La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de EE.UU. demostró que agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) lavaron dinero del narcotráfico, fueron cómplices de narcotraficantes, recibieron sobornos, robaron cargamentos de drogas y violaron derechos humanos.
Así lo señaló una investigación del diario Milenio que analizó las auditorias realizadas por la OIG en los últimos diez años, y en las que se denunció la falta de control de la DEA sobre sus miembros.
Por ejemplo, un memorando fechado en septiembre de 2024 reveló que, en sus exámenes de polígrafo, agentes de la DEA que operaban en el extranjero reconocieron que en sus operativos habían cometido torturas, asfixia con bolsas y descargas eléctricas.
Otra auditoría descubrió que agentes la DEA cometieron lavado de dinero con el pretexto de infiltrarse en los cárteles, lo que fue posible gracias a una supervisión deficiente que permitió que gastaran fondos de manera ilegal.
Además, en septiembre de 2024, la DEA contrató a 184 personas pese a que no habían aprobaron el polígrafo, y les dieron acceso a material clasificado.
Complicidad narco
La corrupción ha sido una constante en la última década, ya que un caso de 2015 documentó que diez agentes que trabajaban en Colombia participaron en fiestas con prostitutas pagadas por narcotraficantes locales, quienes les dieron dinero en efectivo, regalos costosos y armas.
Años más tarde, José Irizarry, un agente de origen puertorriqueño, desvió a sus cuentas personales y a las de sus cómplices nueve millones de dólares procedentes de investigaciones encubiertas sobre lavado de dinero, además de que recibió sobornos a cambio de permitir las operaciones de un cártel en Colombia. Con su nueva e ilegal fortuna adquirió joyas, autos de lujo y una casa.
Destacan las historias de agentes que, cuando se jubilaron, se aliaron con los narcos, como Manuel Recio, quien robó información confidencial y se la vendió a los abogados de los capos que eran investigados; y Paul Campo, quien trabajó 25 años en la DEA y luego se puso al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar 12 millones de dólares a través de criptomonedas, bienes raíces y contrabando de efectivo.
Otros agentes, en tanto, han optado por falsificar certificados de destrucción de cargamentos de drogas para quedarse con las sustancias y revenderlas.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
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