Caracas.- Unas casas sí y otras no. Así describen vecinos del barrio San Blas, en Petare, las inspecciones realizadas por las autoridades a las viviendas dañadas tras los terremotos del 24 de junio. Aseguran desconocer si recibirán algún tipo de ayuda gubernamental, pero sobre todo temen que el deterioro de las estructuras empeore con las réplicas y el tiempo.
Vecinos de este sector del municipio Sucre, en el estado Miranda, denunciaron la situación al observar la movilización de autoridades para evaluar y, en algunos casos, desalojar edificios de la Misión Vivienda en Caracas, así como los estudios que clasifican estructuras privadas con el sistema de semáforo en verde (habitable), amarillo (requiere reparaciones) y rojo (no habitable). Afirman que esta jerarquización no ha llegado a los barrios de Petare.
Según balances oficiales, los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron al menos 17.000 damnificados en La Guaira, Caracas y Miranda. Pero vecinos de Petare, que no fueron desalojados ni inspeccionados en muchos casos, temen que en esa cuenta no estén ellos.
Un mes después de la tragedia, se reportaron unas 30.000 infraestructuras inspeccionadas a nivel nacional, con alrededor del 55% clasificadas como verdes, un 22% amarillas y otro 22% rojas. En la Gran Caracas se superaron las 15.000 evaluaciones.
Tal es el caso de la vivienda multifamiliar de Elis Alfonzo, donde residen 23 personas, entre ellas seis niños, que fue una de las inspeccionadas en San Blas. Tras el terremoto, una comisión de Protección Civil del municipio acudió al lugar, constató paredes destrozadas y pidió a los ocupantes desalojar de inmediato.
Amarraron una cuerda entre dos clavos como indicador improvisado: si se tensaba, la casa podría derrumbarse.
Hasta la fecha eso no ha ocurrido, lo que representa una esperanza para la familia de regresar. Actualmente, todos se encuentran alojados en la casa de un familiar que se las prestó mientras pasa la emergencia.
Este situación se repitió durante el recorrido realizado por El Pitazo en los sectores 1 y 2, La Chicharronera y Las Cerecitas. Vecinos relataron que representantes de los consejos comunales seleccionaron las casas y llevaron allí a las autoridades, sin que entendieran los criterios de priorización.
Yelitza Rodríguez vive en su casa de San Blas junto a sus hijos y tres nietos. Las paredes se llenaron de grietas y la pared que protegía la vivienda de la calle se derrumbó. “Cuando llegaron las autoridades no voltearon para acá, fueron a la casa de al lado, a donde los llevaron, pero no aquí”, detalló.
Un mes con miedo
Los vecinos aseguraron que, posterior al doble terremoto, el miedo se instaló en su día a día. Con cada réplica o aguacero, las grietas en sus casas se han abierto más.
El gobierno reportó más de mil réplicas y activó un Estado Mayor de Contingencia, con despliegues de Protección Civil y comisiones de ingenieros para evaluar habitabilidad. Pero un mes después, vecinos de San Blas siguen a la espera.
En la vivienda de Erika Bello se escuchan ruidos fuertes cada vez que la familia del piso de arriba se mueve. Los describen como crujidos y sienten que el techo se está doblando. Las paredes se separaron en las esquinas y, hasta ahora, no han recibido ninguna inspección formal.
Centro de cuidado suspendido
El centro de cuidado Shekinah, situado a pocos metros de la Unidad Educativa Estadal Simón Bolívar, también presenta una estructura comprometida. Se trata de una vivienda de tres pisos que ofrece atención extracurricular a niños de la comunidad. Cuatro de sus columnas resultaron afectadas, los espacios se llenaron de grietas, incluido el tanque de agua de cemento, por lo que fueron suspendidas sus actividades.
Su directora, Andreina Díaz, indicó que la estructura fue inspeccionada por miembros del grupo Ciclón 23 Sucre, quienes advirtieron que no podía albergar gran peso. Se trata de un emprendimiento familiar en el que laboran siete docentes y que atiende a niños de la comunidad, entre ellos seis que no estaban escolarizados y se nivelaban.
Díaz hizo un llamado a las autoridades para que acudan a “la escuelita”, como la llaman en la comunidad, y también a las viviendas afectadas y puedan ayudar a verificar y atender los riesgos.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
