Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Venezuela enfrenta una “catástrofe” que agrava las vulnerabilidades de la población y profundiza la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta al país desde hace años. De acuerdo con un comunicado difundido el pasado 17 de julio, alertan que la situación empeoró tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.
En el texto, se destaca que ante la dimensión de la emergencia, las organizaciones de la sociedad civil, redes vecinales y organismos internacionales asumieron tareas esenciales en las zonas afectadas y que estas agrupaciones participan activamente en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la distribución de insumos básicos.
“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta,” señalaron los expertos, quienes manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano. Los especialistas subrayaron que las autoridades locales y la comunidad internacional deben reconocer este trabajo, que incluye el suministro de medicinas y atención médica.
Obstáculos legales y financieros en plena emergencia
Los relatores denunciaron que esta labor de asistencia se encuentra bajo amenaza debido al marco regulatorio impuesto por el Estado venezolano. Señalaron directamente el impacto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
“Pese a su importancia, este rol vital se ve gravemente obstaculizado y amenazado por las restricciones normativas existentes”, alertaron. Explicaron que la normativa obliga a las ONG a realizar registros ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren), un trámite que se vuelve imposible debido al “silencio administrativo” del Estado, lo que congela de forma arbitraria su personalidad jurídica.
Asimismo, cuestionaron las regulaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que imponen una supervisión excesiva a las cuentas de las ONG en comparación con otros sectores, lo que termina bloqueando la llegada y administración de recursos humanitarios.
Exigen levantar restricciones
Los expertos de la ONU exigieron al gobierno venezolano levantar estas restricciones y permitir modalidades de ayuda urgentes, como las transferencias de efectivo a los damnificados, una práctica internacional común que actualmente no está disponible en el país.
También hicieron un llamado directo a las fuerzas de seguridad del Estado: “Es imprescindible que las autoridades instruyan a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre sus obligaciones en el marco de la emergencia; en particular en relación con la protección de iniciativas ciudadanas de ayuda, como centros de acopio, y las acciones de las organizaciones nacionales e internacionales para que no se repitan los patrones de represión del pasado”.
“La sociedad civil debe ser respetada como parte fundamental en los procesos de localización de la asistencia, veedora de la transparencia de los recursos utilizados, garante de derechos en la atención de desastres”, insistieron.
Instaron, asimismo, a que la la provisión de alojamiento de emergencia, los planes reconstrucción y otras soluciones a largo plazo cuenten “con la participación significativa de las personas afectadas, incluidas las desplazadas internamente” y que la respuesta al desastre se lleve a cabo de conformidad con normas internacionales de derechos humanos.
El pronunciamiento fue firmado por una amplia lista de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Gina Romero (relatora sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación), Paula Gaviria Betancur (relatora sobre los derechos humanos de los desplazados internos) y Morris Tidball-Binz (relator sobre ejecuciones extrajudiciales). Los firmantes concluyeron que la sociedad civil debe ser respetada como “veedora de la transparencia de los recursos utilizados” y “garante de derechos en la atención de desastres”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
