Las familias de cinco jóvenes asesinados en Caracas durante operativos policiales entre 2017 y 2020 presentaron una demanda federal en Brooklyn, Estados Unidos, contra Nicolás Maduro, a quien acusan de autorizar ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas, según una publicación del medio The New York Times.
El caso, amparado en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, busca responsabilizar a un jefe de Estado ante un tribunal estadounidense, algo poco habitual en la justicia internacional.
La demanda describe cómo policías armados irrumpieron en viviendas de barrios populares, sometieron a hombres y adolescentes, y los ejecutaron en el lugar. Las casas fueron saqueadas y se llevaron cualquier cosa que tuviera el más mínimo valor.
Una de las madres relató a The New York Times que su hijo de 20 años fue asesinado en su propia casa al amanecer de 2017, en un operativo donde los agentes incluso simularon un tiroteo posterior. Su caso aparece en los expedientes como “John Doe 3”.
«No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo. A mí el Estado me mató a mi hijo«, dijo la mujer, identificada como Jane Doe 1 en la demanda.
Según la acción judicial, estas muertes forman parte de una ofensiva policial impulsada por Maduro bajo la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, luego rebautizada como FAES.
Los demandantes —tres madres, un padre y una mujer cuyos dos hermanos fueron ejecutados— recurrieron a seudónimos para protegerse de represalias. Aunque muchos han denunciado públicamente los crímenes, sus abogados consideran que ahora enfrentan mayores riesgos al señalar directamente al entonces jefe del Estado venezolano.
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Maduro está en una prisión de Nueva York. Allí fue trasladado después de que el ejército estadounidense entrara en Venezuela en enero para detenerlo por acusaciones de delitos relacionados con las drogas.
Nadie está por encima de la ley
El Centro Guernica 37, organización jurídica internacional que impulsa el caso, afirma que la demanda busca demostrar que nadie está por encima de la ley. Solicitan indemnizaciones punitivas y compensatorias, y destacan la determinación de las familias para enfrentar la impunidad que, según ellas, domina el sistema judicial venezolano.
Los demandantes describen escenas de brutalidad y saqueo: uno de ellos cuenta que la policía robó la consola de videojuegos de su nieta y la ropa de su hijo, al punto de que tuvo que comprarle un traje para enterrarlo. Otro relata que su hijo fue abatido en 2020 durante una irrupción policial sin orden judicial.
Informes de Naciones Unidas respaldan estas denuncias. Entre 2018 y 2019, las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6.856 personas en supuestos enfrentamientos, muchos de ellos manipulados con armas sembradas o disparos en paredes para simular resistencia.
Pese a ello, Maduro elogió públicamente al FAES y prometió apoyo logístico. En Venezuela, algunos agentes de bajo rango fueron detenidos, pero los casos se dilataron o fueron anulados.
Fiscales que intentaban avanzar eran apartados. Para las familias, esta impunidad fue el motor para acudir a instancias internacionales, convencidas de que en su país no habría justicia.
El caso se suma a precedentes en Estados Unidos donde se ha intentado responsabilizar a altos funcionarios extranjeros por violaciones de derechos humanos.
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