El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción por un lapso de 90 días ante la radicalización de las protestas y los bloqueos que golpean al país desde hace seis semanas.
Aunque el gobierno de centroderecha consolidó un acuerdo de pacificación con la Central Obrera Boliviana (COB), facciones indígenas y sectores cocaleros rechazaron el pacto y mantuvieron el cierre de rutas, lo que provocó el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad.
El dirigente centroderechista había logrado un acuerdo el viernes con la central sindical COB para pacificar el país, pero indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros del expresidente Evo Morales (2006-2019) decidieron mantener los bloqueos de carreteras.
Obreros, campesinos e indígenas comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de rutas para exigir al gobierno solución a la crisis económica, la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad que generó malestar general.
Tras la falta de acuerdos, todos esos sectores proclamaron el tema de la renuncia presidencial y la interrupción de caminos se extendió a todo el país. También durante varios días ocurrieron choques con la policía en La Paz que, junto a su vecina El Alto, sufre una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles.
«Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional», afirmó el jefe de Estado, durante un mensaje que el canal estatal difundió desde el Palacio de Gobierno. Además, aseguró que toma la medida ante «un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo».
El gobierno de centroderecha de Paz, que asumió en noviembre tras 20 años de poder de izquierdas, acusa al exgobernante Morales de empujar las manifestaciones y de usar dinero proveniente del tráfico de drogas, aunque no han dado pruebas.
Morales se encuentra oculto en la región de Chapare cocalero, en el centro del país, para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega. También ha rechazado las denuncias de vínculos con el narcotráfico.
Militares y policías en acción
Paz, en su mensaje, declaró haber «instruido a la Policía Boliviana, a las Fuerzas Armadas, ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población».
El decreto, que la Gaceta de Bolivia publicó horas después, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Los ministerios de Gobierno y Defensa emitirán resoluciones conjuntas para restringir los derechos a la circulación, locomoción y reunión, cuando sea necesario hacerlo. El Congreso deberá ratificar el decreto, de acuerdo a ley, y convocará a reuniones en las próximas horas.
El decreto de excepción llega tras un acuerdo el viernes del gobierno con la COB. Mario Argollo, máximo líder de la organización, declaró que «desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional».
Hay «compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que suscribieron», agregó. Paz saludó el acuerdo, al afirmar que «el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
