Este lunes, 29 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ofreció un balance sobre las labores de atención y los daños causados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio.
A cinco días del doblete sísmico, Rodríguez informó que la cifra de fallecidos aumentó y se ubica en 1.719, 5.034 personas están heridas, mientras que 15.866 están damnificados.
Un total de 22.619 ciudadanos han sido atendidos en hospitales, hospitales de campaña y puntos de triaje, según el presidente de la AN.
De las 12.402 personas que ya recibieron asistencia médica directa: 7.234 fueron atendidas en los puntos de triaje establecidos, 4.093 recibieron atención en el estado La Guaira y 527 pacientes críticos fueron trasladados a Caracas.
Balance oficial crea más dudas que certezas
Un deja vu del reporte coronavirus se empezó a sentir con los balances diarios de muertos y heridos que ofrece el gobierno nacional, después de los dos terremotos que estremecieron este miércoles 24 de junio a Venezuela y que dejaron una estela de dolor y tristeza.
A propósito de este reporte, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) expuso en X que es perentorio que el Estado ofrezca acceso a cifras oficiales. “Necesitamos cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional”.
“De alguna manera es algo que hemos exigido desde el primer día, un poco para tener una correspondencia con los mensajes”, dijo el director de Provea, Oscar Murillo.
El periodista sentenció que es misión de las organizaciones exigir transparencia en el manejo de la tragedia. “Tanto desde el punto de vista, digamos del impacto de la tragedia, como también con respecto a los procesos”, sentenció.
Para Murillo es necesario que se permita el escrutinio de los recursos que se destinan para paliar la crisis generada por los terremotos.
El director de Provea sostuvo que si se establece un patrón informativo similar al manejado durante el coronavirus, habrá que elevar la voz.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
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