denuncias de malos tratos y demoras procesales.
Fuentes vinculadas al proceso señalan que, después de varias audiencias presenciales, el juicio continúa de manera telemática. El cambio se produjo en medio de declaraciones que habrían generado incomodidad dentro del proceso y de crecientes cuestionamientos de las defensas sobre la falta de publicidad, transparencia y garantías. La decisión profundiza el hermetismo de un proceso que no solo debe determinar responsabilidades penales, sino responderle al país dónde está el dinero, quiénes participaron en la trama y por qué una causa de evidente interés nacional se conduce bajo condiciones que limitan el escrutinio público.
Para Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, el tiempo transcurrido antes de la apertura formal del juicio, tres años después, revela la excepcionalidad del caso y, al mismo tiempo, la precariedad del sistema judicial venezolano. «Esperar tres años para que se abra ese caso en particular, que tiene unas dimensiones gigantescas, la verdad que en cualquier país podría parecer insólito. En Venezuela, conociendo cómo es el sistema de justicia, la verdad no nos sorprende», afirma en entrevista con El Nacional.
De Freitas sostiene que la detención de Tareck El Aissami y de parte de su entorno político y económico evidenció una fractura dentro de la coalición de poder. Según su lectura, tuvo que producirse un daño patrimonial de enormes proporciones para que una parte del oficialismo avanzara contra otra. «Tuvo que ocurrir un caso de esas dimensiones, un daño patrimonial tan gigantesco para que se rompiera parcialmente esa coalición que está en el poder», señala.
Pero la apertura del proceso no ha significado claridad. Por el contrario, la investigación sigue sin ofrecer respuestas fundamentales como dónde está el dinero, quiénes participaron, qué empresas intervinieron, quién recibió el petróleo, quién lo vendió, quién cobró y por qué esos recursos no ingresaron a Pdvsa ni al Tesoro Nacional. «La justicia no ha cambiado, porque a pesar de que inició este proceso judicial, lo que hemos estado escuchando hasta el momento ha sido una información muy precaria», advierte De Freitas.
El juicio, desarrollado bajo fuertes restricciones de acceso, ha sido cuestionado por familiares y abogados defensores. Las denuncias apuntan a un proceso a puertas cerradas, con limitaciones para la defensa, dificultades para acceder plenamente al expediente y ausencia de información pública suficiente sobre un caso de interés nacional.
«Lo primero que tendría que hacer la justicia es hacer una investigación y presentarle al país cuáles son los resultados de esa investigación. Tendría en efecto que haber un juicio público», subraya.
A esa mirada se suma la advertencia del abogado y defensor de derechos humanos Alfredo Romero, quien considera que este tipo de procesos no puede analizarse únicamente desde la apariencia formal de una causa penal. A su juicio, el problema de fondo es el uso del sistema judicial como instrumento de control, persecución o castigo. «Lo que hemos visto en este tipo de procesos, lamentablemente, es que no se busca la justicia, sino que existe más bien un fin político regularmente detrás de estos casos», afirma Romero.
Recordó que la privación preventiva de libertad tiene límites establecidos en la legislación venezolana y que mantener a una persona detenida durante años sin juicio efectivo convierte el proceso en una forma anticipada de castigo.
Límites legales de la privación preventiva de libertad
El artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal establece un límite máximo de dos años para la detención preventiva, obligando a que el proceso continúe con los imputados en libertad. Excepcionalmente, las autoridades competentes pueden acordar una prórroga por un año adicional, fijando el tope absoluto en tres años.
A su juicio, esa demora no es accidental, sino parte de una práctica que prolonga la incertidumbre, debilita a los acusados y convierte el proceso mismo en sanción.
Romero introduce otro elemento: las denuncias de violaciones a los derechos humanos dentro del proceso. Afirmó que una denuncia de tortura o malos tratos no puede tomarse como una verdad judicial automática, pero sí obliga al Estado a investigarla de inmediato. No hacerlo, advierte, prolonga la vulneración.
«No podemos simplemente decir que hay una violación grave a los derechos humanos solo por la denuncia de un detenido. Obviamente, la denuncia lo que debe traer inmediatamente, y si eso no está ocurriendo se siguen vulnerando los derechos humanos, es la investigación de lo que allí se ha denunciado», sostiene.
El abogado señaló que esa obligación deriva de la legislación venezolana contra la tortura y compromete tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo. «Eso de conformidad con la ley contra la tortura, que obliga a la investigación e incluso coloca a la Defensoría del Pueblo en una posición necesaria de determinar y de proceder a esa posible investigación, o instar esa investigación de conformidad con la ley», explica.
Para Romero, el nivel de interés público del caso exige una actuación institucional más activa. En su opinión, la Defensoría del Pueblo debería presentarse en el juicio y observar directamente lo que ocurre en las audiencias. Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes de la defensa, no se ha asignado un defensor al caso.
Las irregularidades denunciadas en el caso Pdvsa-Cripto permiten hablar de presos del poder, detenidos sometidos a un proceso en el que la justicia parece actuar más como instrumento de control que como vía para esclarecer la verdad. Hasta ahora, según las denuncias de las defensas, no existe una investigación pública, completa y verificable sobre el entramado de corrupción, el destino del dinero ni las responsabilidades reales detrás del presunto desfalco.
El juicio oral, además, se desarrolla ante el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en delitos asociados al terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero, una instancia cuestionada por las defensas al considerar que las causas de terrorismo no serían aplicables a la naturaleza del caso.
En las audiencias participan el fiscal Eddy Rodríguez y un representante de la Procuraduría que, según fuentes confidenciales, no formulan preguntas a los acusados durante el debate oral. Esa falta de intervención refuerza las dudas sobre la profundidad del proceso y alimenta la percepción de un juicio cerrado, irregular y estructuralmente distante de una verdadera búsqueda de la verdad.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
