El oficialismo nicaragüense aceleró este miércoles el proceso para modificar las normas electorales del país, luego de que el presidente Daniel Ortega ordenara avanzar hacia un nuevo marco legal que impediría la participación de partidos opositores en futuros comicios. La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y las autoridades electorales iniciaron la discusión de los cambios que serían votados durante la primera semana de agosto.
La copresidenta Rosario Murillo defendió la iniciativa y aseguró que busca impedir procesos electorales que, según el gobierno, respondan a intereses extranjeros. Sus declaraciones se produjeron después de las advertencias emitidas por Estados Unidos, que cuestionó los planes anunciados por Managua.
“Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás a Nicaragua”, afirmó Murillo este miércoles en declaraciones a un medio estatal, al referirse a los procesos electorales que el oficialismo vincula con la influencia de Washington.
La dirigente sandinista insistió en que Nicaragua debe desarrollar sus propios mecanismos políticos y rechazó cualquier intervención externa en los asuntos internos del país.
“Elecciones, sí, pero elecciones propias (…), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad”, subrayó la copresidenta.
El Legislativo prepara cambios para agosto
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó que el Parlamento trabaja junto al Consejo Supremo Electoral en los ajustes legales que serán presentados para votación en los primeros días de agosto.
El funcionario afirmó que las reformas buscan evitar la participación de sectores opositores a los que el gobierno acusa de responder a intereses extranjeros.
“En la primera semana de agosto” se someterán “a votación las reformas”, señaló Porras, quien aseguró que se establecerán mecanismos para “no dejar ni un resquicio” y evitar que se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los procesos electorales.
El anuncio ocurre días después de que Ortega, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, descartara la realización de elecciones en las que sus adversarios puedan competir por el poder.
“Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno y atrapar el poder”, afirmó el mandatario durante el acto oficial.
Reacciones internacionales
La decisión generó cuestionamientos de gobiernos, organismos internacionales y sectores opositores nicaragüenses. Estados Unidos pidió a la comunidad internacional mantener una respuesta coordinada ante las acciones del gobierno de Ortega.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también expresó preocupación por la situación y pidió al ejecutivo nicaragüense garantizar la participación política de todos los ciudadanos.
“Restablecer el Estado de derecho” y permitir que “todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar”, fue el llamado realizado por Türk.
El representante de la ONU advirtió que los recientes acontecimientos profundizan las restricciones a las libertades fundamentales y el debilitamiento del espacio cívico en Nicaragua.
Ortega busca cerrar el paso a sus adversarios
Durante su discurso del domingo pasado, Ortega adelantó que impulsaría medidas para impedir el regreso de sus opositores al poder, a quienes calificó como “vendepatrias” y acusó de estar vinculados con Estados Unidos.
“Esto es lo que nunca va a volver, a eso se refería el comandante Daniel”, afirmó Porras al respaldar la posición del mandatario.
Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007, luego de haber ocupado también la presidencia durante la década de 1980. Su administración ha sido cuestionada por organizaciones internacionales debido a la persecución contra opositores, periodistas y organizaciones civiles, especialmente después de la crisis política de 2018.
Sectores opositores en el exilio consideran que las nuevas reformas buscan consolidar un sistema sin competencia electoral. Félix Maradiaga, exaspirante presidencial y antiguo preso político, señaló que la iniciativa refleja el intento de transformar a Nicaragua en un modelo de partido único.
Juan Sebastián Chamorro, dirigente opositor en el exilio, afirmó que Ortega busca “convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba”.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene que las reformas responden a la defensa de la soberanía nacional y a la necesidad de evitar la intervención extranjera en los asuntos políticos del país.
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