Un contingente de 13.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Ecuador comenzó a movilizarse este jueves hacia cuatro de las regiones con mayores índices de criminalidad del país.
La medida busca robustecer las acciones contra las mafias del narcotráfico y se produce inmediatamente después de que el presidente Daniel Noboa firmara un nuevo decreto de estado de excepción que abarca a casi la mitad del territorio nacional.
Las unidades militares serán retiradas temporalmente de zonas con baja incidencia delictiva para concentrarse en las provincias costeras de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Manabí y El Oro (en el límite fronterizo con Perú), así como en la provincia tropical de Los Ríos.
Estas demarcaciones geográficas registran picos críticos de violencia debido a que son corredores estratégicos en las rutas logísticas que emplean las bandas criminales para el envío de cargamentos de droga hacia mercados de Europa y Norteamérica.
El despliegue contempla la intensificación de patrullajes terrestres y fluviales, el endurecimiento de controles de armamento, municiones y explosivos, y la ejecución de asaltos tácticos contra grupos armados locales.
El general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), detalló la prioridad de este despliegue masivo durante el recibimiento de unos 210 uniformados en la base aérea de Guayaquil.
De la fuerza movilizada, se especificó que aproximadamente 6.000 soldados se asentarán de forma fija en Guayas, sumándose a las tropas de una provincia que hasta el pasado mes de mayo concentraba 1.521 asesinatos de los 3.485 contabilizados en todo el territorio ecuatoriano.
«El objetivo es disminuir principalmente las muertes violentas y tener el control de las ciudades que están catalogadas como más violentas», señaló Bedoya ante los medios de comunicación. «El objetivo es dar esa percepción de seguridad a nuestra población», añadió el alto mando militar.
Esta masiva movilización de tropas coincide con el anuncio del presidente Noboa de iniciar una fase de «guerra total» contra el crimen organizado.
El mandatario ratificó la vigencia del «conflicto armado interno» declarado originalmente en 2024, introduciendo esta vez una cláusula que faculta el despliegue de tropas extranjeras en suelo ecuatoriano bajo un régimen de inmunidad jurídica mientras participen en misiones conjuntas.
Asimismo, el decreto presidencial establece que el Ejecutivo otorgará indultos, rebajas o conmutaciones de penas a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a civiles que actúen en operaciones de defensa estatal contra las organizaciones terroristas.
A pesar de las nuevas prerrogativas legales, el general Bedoya matizó que hasta la fecha no se ha confirmado el arribo de contingentes militares de otros países al territorio, aclarando que la cooperación internacional se mantendrá bajo los esquemas de asesoría estratégica y soporte tecnológico por parte de naciones aliadas como Estados Unidos.
La nueva ofensiva gubernamental busca revertir una tendencia crítica: a pesar de los sucesivos estados de excepción implementados desde el inicio de la gestión de Noboa, el año 2025 cerró con un récord histórico de 9.281 asesinatos, disparando la tasa nacional por encima de los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes y consolidando a Ecuador como una de las zonas más peligrosas de Latinoamérica.
Con información de EFE.
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