La ciudadanía no se conforma con la destitución y el arresto de los cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), vinculados al intento de hurto de dólares entre los escombros de Playa Grande, en La Guaira. La presión social se traslada ahora a la fiscalía y los tribunales para exigir una condena que disipe las dudas de la comunidad.
Los funcionarios implicados fueron identificados como Aguilar Reyes Maya, Fredy Lugo Oliveros, Roger Omaña y Josué Burgos Sánchez. Todos fueron separados de forma definitiva e irrevocable de sus cargos en la institución, informó el director del organismo, Douglas Rico. La medida se tomó luego de que se viralizara un video en las redes sociales.
En la grabación se observa a un grupo de mujeres increpándolos en las ruinas de Residencias Vallarta, luego de los dos terremotos del 24 de junio. El altercado ocurrió cuando los uniformados presuntamente intentaron robarse unas divisas que se encontraban ocultas entre los escombros y que pertenecían a los damnificados.
La Guaira | Mujeres rompen dólares que estaban entre los escombros para evitar robo del Cicpc
Los arrestados quedaron a la orden de la Fiscalía 68 Nacional con competencia en corrupción. A pesar de esta respuesta de la institución policial, la opinión pública mantiene dudas sobre la legitimidad a largo plazo de este procedimiento.
¿Show político?
En medio del dolor por la tragedia natural, sectores de la población no descartan que estos arrestos formen parte de una puesta en escena o un «show» mediático temporal ejecutado por el gobierno para calmar la indignación social.
“Anoten los nombres y en 6 meses los buscan en la página del TSJ”, escribió un usuario en redes sociales. De esta forma dejaba clara su incredulidad de que los uniformados sean sancionados.
“Esto es una mentira más, seguro quieren desviar nuestra atención para ocultar la negligencia demostrada al atender esta tragedia”, dijo otra persona.
En medio de estas dudas, los ciudadanos exigen constancias de que los exfuncionarios recibirán un castigo penal y que el proceso no se diluirá a puertas cerradas una vez que baje la presión en las redes.
Hurto calificado
El debate central se concentra ahora en la rigurosidad con la que el Ministerio Público aplicará las leyes penales venezolanas. Al respecto, el abogado y exfiscal del Ministerio Público, José Luis Azuaje, explicó a El Pitazo que las acciones de los detenidos configuran el delito de hurto calificado, tipificado en el artículo 453 (ordinal segundo) del Código Penal venezolano.
Azuaje aclaró que el caso cuenta con agravantes determinantes. El primero es la «calamidad pública», pues el delito se cometió aprovechando la vulnerabilidad del terremoto, lo que legalmente se conoce como hurto calamitoso.
El segundo agravante es la función pública que cumplían dentro del Cicpc. De acuerdo con el experto legal, debido a la gravedad de estos elementos, la pena a enfrentar supera los seis años de prisión y podría alcanzar un máximo de diez años de cárcel.
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