Los dos fuertes terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio provocaron derrumbes y daños severos en unas 855 edificaciones, de las que 189 colapsaron en su totalidad. La situación ha dejado hasta la fecha 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridas, producto de la devastación originada por el desastre natural.
En medio de ese panorama, RT conversó con la ingeniera venezolana Valentina Páez Hernández, experta en el área de ingeniería sismorresistente y de evaluaciones de riesgo sísmico, control de obras y estudio de suelo, para conocer más detalles sobre cómo se distribuyeron los daños a edificaciones a lo largo de la ciudad.
De acuerdo a los reportes preliminares, algunas zonas de la Gran Caracas (Distrito Capital y parte del estado Miranda) resultaron más afectadas que otras, especialmente tres edificaciones en Chacao y otras tres en San Bernardino, en el municipio Libertador. Ambas zonas están separadas por unos nueve kilómetros de distancia.
Cuestión de normativa
La experta recuerda que la primeras normas sísmicas para la construcción en Venezuela surgieron tras el potente terremoto de Caracas, registrado en 1967, un evento natural que golpeó severamente a las zonas de Los Palos Grandes y San Bernardino.
«Nuestras primeras normas sísmicas o un código que viene con un componente de especificaciones para tener un diseño refinado ante la acción sísmica, nace en 1982», explica Páez Hernández.
De acuerdo al precedente, el impacto en San Bernardino y en Los Palos Grandes no es fortuito, sino que obedece a «una condición especial de sedimentos profundos», indica la ingeniera, lo que explica por qué se convierten en zonas de alto riesgo ante movimientos telúricos: los terremotos amplifican violentamente las ondas sísmicas.
Según el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, más allá de las mencionadas zonas de riesgo, en toda Caracas resultaron afectadas centenares de edificaciones, a los que actualmente se les realizan evaluaciones para determinar sus condiciones.
«Son más de 300 edificios que estamos revisando, que sufrieron el impacto del sismo y que tienen daños. Estos edificios los estamos revisando», indicó el funcionario al Diario Vea. Las evaluaciones determinarán si esas edificaciones son habitables o no.
Las zonas con mayor riesgo
Según varias investigaciones de Funvisis, la zona con más sedimentos profundos en el Área Metropolitana de Caracas es Los Palos Grandes, con 360 metros de profundidad. Esta condición provoca que las ondas se amplifiquen con mayor intensidad.
En el caso de San Bernardino, la situación es similar, aunque posee una profundidad de 120 metros de sedimentos. Además, pese a que están separadas, la reacción de la cuenca de Los Palos Grandes incide sobre la que está ubicada en el municipio Libertador.
Un estudio de Funvisis sobre el «Modelado numérico de la respuesta sísmica 2d del valle de Caracas» detalla que el vínculo entre ambas zonas está en «la forma de la cuenca y su topografía», que inducen a «efectos de borde» y aumentan «los valores de amplificación obtenidos en los extremos de la cuenca y generando ondas superficiales», lo que determina que «existe una clara correspondencia entre ambas».
Por otro lado, el perfil sísmico capitalino se asocia también con el estado La Guaira en zonas como Caraballeda, una de las más afectadas del litoral central, y que tiene una profundidad de sedimentos de 450 metros.
El nexo se sostiene porque tanto Caracas como La Guaira reposan al pie del macizo del Parque Nacional Waraira Repano. En el caso de litoral, el estado se asienta sobre una franja costera muy estrecha y en terrenos de relleno con sedimentos y suelos menos consolidados, lo que aumenta drásticamente el riesgo de colapso ante grandes movimientos telúricos.
La Guaira, además, es una región geológicamente inestable debido a que la Cordillera de la Costa está atravesada por importantes sistemas de fallas activas, como la de San Sebastián (en el mar Caribe) y la falla del Ávila. Es por ello que esa región también resultó afectada en el terremoto de 1967.
«Lección aprendida»
El primer terremoto de 1967 dejó «una lección aprendida», que llevó a la creación de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el 26 de julio de 1972, resalta la ingeniera venezolana.
«Desde ahí se empiezan a desarrollar nuestros códigos sísmicos para un diseño refinado de estructuras y se profundiza en la tectónica de placas y la microzonificación sísmica, de la mano con universidades y otros entes de investigación, que han actualizado de manera recurrente nuestro marco normativo», explica Páez.
Desde entonces, tanto la comunidad científica como las autoridades han realizado investigaciones para mejorar y actualizar las leyes de construcción antisísmica en Venezuela. «Nuestro último marco normativo es bastante exigente y se actualizó recientemente en 2019», precisó la especialista.
La normativa sismorresistente creada por Funvisis para establecer los criterios obligatorios de diseño y construcción surgió en respuesta al terremoto de 1967, por lo que todas las edificaciones levantadas previamente se consideran antiguas y, en consecuencia, con mayor riesgo a sufrir daños.
Sin embargo, muchas de estas edificaciones se han mantenido en pie, tanto en el terremoto de 1967, como en los dos consecutivos de este 2026. Por ello, a partir del código sísmico vigente, Páez estima que se pueden evaluar estas edificaciones capitalinas y hacer especial énfasis en las ubicadas en Los Palos Grandes y San Bernardino, que son justamente las zonas ‘rojas’.
«Sobre dónde construir, cómo y si es posible construir o no, eso va a depender de la ubicación, el tipo de diseño de la estructura y cuánto es la demanda sísmica que exige el terreno, según la norma actual. Cada sismo es una lección aprendida que nos dará datos adicionales para mejorar nuestras obras y para construir ciudades más resilientes», agregó Páez.
En el caso de la normativa vigente, una vez pasado este nuevo evento de gran magnitud, la especialista consideró que debe hacerse una evaluación y comparación del comportamiento de las estructuras nuevas construidas con la norma de 2019, con el objetivo de verificar sus estados ante el nuevo panorama sísmico.
«Con eso veremos qué tal fue su comportamiento ante la acción sísmica y verificaremos si nuestro marco normativo necesita nuevos ajustes para garantizar mayor seguridad en las construcciones», remarcó la ingeniera.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
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