Luego de la operación militar liderada por EE. UU. conjuntamente con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que inició desde el pasado 9 de junio, en el municipio El Callao, ubicado al sureste del estado Bolívar, han surgido algunas interrogantes en torno al número de víctimas que dejó el despliegue militar de la Fuerza Armada y la confirmación de la muerte del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, que aún se mantiene en duda.
Sobre estos señalamientos, Oscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), conversó este martes 16 de junio en el programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrado por Runrunes, TalCual y El Pitazo. Durante la entrevista, el activista confirmó el desplazamiento de habitantes en Las Claritas y el kilómetro 88, como consecuencia del conflicto que se registra en la zona.
“Son situaciones que comprometen la vida y la integridad física de la población civil. Lo irregular de todo esto es que además el gobierno venezolano no había dicho nada (…) actúa después del comunicado de la Casa Blanca informando sobre la muerte del “Niño Guerrero”’, dijo. Morillo indicó que el Gobierno nacional está en la obligación de emitir información que sea “contundente, corroborada y contrastada” de ese operativo.
El coordinador de Provea aseguró que en la población de El Callao hay incertidumbre sobre si, a partir de la operación, desapareció la presencia del crimen organizado en el control de minas en la zona o, por el contrario, fue sustituido por otro grupo delincuencial. “No hay un plan estructural (por parte del Estado)”
“Hay desplazamiento importante (de personas) producto del temor, de lo que representa un operativo militar, que no es solamente del ejército venezolano, como ya ocurrido, que simplemente eran operativos para quitar a un grupo (delictivo) y poner al otro. Es decir, el nivel de complicidad de las autoridades con el tema de la minería ilegal está más que comprobado. La diferencia en este punto es que mucha gente toma en serio este operativo militar en el que está detrás la inteligencia estadounidense, que tiene otros intereses que son tratar de reducir la actividad asociada al narcotráfico y el oro”, apuntó.
Desconocían la presencia de Héctor Guerrero Flores
Según Morillo, algunos habitantes de la zona minera desconocía la presencia de Héctor Rusthenford Guerrero Flores alías “Niño Guerrero” en la zona.
“Quien tenía una presencia mayor y se eximia de vez en cuando era (…) Johan Petrica. Incluso cuando ocurrió el operativo militar, todo el mundo en esa zona pensó que quien había caído era precisamente Johan Petrica”. Aseguró que hasta ahora no hay manera de confirmar la información sobre lo comunicado, en principio, de Estados Unidos y luego por la administración interina de Delcy Rodríguez.
“No todo trabajador minero es delincuente”
El ataque, descrito por Donald Trump como “rápido y letal” contra el líder del Tren de Aragua, provocó un cambio en la forma de organización de mineros para la extracción de oro. De acuerdo a la periodista de investigación, Ronna Rísquez, estos grupos criminales eran los encargados de brindar la logística y la seguridad de la operación de extracción en las minas, a cambio recibían un porcentaje de la venta de este mineral.
En este sentido, Murillo sostuvo que no todo trabajador minero es delincuente, por lo que es necesario considerar su situación.
“Hay mucha gente que (…) tuvo que irse a una mina, producto de la búsqueda de una subsistencia diaria. Yo creo que allí hay un problema grave. La gran incertidumbre que hoy embarga a la población es: ¿qué va a pasar después de esto?”
La población indigena también es un foco de preocupación para Provea. De acuerdo a la organización defensora de derechos humanos, el segundo problema que afecta a estas comunidades es la presencia de bandas delictivas en su territorio. Este nuevo conflicto podría generar desplazamiento nuevamente de bandas delincuenciales hacia sus zonas.
“Muchos de los territorios controlados por grupos armados, en realidad ya eran estructuras que habían estado en comunidades indígenas y tuvieron que desplazarse buscando un margen de seguridad para ellos. Es verdad también que algunos, sobre todo generaciones de jóvenes indígenas amenazados por las propias circunstancias, han tenido que involucrarse en las actividades mineras” subrayó.
El Poder Ciudadano no se ha pronunciado
Luego de ocho días del despliegue militar, hasta ahora ni el fiscal general Larry Devoe ni la defensora del pueblo, Eglée González, han emitido un comunicado oficial aclarando lo sucedido en la zona de Las Claritas y el Kilómetro 88 y las víctimas que dejó el bombardeo de Estados Unidos.
Sí lo ha hecho el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, quien denunció la movilización de cinco mil mineros desde ese territorio hacia Ciudad Guayana. Además reportó la paralización de autobuses y el control en puntos de seguridad vial.
Al respecto, el coordinador de Provea, pidió a las autoridades representantes del Poder Ciudadano aclarar esta situación.
“El fiscal general de la República y la defensora del pueblo no se han pronunciado sobre este tema. Han guardado silencio desde que nos enteramos del operativo y del despliegue militar. Ambos funcionarios tienen, por mandato constitucional, mucho qué decir sobre esta materia”, concluyó Murillo.
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