La Torre de Residencias Caribe, en el sector Los Cocos de Caraballeda, estado La Guaira, dejó de ser un edificio. Ahora es una montaña de concreto fracturado debajo de la cual, en algún punto que nadie ha podido alcanzar todavía, podrían estar los morochos Aron y Aranza Mendoza Orias, de 13 años de edad. La última vez que alguien tuvo noticias de ellos estaban ahí, en su apartamento, junto a su madre, Yesenia Orias.
Y fue antes de los terremotos.
Ahora su paradero es un misterio. Ariari Mendoza —esposo de Yesenia y padre de los morochos— no se detiene: camina entre los escombros, pregunta, remueve piedras con las manos cuando hace falta, vuelve a preguntar. Con él trabaja un grupo de familiares y amigos que llegaron a excavar por su cuenta, porque la ayuda de organismos gubernamentales ha sido escasa: cuando los rescatistas aparecen, lo hacen sin la maquinaria necesaria para romper el concreto apilado.
El 27 de junio, a tres días de los sismos, lograron abrirse paso hacia dos de las habitaciones, pero no vieron a los adolescentes. Y como no percibieron malos olores, pensaron que habían logrado salir o que continuaban allí con vida.
Desde Caracas, Andrés García, primo de los morochos, de 37 años, sigue haciendo su propia búsqueda. Le preocupa, sobre todo, que Aron es autista. Eso significa que si alguien lo encuentra —vivo, desorientado, asustado— puede que el niño no logre decir quién es ni de dónde viene.
Los morochos son parte de los 3 millones 900 mil niños, niñas y adolescentes que —según estimaciones de Unicef— viven en las zonas venezolanas afectadas por los terremotos recientes. Todos ellos, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), merecen protección especial.
El estruendo de los sismos dejó inhabilitada la sede en La Guaira del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el órgano municipal encargado de garantizar y restituir los derechos de los menores de edad cuando son vulnerados o amenazados. Los cinco consejeros de protección del estado fueron ubicados con vida, mas no ilesos del desastre: uno de ellos resultó lesionado y otros quedaron con el duelo de haber perdido a familiares y personas cercanas.
A los tres días, se dictaron las instrucciones para ellos y para todo el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes —es decir, el conjunto de instituciones y políticas públicas diseñado para garantizar el pleno goce de sus derechos—: fueron comunicados en la cuenta de Instagram del Idenna (Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), ente rector encargado del sistema de protección de la niñez.
Y al día siguiente, el cuarto día, la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela (Asonacop) fue informada de la habilitación de una sede provisional en La Guaira, donde entonces comenzaron a operar cuatro consejeros activos en coordinación con otros agentes del Estado y organismos internacionales.
Pero un informe de la organización no gubernamental Cecodap y la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) determinó que el Sistema de Protección mantiene una capacidad básica de respuesta pese al impacto de la emergencia, lo cual permitió evitar —hasta el 2 de julio cuando se publicó el informe— un escenario de desprotección masiva de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, señalan que, entre las costuras del Sistema de Protección que han quedado expuestas con la emergencia, están la informalidad y fragmentación de la coordinación interinstitucional –uso de contactos telefónicos, grupos de mensajería, comunicaciones bilaterales y ofrecimientos de apoyo, en lugar de un mecanismo formal y permanente– y la ausencia de protocolos establecidos previamente para situaciones de desastres.
“La emergencia reveló ciertos vacíos. La potencial necesidad de flexibilizar competencias territoriales, movilizar consejeros de otros municipios, dictar medidas fuera de la jurisdicción ordinaria y utilizar figuras excepcionales, sugiere que el marco ordinario del Sistema de Protección no ofrece respuestas suficientemente claras y expeditas para situaciones catastróficas de gran escala”, expone el informe.
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
