Familiares de las víctimas de la Masacre de El Junquito, ocurrida el 15 de enero de 2018, clamaron este miércoles justicia durante una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.
Las víctimas del procedimiento, en el que participaron alrededor de 500 funcionarios militares y policiales -también se denunció la presunta participación de colectivos armados del chavismo-, fueron Óscar Pérez, Abraham Israel Agostini, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Díaz Pimentel y Lisbeth Andreína Ramírez, quien estaba embarazada.
“Mi mensaje para ustedes es que se haga justicia por Venezuela, por reivindicar el nombre de cada uno de ellos, porque ellos fueron tildados de terroristas. Ellos asumieron la autoridad constitucional que les dio el artículo 350, que reza que cualquier venezolano puede levantarse en lucha cuando el gobierno se convierta en una dictadura. El artículo 350 fue la bandera de ellos. Les agradezco, sobre todo, justicia; que se limpie el nombre de ellos”, manifestó Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini, durante el acto.
Estaba prevista la participación telemática de Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez, quien era funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero debido a una situación de salud no pudo rendir su declaración. Estuvieron presentes los representantes legales de las víctimas, entre ellos el abogado Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal.
“Plomo para los terroristas”
Gloria de Mees, comisionada y relatora para Venezuela de la CIDH, aclaró que el Estado venezolano no acreditó agentes que lo representaran en la audiencia a pesar de que se les solicitó oportunamente.
De Mees indicó que Pérez, líder del grupo, formaba parte del Movimiento de Equilibrio Nacional, grupo que en diciembre de 2017 ingresó a cuarteles de la Guardia Nacional Bolivariana y sustrajo armas, y recordó que luego de esos hechos Nicolás Maduro ordenó “plomo para los terroristas”.
Señaló que el 15 de enero de 2018 Pérez, Agostini, Soto, los hermanos Lugo, Díaz y Ramírez estaban resguardados en una vivienda de El Junquito cuando las fuerzas de seguridad asaltaron violentamente el lugar. Sostuvo que, de acuerdo con los videos grabados por el propio Pérez durante el procedimiento, él y las demás personas que lo acompañaban se rindieron, pero todos murieron por heridas de bala en la cabeza.
La comisionada indicó que los cuerpos fueron entregados a sus familiares días después y que estos no pudieron decidir sobre aspectos relacionados con los funerales. Señaló que algunos allegados fueron intimidados y posteriormente se vieron obligados a abandonar el país.
La “certeza de que serían ejecutadas”
En el informe de la CIDH sobre el caso se concluyó que las siete víctimas fueron rodeadas e intimidadas antes de morir y se determinó que el Estado no demostró que el grupo ofreció resistencia durante el operativo.
Por el contrario, la Comisión afirmó que las pruebas recopiladas muestran que los agentes estatales realizaron múltiples disparos pese a que el grupo se había rendido.
La instancia, principal órgano de la Organización de Estados Americanos, concluyó que las víctimas fueron rodeadas e intimidadas con la “certeza de que serían ejecutadas”. Respecto a los familiares, señaló que sufrieron afectaciones derivadas de las muertes y de las limitaciones para decidir sobre el funeral, la ubicación y el traslado de los cuerpos.
La CIDH señaló que notificó al Estado venezolano su informe de admisibilidad y fondo el 11 de julio de 2023 y le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, pero no recibió información de las autoridades sobre su implementación.
“Me siento orgullosa de que entregó su vida por el país”
Abraham Agostini tenía 33 años de edad cuando lo mataron. Su madre manifestó que se siente orgullosa y satisfecha porque el joven “entregó su vida” por la libertad de Venezuela.
“Me siento muy orgullosa y satisfecha, aunque me duela en el alma, de que Abraham entregó su vida por la libertad del país. Siempre tuvo pensamientos libertarios e irrevocables, porque era un hombre lleno de patriotismo. Él también cumplió con su servicio militar y, de allí, pues, salió con una estima por la patria mucho mayor, con más seguridad y más disposición para luchar por el país”, manifestó.
Tras las múltiples irregularidades que se registraron en la entrega del cuerpo de su hijo y las denuncias que hacía, Zeila Agostini comenzó a ser objeto de persecución y, como consecuencia, se vio obligada a mantenerse bajo perfil y a cambiar de residencia en un barrio de Caracas.
Treinta y cuatro días después de la masacre, salió de Venezuela por la frontera con Cúcuta, en Colombia, pero su destino era Perú, donde residía una de sus hijas. Allí permaneció durante cuatro años hasta que comenzó a sentir que estaba en riesgo tras la llegada a la presidencia de ese país del socialista Pedro Castillo, a quien el gobierno de Maduro le solicitó el listado de todos los venezolanos que se encontraban allí en calidad de refugiado.
Posteriormente se trasladó a Costa Rica, donde solicitó asilo.
“Como venezolana, a mi hijo le dolía Venezuela y una de las cosas que siempre me decía era que él iba, de alguna manera, a hacer un trabajo muy grande por su país, porque no resistía ver tanta gente en la calle, niños hurgando en la basura. De lo poco que teníamos en la alacena, él hacía algo de comida y les llevaba. Vivíamos a tres cuadras del Palacio de Miraflores, en el barrio La Pastora, y ahí se daban ese tipo de situaciones”, expresó.
“Creo que ese aliento de libertad y de hablar así de muchos venezolanos existe desde 2014. Él participó mucho en esas manifestaciones y así me lo decía: ‘Mamá, vengo de la resistencia, de allá de la Plaza Altamira’, más que todo donde se reunía el grupo de estudiantes y el pueblo en las marchas. Él participó muchas veces y se pudiera decir que, políticamente y de manera civil, luchó por el país, pronunciándose a través de esas manifestaciones de estudiantes y del pueblo”, añadió Agostini.
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