La emergencia nacional que provocó el doblete sísmico del 24 de junio dejó en evidencia la inacción del Estado en su deber de proteger a los más afectados. Es una de las conclusiones a las que llegó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al evaluar la actuación del Gobierno luego de los terremotos del 24 de junio.
JEP denuncia que fallas logísticas, opacidad informativa y obstáculos administrativos no solo agravaron la situación, sino que, además, dejaron al descubierto la desarticulación estructural que impidió la asistencia oportuna a las miles de víctimas en Caracas y La Guaira.
En ese contexto, el informe “El Estado abdicó su deber de proteger” elaborado por la ONG devela cómo la inoperancia institucional, la burocracia y la censura no solo vulneraron derechos fundamentales, sino que sometieron a orfandad estatal a miles de ciudadanos.
Indica que, ante la inacción del Gobierno, familias enteras se vieron obligadas a buscar a sus parientes y allegados utilizando herramientas rudimentarias para remover toneladas de escombros y trasladando cuerpos sin apoyo técnico ni logístico. En redes sociales abundan las denuncias de que la ayuda gubernamental se activó tres días después de los terremotos.
A continuación las claves más relevantes del informe de JEP:
La paradoja de un Estado inoperante
En el análisis realizado por la ONG, se contrasta la capacidad táctica del Estado para la coacción frente a su nula articulación logística para asistir a las víctimas. Respaldado por cifras recientes de Acnur, el texto resalta que un 39 % de los desplazados ha quedado a la intemperie, lo que evidencia la ausencia de refugios que cumplan con estándares mínimos de dignidad.
Depredación burocrática y extorsión
Justicia, Encuentro y Perdón documentó la transformación del aparato estatal en un obstáculo para las víctimas. El texto denuncia la burocratización extrema que impide el acceso de rescatistas locales y expone la escandalosa exigencia de pagos ilícitos —que ascienden hasta los 1000 dólares— para la entrega de cadáveres a sus familiares.
La censura como agravante
El análisis tipifica el bloqueo informativo y la opacidad en las cifras oficiales no solo como una violación de la libertad de expresión, sino como un riesgo civil que aísla a las víctimas, torpedea el auxilio internacional y genera un caos logístico en la distribución de la ayuda humanitaria.
Marco jurídico vulnerado
El informe advierte que recibir ayuda es un derecho inalienable de la víctima, y procurarla es un mandato imperativo e indelegable del Estado.
La ONG recalca que la asistencia humanitaria “no es una concesión del poder” y que “los acuerdos suscritos ante Naciones Unidas y la arquitectura jurídica global obligan al Estado a proveer ayuda inmediata, abstenerse de obstaculizar el flujo de socorro y, al verse superado en su capacidad de respuesta, solicitar y facilitar la cooperación internacional de manera transparente y sin condiciones políticas”.
Resiliencia civil frente a la orfandad estatal
El informe de Justicia, Encuentro y Perdón reconoce la voluntad y empatía incondicional del pueblo venezolano. Consolida el compromiso de la sociedad civil organizada para documentar, denunciar y acompañar a las víctimas en la exigencia de verdad y justicia.
Aclara que el informe no es solo un diagnóstico del desastre de los últimos ocho días, sino un registro minucioso para evitar que la narrativa oficial y la censura sepulten la memoria de los afectados y la responsabilidad institucional.
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