La administración de Delcy Rodríguez aseguró el 29 de junio, que todas las familias afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio, tendrían soluciones habitacionales antes de finalizar el año.
La afirmación fue realizada durante la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas. En su alocución, Rodríguez dijo que el Ministerio de Vivienda y Hábitat desarrolla actualmente proyectos para atender la emergencia.
«El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible; hay miles de soluciones antes de que finalice el año«, aseguró Rodríguez.
Cinco días después, el 4 de julio, su administración informó que la cifra oficial de damnificados superaba las 17.000 personas, entre quienes permanecen en refugios temporales y quienes perdieron completamente sus viviendas a causa del doblete sísmico.
Sin embargo, la promesa de construir viviendas en apenas seis meses contrasta con una deuda habitacional, que en Vargas, se arrastra desde hace más de dos décadas.
El Pitazo confirmó que al menos tres refugios para damnificados, uno de ellos desde 1999, continúan funcionando de manera permanente en diversos espacios geográficos de la entidad costera.
Allí conviven familias afectadas por la Tragedia de Vargas, que cumple 27 años en diciembre, personas que perdieron sus viviendas durante las lluvias excepcionales de 2010 y habitantes provenientes de sectores populares tanto de La Guaira como del área metropolitana de Caracas, que perdieron sus viviendas entre los años 2013 y 2014.
Los refugios identificados son: las viviendas de transición conocidas popularmente como los iglús, dentro del Centro de Adiestramiento Naval Capitán de Navío Felipe Santiago Esteves, en Catia La Mar; la antigua sede del Liceo Lorenzo González, en Montesano (Carlos Soublette) y el albergue transitorio Padre Machado, ubicado en el sector Navarrete de Maiquetía.
Tres refugios, tres historias
En los tres refugios confirmados por El Pitazo hay una constante común: todos han escuchado durante años, promesas similares a la hecha por Delcy Rodríguez.
El más grande de estos espacios es el campamento de viviendas de transición construidas dentro del Centro de Adiestramiento Naval Capitán de Navío Felipe Santiago Esteves (Canes), en Catia La Mar, conocidas popularmente como los iglús, por la forma de sus estructuras prefabricadas.
Un total de 92 familias, provenientes de sectores populares de La Guaira, Caracas y Valles del Tuy, permanecen en este complejo habitacional temporal que fue habilitado tras las lluvias extraordinarias de 2010 para albergar a quienes perdieron sus viviendas.
Aunque desde entonces numerosas familias han sido reubicadas en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el refugio nunca ha quedado desocupado. Cada vez que algunos residentes reciben una vivienda definitiva, nuevos damnificados ocupan los espacios disponibles.
La más reciente protesta de estos damnificados ocurrió en abril de 2026, cuando los residentes exigieron respuestas sobre sus solicitudes habitacionales y tomaron la avenida El Ejército de Catia La Mar. Un año antes, un grupo decidió trasladarse hasta el Palacio de Miraflores para solicitar personalmente al entonces presidente Nicolás Maduro la adjudicación de viviendas. La manifestación fue dispersada por funcionarios militares, quienes argumentaron que se trataba de una “zona de seguridad”.
Mariena López conoce esa realidad de primera mano. Permaneció diez años en los iglús antes de recibir un apartamento en la Opppe 36 en Playa Grande, uno de los edificios afectados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
«Yo viví diez años en ese refugio y todavía quedan familias allí en el Canes. El tema es que nunca queda vacío; van sacando familias y vuelven a llenarlo. Ahora dicen que nos darán respuesta en seis meses. Lamentablemente yo no lo creo, porque viví diez años para tener un techo que fuera mío y solo lo disfruté por tres años», relató.
Otro de los refugios identificados por El Pitazo funcionaba en la antigua sede del Liceo Lorenzo González, ubicado en la avenida principal de Montesano.
Hasta el último censo realizado antes del terremoto permanecían allí 41 familias, aunque tras la emergencia sísmica parte de sus habitantes fue trasladada a otros refugios debido a las condiciones de la estructura.
Jenny Domínguez, líder comunitaria del refugio, recordó que en febrero de este año el gobernador litoralense José Alejandro Terán, les anunció el inicio de un proyecto habitacional desarrollado junto al Ministerio de Vivienda para atender a todas las familias del liceo, en un terreno ubicado entre Tanaguarena y Naiguatá.
Sin embargo, tras el terremoto, las expectativas volvieron a quedar en suspenso. «Nosotros nos metimos en este refugio porque nos quedamos sin techo. Tenemos trece años en este liceo y hemos pasado las verdes y las maduras. El gobernador Terán nos prometió un techo y ahora, con esto del terremoto, estamos peor que antes».
La historia más prolongada es la del albergue transitorio Padre Machado, ubicado en el sector Navarrete de Maiquetía. Allí permanecen 18 familias, muchas de ellas provenientes de zonas vulnerables de Maiquetía, que ocuparon la edificación luego de que fuera abandonada por sus propietarios tras la tragedia de Vargas de 1999.
Desde entonces, aseguran haber participado en numerosos censos y operativos gubernamentales sin que ninguno haya derivado en una solución definitiva.
Una deuda desde 1999
El dirigente social Carlos Teixeira recuerda que, tras la tragedia de Vargas, el Gobierno anunció el Plan Vargas 2005, que contemplaba la construcción de 12.758 viviendas como parte del programa integral de reconstrucción del estado.
Sin embargo, según Teixeira, apenas unas 390 viviendas llegaron a construirse, dejando sin solución definitiva a miles de familias que permanecieron durante años en refugios temporales.
“Durante cinco años le decían a la gente que debía esperar en refugios, los trasladaron a urbanismos en el interior del país, enfrentando desarraigo y frustración. Esta historia ya la vivimos. Ningún indicador asegura que esta vez será diferente”, argumenta Teixeira.
Tras las lluvias extraordinarias de finales de 2010, el entonces presidente Hugo Chávez relanzó la política habitacional mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela, otorgando prioridad al estado Vargas.
Desde entonces, el Gobierno ha sostenido que ha construido decenas de miles de viviendas en la entidad. No obstante, la investigación Viviendas en el aire, realizada por Connectas y El Pitazo, documentó importantes diferencias entre las cifras oficiales y las viviendas efectivamente verificadas en campo, además de numerosos proyectos inconclusos, urbanismos parcialmente ocupados y desarrollos que nunca llegaron a terminarse.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
