La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evalúa la responsabilidad internacional del Estado venezolano por los hechos del 15 de enero de 2018 en Caracas, conocidos como la “Masacre de El Junquito”. Aquel día, un masivo operativo militar y policial cercó el chalé donde se resguardaba un grupo disidente liderado por el exinspector del Cicpc Óscar Pérez.
A pesar de las transmisiones en vivo que evidenciaban la firme intención de entrega del grupo, las fuerzas de seguridad atacaron la vivienda con armamento pesado y un lanzacohetes. El procedimiento culminó con la muerte de siete personas, entre ellas Óscar Pérez, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Lugo, José Alejandro Díaz Pimentel, Lisbeth Ramírez y Abraham Agostini.
Representantes de Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center exponen ante la Corte argumentos sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos denunciadas, incluyendo la alegada vulneración del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de los fallecidos.
También participará como perito el Dr. Giancarlo Fiorella de Bellingcat, quien expuso hallazgos derivados de investigaciones independientes sobre los acontecimientos.
Identidad y motivaciones de Abraham Agostini
Por el lado de las víctimas compareció la señora Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini. La abogada Isabel Roby, representante del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, inició el interrogatorio preguntándole a la testigo quién era Abraham Agostini, cuál era su relación con él y cómo se estructuraba la vida de la familia.
La señora Agostini describió a su hijo como un hombre sencillo, humilde y con una profunda empatía social en su comunidad de La Pastora, en Caracas. Allí colaboraba de manera recurrente repartiendo alimentos a personas vulnerables.
Zeila Agostini precisó que el trasfondo de las acciones de su hijo no correspondía a las tipificaciones de delincuencia difundidas por los medios oficiales. Él manifestaba ideas libertarias fundamentadas en el artículo 350 de la Constitución nacional, que ampara la desobediencia civil.
“Me siento muy satisfecha, orgullosa de que, aunque me duela en el alma, Abraham entregó su vida por la libertad del país”, afirmó la madre, quien identificó el año 2014 como el punto de inflexión donde su hijo asumió un rol activo en las manifestaciones antigubernamentales.
Sobre el día de los hechos, Isabel Roby pidió a la señora Agostini que detallara sus vivencias y recuerdos exactos de la madrugada y mañana del lunes 15 de enero de 2018.
La señora Agostini relató que mantenía comunicaciones muy esporádicas con su hijo mediante dispositivos ajenos por razones de seguridad. El 15 de diciembre de 2017, Abraham le notificó su salida hacia la clandestinidad diciéndole únicamente: “Mamá, voy a una misión bastante delicada. No te puedo decir mucho. Voy a la clandestinidad a luchar por mi país”.
Durante la madrugada del 15 de enero de 2018, el desvelo y la falta de noticias marcaron las horas previas al desenlace. A las 7:30 de la mañana, la señora Agostini descubrió en su teléfono celular un mensaje de voz que contenía la última voluntad de Abraham. Él le explicaba que el grupo había sido localizado, que se encontraba herido y que negociaban una entrega pacífica en presencia de periodistas y fiscales. Era un mensaje “donde prácticamente era su última voluntad y se estaba despidiendo”.
Tras perder el contacto de forma definitiva, la confirmación del fallecimiento llegó al día siguiente a través de la televisión. Las autoridades difundieron las imágenes bajo el rótulo de una “célula terrorista desmantelada”.
El impacto emocional sumió a la madre en un estado de parálisis física inmediata. “Mi reacción emocional fue en verdad quedarme paralizada y sentí que mis pulmones y mi corazón se paralizó, como si fuera una anestesia”, describió textualmente sobre ese instante.
Irregularidades forenses y el traslado forzoso
La señora Agostini describió un escenario de tensiones constantes con las autoridades del organismo forense. La primera gran fricción surgió porque “el régimen pretendía cremar los cuerpos, y eso fue una lucha constante”, que según explicó, fue liderada por su hija María Virginia.
Asimismo, denunció que los funcionarios intentaron obligarles a firmar una constancia donde se narraba “que habíamos evidenciado ya los restos de nuestros familiares”. Tanto ella como otros deudos se opusieron tajantemente respondiendo: “Esto no se suscribe, porque yo no he visto los restos de mi hijo”. Tras exigir la presencia de un fiscal, el reconocimiento físico se efectuó el jueves.
Al ingresar, constató que la fisonomía de su hijo se encontraba destruida de forma alarmante. “Mi hijo, su humanidad estaba completamente destrozada. Para mí fue muy fuerte, le pedí a Dios que me diera la fuerza para poder estar allí”, relató.
“Se violaron todos nuestros derechos postmórtem, funerarios, en el cementerio, fue terrible. Nunca nos entregaron los restos de nuestros hijos, ellos lo hicieron como ellos quisieron”, denunció. Agregó que fue “un entierro forzado, donde se nos dio apenas 15 minutos” y que los entregaron en un cajón “prácticamente con papel y tela clínica”.
La señora Agostini relató que el entierro se realizó de forma apresurada y unilateral por parte de las autoridades. “Fue un entierro forzado en tiempo récord. Hay un un video donde yo le digo, ‘yo me voy a tirar en ese hueco, pero a mi hijo no me lo van a enterrar como un perro porque él tiene familia’”, rememoró con indignación ante el tribunal.
Al describir el estado de los restos de Abraham durante el reconocimiento, la señora Agostini declaró: “Mi hijo tenía más de 50 perforaciones en el cuerpo y las heridas como con arma blanca”, detallando de forma específica la presencia de múltiples lesiones punzantes en la zona del pecho.
Persecución interna y la ruta del exilio
Tras los hechos, la señora Zeila Agostini relató que su vivienda en Caracas fue objeto de un allanamiento arbitrario por parte de las fuerzas de seguridad. “Esa gente estuvieron en la casita donde yo vivía con mi hijo, sin orden de cateo, sin nada, pretendiendo, no sé, sembrar algo”, denunció ante los jueces.
Ante los reportes de personas cercanas en el Ministerio de la Cultura —donde es funcionaria jubilada— que sabían “cómo se estaban moviendo las estrategias del régimen para apresarme a mí por una nota de voz que dejó mi hijo, y que se viralizó”, la señora Agostini huyó del país a los 34 días del operativo.
Salió por la frontera con Colombia donde le ofrecieron protección, pero su ruta migratoria la condujo a Perú, donde obtuvo refugio por cuatro años. No obstante, tras un cambio de administración política en 2021, el consulado venezolano emitió un oficio “exigiendo los listados de todos los venezolanos que estábamos en calidad de refugio, violando así nuestra protección internacional”.
Esta situación forzó un nuevo desplazamiento hacia Costa Rica. Al llegar a la oficina de migración local, le entregó el oficio consular a la directora. “Ella allí pues lo tomó, lo leyó, se levantó, y me abrazó, y me dijo, bienvenida a Costa Rica”, recordó con profunda gratitud. Ante la consulta de si existían condiciones seguras para retornar a su país, contestó: “Bueno, las condiciones de seguridad no están de verdad”.
Impacto en el núcleo familiar y las descendientes
Abraham dejó cuatro hijas, que para el momento tenían ocho, siete, cinco y cuatro años. Especificó que dos de las hijas “viven en la parte rural del estado Lara allá en Venezuela, y las otras dos viven en una en Lara y la otra en Mérida”. Explicó que como familia siempre han mantenido el acercamiento para que las niñas “estén conscientes de quién es su papá” y de por qué no está con ellas.
En la actualidad, su permanencia en Costa Rica se sustenta gracias al soporte de su hija mayor y las remesas de sus otras dos hijas radicadas en el exterior, complementado por una cobertura del seguro social costarricense.
Peticiones de reparación integral ante el tribunal
La señora Agostini fundamentó su petición en la obtención de una declaración de verdad jurídica internacional que revierta los calificativos penales de “terroristas” impuestos por el Estado sobre las siete víctimas del operativo de El Junquito. Solicitó formalmente ante los magistrados “que se haga justicia por todas las cosas que hemos tenido de pérdidas emocionales”.
Al constatar que en el ordenamiento interno de su país de origen no existe ningún expediente judicial abierto ni intenciones de investigar las muertes, ubicó a la Corte IDH como la única instancia capaz de dictar una resolución imparcial que limpie la memoria de su hijo.
“Es el único ente pues que es que he podido estar porque en mi país, por supuesto, no hay justicia, ni siquiera pues hay un expediente abierto ante las autoridades de allá de lo que pasó”, concluyó.
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