A más de 48 horas de los dos sismos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio de 2026, las cifras de la tragedia continúan en ascenso a medida que avanzan las complejas labores de remoción de escombros.
La presidenta encargada con aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, suministró el más reciente balance oficial, confirmando que el número de víctimas fatales se elevó a 589 personas, mientras que la cifra de heridos se sitúa en 2980 a nivel nacional. Agregó también que, ante la gravedad del escenario y para coordinar la asistencia humanitaria “de forma eficiente”, tomó la decisión de militarizar el estado La Guaira, zona decretada en desastre.
Este incremento en los registros refleja la magnitud del impacto provocado por dos sismos consecutivos de gran intensidad (magnitudes 7,2 y 7,5) que golpearon el territorio con apenas 39 segundos de diferencia. La catástrofe ha puesto a prueba la precaria infraestructura del país y profundizando la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
La dimensión del desastre ha movilizado los pronunciamientos de los organismos internacionales. De acuerdo con las estimaciones preliminares de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas de manera directa o indirecta por el desastre.
Ante la gravedad de la emergencia humanitaria, la comunidad internacional ha comenzado a articular mecanismos de apoyo, coincidiendo con el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre un levantamiento temporal de sanciones económicas hasta el 23 de octubre de 2026, destinado exclusivamente a facilitar el ingreso de ayuda humanitaria para la contingencia.
Las evaluaciones técnicas iniciales estiman que al menos 346 construcciones estructurales —que abarcan edificios multifamiliares, centros comerciales y centros de salud— sufrieron daños de gravedad o colapsaron por completo tras los movimientos telúricos.
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