Tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, la actuación de cuerpos policiales y militares en Venezuela ha generado severos cuestionamientos por parte de la sociedad civil y las organizaciones de rescate. Ciudadanos y voluntarios en las zonas afectadas documentan y exponen diversas irregularidades cometidas por los funcionarios del Estado en medio de la contingencia humanitaria.
Las denuncias abarcan desde la inacción en las labores de salvamento hasta el hurto de pertenencias personales y dinero en efectivo entre las estructuras colapsadas. Los habitantes de las regiones más golpeadas, como La Guaira, increpan directamente a los uniformados, reclamando la falta de apoyo operativo y la priorización de labores de vigilancia sobre las tareas de rescate de sobrevivientes.
A este panorama se suma el amedrentamiento contra periodistas que cubren la emergencia y la imposición de trabas logísticas para el traslado de asistencia humanitaria. La respuesta de los organismos de seguridad pública agudiza la tensión en los perímetros de desastre, provocando la indignación de las comunidades afectadas.
Funcionarios hurtan dinero y pertenencias hallados en escombros
El martes, 30 de junio, usuarios en redes sociales denunciaron que un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) presuntamente sustrajo dólares en efectivo localizados entre los escombros de las estructuras afectadas por los sismos en las residencias Vallarta de Playa Grande, estado La Guaira.
En un video se muestra al efectivo con el logo de la institución sosteniendo los billetes mientras los vecinos lo confrontan y rompen varias piezas de 100 dólares para impedir que el funcionario se las llevara bajo el argumento de que constituían una “evidencia”.
Ese mismo día, el director del Cicpc, Douglas Rico, publicó un comunicado oficial en sus redes sociales donde constató que un grupo de funcionarios se apropió de valores económicos hallados entre los escombros en La Guaira, desviándose de sus deberes durante las labores de asistencia. La institución ordenó la separación definitiva de sus cargos y el inicio de una averiguación disciplinaria para la destitución de los involucrados.
Asimismo, la División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública detuvo a los ciudadanos Maya Aguilar Reyes, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josue Jhonatan Burgos Sánchez, quienes quedaron a la orden de la Fiscalía 68 Nacional con Competencia en Materia de Delitos Contra la Corrupción del Ministerio Público.
Previamente, en un video difundido el 27 de junio, se registró el momento en que un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) localizó dólares en efectivo entre los escombros de la zona de desastre en La Guaira. Los civiles presentes en el lugar obligaron a los uniformados a romper los billetes para evitar que se los apropiaran, mientras les gritaban calificativos como “lambucios, muertos de hambre”.
Pero el hurto no se limita a dólares en efectivo. En un video publicado el 29 de junio se observa a efectivos militares mientras extraen electrodomésticos de uno de los edificios colapsados en el estado La Guaira. La persona que realizó la grabación describió el acontecimiento como “la desgracia humana”.
También, el 29 de junio, la madre de un joven de 17 años que estaba aún bajo los escombros de la OPP-25 de Tanaguarena denunció: “Los policías no han hecho nada. Ellos mismos se han prestado para robar también. Hay bastantes policías y guardias que los han sacado robando nuestras cosas. Pensábamos que nos venían a ayudar y lo que han hecho es el vandalismo en nuestras comunidades”.
Policías y militares interrumpen labores de búsqueda
El 29 de junio, el representante de la organización de rescatistas Topos de Chile, Francisco Lermanda, denunció que militares venezolanos hostigan a su personal dentro de la zona de desastre, interrumpiendo las tareas de salvamento para exigir de manera reiterada sus documentos de identidad debido a sospechas de presunto espionaje.
En una entrevista televisiva, relató que un funcionario armado ingresó al sector de los edificios colapsados donde los rescatistas trabajaban dentro de los túneles. “Una de nuestras rescatistas le preguntó al militar: ‘oye, amigo, tú me has pedido mis documentos al menos cinco veces en estos días que llevamos acá. Cinco veces. Y ya sabes mi cara, ¿Sabes cómo me llamo?’ Y el militar respondió: ‘nosotros tenemos órdenes de chequearlos cada cierto tiempo. Pueden ser espías de los yanquis, espías de EE. UU., espías de Chile’”.
Las críticas por inacción
El 29 de junio, se generó una ola de indignación y críticas tras la publicación de un video en las redes sociales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde se mostraba a efectivos militares en supuestas labores de rescate. Los usuarios de las plataformas digitales señalaron que los uniformados solo movían tierra y piedras sin un propósito real de búsqueda. La FANB eliminó el video de sus redes sociales.
Posteriormente, en un video difundido el 28 de junio en el sector Caraballeda, decenas de personas que participaban en los trabajos de socorro confrontaron a un grupo de militares dedicados exclusivamente a la vigilancia. En un video publicado el domingo 28 de junio por la noche, un voluntario en las labores de con mascarilla y linterna en la frente increpa enfrenta a la FANB cerca de la zona del desastre.
“Pa’ echarnos plomo y coñazo sí (…) Cuando están en la autopista en la Francisco Fajardo son malotes. Demuéstrenme tu maldad aquí Con un pico y una pala”, manifestó el ciudadano a los funcionarios.
Amedrentamientos contra periodistas
Otro video grabado el 26 de junio, el comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Robinson Navarro, amenazó con detener al locutor Gabriel Tinoco mientras este transmitía en vivo a través de Instagram desde un edificio derrumbado en Caracas.
El funcionario ordenó al comunicador retirarse del lugar o de lo contrario lo trasladaría a la sede del organismo de inteligencia, e intentó quitarle por la fuerza el teléfono celular con el que registraba el suceso. “Yo soy el comisario general Robinson Navarro del SEBIN. O te vas por las buenas tranquilito pa’ allá o te llevo pal’ Sebin”, le dijo el funcionario al periodista.
También, el 29 de junio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó que Luis Hugas, periodista del canal Venezolana de Televisión, fue liberado tras permanecer retenido durante algunas horas en la sede de Polichacao. El incidente ocurrió mientras Hugas operaba un dron autorizado en las inmediaciones del edificio Obelisco de Altamira. Efectivos militares abordaron al reportero para confiscar sus equipos de trabajo y, posteriormente, funcionarios policiales lo trasladaron a la comisaría, momento que aprovecharon los militares para ingresar al vehículo del periodista y tomar parte de sus pertenencias, las cuales devolvieron horas más tarde.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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