Táchira.- Yeraldy González, capitana de la Guardia Nacional, está presa desde 2024. La madre de la militar detenida, Belkis Villamizar de González, denunció que su hija es víctima de detención por ordenar una revisión de rutina en su puesto militar, en Táchira.
Villamizar contó a El Pitazo que su esposo sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) debido al estrés de esperar la liberación de su única hija, que tiene dos años presa en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira.
El 28 de mayo de 2024 Yeraldy González estaba en el punto de control militar en La Pedrera, municipio Libertador, en el que tenía tan solo cinco días a su cargo, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la detuvieron. Hasta el 5 de junio la familia tuvo conocimiento de la aprehensión de González.
La madre relató: «Para mí, eso fue un secuestro. Y apareció porque introdujimos un Habeas Corpus y la presentaron como el 12 de junio de 2024. Yo pido justicia porque ella no ha hecho nada».
Familiares de militares presos denuncian presiones para renunciar a las defensas privadas
La madre de la militar insiste en su inocencia
A Yeraldy González la acusan de terrorismo, traición a la patria, desobediencia militar y por armar una trama de corrupción y extorsión. Para la madre es inconcebible que le imputen esos delitos: «¿Cómo iba a hacer todo eso que le dicen con solo cinco días en La Pedrera? Es imposible».
De acuerdo con la versión de la familia, González mandó a revisar una camión que pertenecía a un amigo del comandante del batallón de La Pedrera y por ello fue detenida y acusada de cinco delitos.
Además, la madre reportó que el tribunal cuarto de juicio militar en San Cristóbal otorgó medidas cautelares a los demás guardias nacionales que estaban en la misma causa, pero la capitana sigue presa.
Otra de las irregularidades sobre el caso de la capitana es que, según denuncia su mamá, el exesposo, un mayor general de la Guardia Nacional, le exigió que despida a su abogado privado y acepte a un defensor público. Villamizar aseguró que: «Lo que quieren es que nadie la defienda y condenarla siendo inocente».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
