La Agrupación de Familiares de Víctimas de Tocopilla presentó una querella criminal ante la Justicia chilena con el objetivo de reactivar las diligencias en la investigación por la desaparición forzada de siete personas durante la pasada dictadura civil militar.
Al mismo tiempo, la organización advirtió que actualmente existe un escenario de profunda incertidumbre respecto a la continuidad de las políticas de memoria y derechos humanos en la nación austral.
De acuerdo a la información publicada por EFE, la acción legal, que ya fue admitida a trámite por la Corte de Apelaciones de La Serena, busca que los tribunales garanticen el avance de las investigaciones judiciales.
La preocupación de las familias surge a raíz de las recientes señales del Ejecutivo que, a pesar de haber manifestado públicamente su respaldo al Plan Nacional de Búsqueda, anunció de forma paralela un recorte cercano a un millón de dólares al programa estatal encargado de coordinar los esfuerzos.
Denuncias de falta de presupuesto y conducción clara
La presidenta de la organización civil, Alejandra Gómez, criticó la falta de garantías para el desarrollo de las tareas de localización e identificación en los terrenos previamente señalados por los peritos de la causa.
Gómez es hija de Luis Gómez Cerda, un dirigente sindical, funcionario de la corporación estatal Codelco y militante del Partido Socialista que fue arrestado por agentes estatales en septiembre de 1973 y cuyo paradero sigue siendo desconocido.
“Enfrentamos un escenario de incertidumbre respecto a la continuidad de las diligencias: no existiría un presupuesto claro ni una conducción clara para coordinar y concretar las decisiones judiciales del ministro a cargo de la causa”, acusó Alejandra Gómez.
El Plan Nacional de Búsqueda es una iniciativa gubernamental impulsada mediante decreto en el año 2023, coincidiendo con la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado.
El proyecto busca esclarecer de manera oficial el destino final de las víctimas de desaparición forzada en todo el territorio nacional, una condición en la que todavía permanecen 1.159 personas que son buscadas de forma ininterrumpida por sus seres queridos.
El expediente de Tocopilla y los antecedentes de la represión
El recurso judicial presentado por los familiares denuncia la ejecución de inhumaciones y exhumaciones ilegales, y busca que los parientes de las víctimas puedan intervenir de manera formal en el proceso de recolección de pruebas.
Las solicitudes se centran de forma específica en las diligencias para dar con el paradero de siete trabajadores que fueron arrestados entre septiembre y octubre de 1973 en la localidad de Tocopilla, situada a unos 1.500 kilómetros al norte de la capital chilena, en la región de Antofagasta.
La querella individualiza los expedientes de las siguientes víctimas, todas arrestadas en el marco de las primeras operaciones represivas tras el derrocamiento del gobierno constitucional:
- Claudio Tognola, médico de 42 años de edad.
- Luis Segovia, de 28 años de edad.
- Carlos Garay, de 25 años de edad.
- Agustín de la Cruz Villarroel, Luis Gómez, Vitalio Orlando Mutarello Soza y Manuel del Carmen Muñoz.
De acuerdo con el documento judicial recopilado por los abogados, miembros de Carabineros, personal del Ejército y funcionarios del cuerpo de Investigaciones procedieron al arresto de los dirigentes políticos y sindicales de la zona industrial.
Los detenidos fueron conducidos inicialmente a la Comisaría de Carabineros y luego transferidos a la Cárcel Pública de Tocopilla, recinto penitenciario donde los funcionarios estatales perdieron formalmente su rastro.
Diferentes declaraciones testificales y documentos históricos apuntan a que los cuerpos de las víctimas habrían sido trasladados a la mina “La Veleidosa”, una explotación minera ubicada a unos 15 kilómetros de distancia del casco urbano de Tocopilla.
Las investigaciones arqueológicas y forenses previas ya habían registrado el hallazgo de fragmentos óseos pertenecientes a algunas de las personas nombradas en el escrito judicial.
En el marco del diseño institucional del plan de búsqueda, el Estado de Chile ejerce el rol de parte querellante en decenas de causas penales por ejecución sumaria.
La labor recae principalmente en el Programa de Derechos Humanos, una oficina dependiente del Ministerio de Justicia que funciona como el principal motor institucional para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad en el país.
El régimen dictatorial que gobernó Chile durante diecisiete años causó más de 40.000 víctimas, incluyendo a más de 3.200 ciudadanos fallecidos en operativos de las fuerzas estatales.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
