Oswadeliz Núñez habla con una mezcla de dolor y molestia. Dice que lo que más le pesa no es solo la muerte de su hijo Daniel —quien acababa de ser deportado desde Estados Unidos—, sino la forma como el Gobierno venezolano manejó el proceso de repatriación. Asegura que los protocolos no protegen a quienes regresan sin antecedentes penales y que, si las cosas se hicieran con más cuidado, muchas familias no estarían viviendo tragedias como la suya.
«No son sacos de papas», repite con firmeza. «Son seres humanos. Están entregando seres humanos». Para ella, esa frase es la manera más clara de explicar lo que siente.
Los dos terremotos que sacudieron el centro-norte del país el 24 de junio cambiaron su vida de golpe. Fueron dos movimientos fuertes, inesperados, que hicieron colapsar edificios enteros en cuestión de segundos.
En La Guaira, el hotel El Santuario de La Llanada —donde Daniel y otros migrantes recién llegados en el vuelo 164 estaban retenidos por las autoridades— se vino abajo durante la emergencia. El 164 era uno de los vuelos semanales de deportación como parte de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Viajaban 120 hombres, 19 mujeres, 5 niños y 2 niñas, todos listos para comenzar una nueva etapa en su tierra.
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En una entrevista ofrecida al medio CNN en Español, Oswadeliz recordó que estaba en El Tigre, estado Anzoátegui, a casi siete horas de distancia de La Guaira, aferrada al teléfono. Ese mismo 24 de junio, su hijo, de 28 años, la había llamado desde el móvil de un funcionario del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Venezuela (Sebin) para decirle que ya había aterrizado y que al día siguiente lo llevarían a casa.
Ese reencuentro nunca ocurrió. Unos 30 minutos después de la que sería su última llamada, la tierra tembló y el hotel en el que se encontraba se derrumbó, dejando atrapados a muchos de sus habitantes bajo los escombros.
Cuando finalmente pudo viajar a La Guaira, le tocó enfrentar la noticia que más temía. Entre los escombros del hotel, los equipos de rescate encontraron un cuerpo. Ella no quería creer que fuera Daniel; se aferró a cualquier duda, a cualquier posibilidad de que estuviera vivo. Pero un detalle la obligó a aceptar la verdad: el tatuaje que un día la hizo discutir con él cuando el joven tenía 24 años. Ese dibujo, que antes fue motivo de enojo, terminó siendo la señal que le permitió reconocerlo sin equivocarse. Y es que su hijo ya no tenía el rostro que ella recordaba.
Desde entonces, su duelo se mezcla con una fuerza que no se apaga. Afirma que su lucha continúa, que seguirá hablando en sus redes para denunciar el caso y que planea prepararse en otras áreas del derecho para buscar justicia.
No pide dinero ni compensaciones materiales. Lo que exige es una reparación moral y que el Estado mejore con urgencia los protocolos para los venezolanos repatriados. Lamenta que los deportados como su hijo no puedan ser liberados de inmediato al regresar al país, quedando a merced de trámites burocráticos.
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