El gobierno de Colombia oficializó este lunes la asignación de una millonaria partida de recursos económicos destinada a impulsar la infraestructura de interconexión eléctrica con Venezuela.
Las obras de acoplamiento e integración se concentrarán en el departamento selvático del Vichada, en la franja fronteriza oriental que conecta a ambas naciones.
El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, durante una agenda de trabajo institucional en Puerto Vichada, capital de la entidad fronteriza.
«El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela», manifestó Palma.
Y añadió: «La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo económico de la región y consolidar la hermandad entre nuestros pueblos».
El plan de enlace fronterizo forma parte de un paquete global de inversiones que asciende a 89.000 millones de pesos (aproximadamente 25,7 millones de dólares).
Este fondo estatal también tiene el propósito de expandir las redes de cobertura eléctrica en las zonas rurales del departamento, robustecer las subestaciones locales y acelerar la incorporación de tecnologías de generación limpia.
«Mientras avanzamos en la integración energética con Venezuela, también estamos transformando la vida de las comunidades con inversiones en energía limpia», subrayó Palma.
La estrategia de integración energética por parte de Bogotá se hace pública apenas dos días después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la firma de un «acuerdo histórico» con la corporación multinacional IMPSA.
Esa alianza comercial está orientada a reactivar y concluir las obras civiles de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como Tocoma, emplazada en el sureño estado Bolívar.
De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo venezolano, el convenio técnico con la firma latinoamericana busca «avanzar en trabajos del sistema eléctrico nacional que permitirán sumar 2.640 megavatios, en aras de garantizar la estabilidad de este servicio público esencial de la población e impulsar el crecimiento económico».
Como parte de este viraje en la política energética tras la reconfiguración institucional en Caracas, la administración de Rodríguez formalizó la creación de una comisión presidencial especializada.
Este órgano autónomo asumirá la tarea de licitar, evaluar y seleccionar a los contratistas y consorcios privados –nacionales e internacionales– que deseen invertir en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El sector, históricamente centralizado bajo el control del Estado, arrastra prolongado período de deterioro estructural.
Venezuela experimenta interrupciones diarias en el suministro de fluidos eléctricos, con impacto acentuado en las provincias y regiones apartadas del distrito capital.
Mientras que el ala política ligada al chavismo ha atribuido tradicionalmente el colapso del sistema a los efectos de las sanciones económicas internacionales lideradas por Estados Unidos, los gremios de ingenieros, analistas y sectores de la oposición sostienen que el desabastecimiento es la consecuencia directa de esquemas de corrupción administrativa y la falta sostenida de mantenimiento técnico en las plantas de generación y transmisión.
Con información de EFE.
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