El Centro de Detención Preventiva de Caraballeda, en el estado La Guaira, es hoy un espacio crítico para las mujeres que allí permanecen recluidas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) advirtió que, a pesar del colapso de una de las paredes durante los terremotos del 24 de junio, las internas fueron devueltas a este lugar «inseguro y donde sobreviven en condiciones inhumanas».
A ello se suma que las reclusas pasaron un mes sin agua. Aunque el suministro fue restablecido, el líquido llega con una turbidez tan alta que solo sirve para el aseo personal y no es apto para el consumo humano.
Según la ONG, esta crisis humanitaria y de seguridad es consecuencia de una decisión oficial discriminatoria. Tras los terremotos, toda la población penal —hombres y mujeres— fue evacuada hacia la sede policial de Macuto. Se trata de una infraestructura más segura y con mejores servicios. Sin embargo, apenas una semana después del desastre, al menos 25 mujeres fueron obligadas a regresar al retén de Caraballeda.
“Frente a esta situación surge una pregunta inevitable: ¿por qué únicamente las mujeres fueron devueltas a un lugar en ruinas e inseguro, mientras que los hombres permanecieron bajo resguardo en una sede con óptimas condiciones?”, señaló el OVP.
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Desalojo de emergencia
La vulnerabilidad actual de estas mujeres recuerda el caos vivido la tarde de los terremotos, cuando los movimientos telúricos derribaron la pared posterior del recinto. En ese momento, el retén contaba con un mínimo de personal de guardia, lo que obligó a improvisar una evacuación de emergencia hacia la calle.
«Mientras miles de personas intentaban protegerse del desastre, las personas recluidas en el Retén de Caraballeda quedaron a merced del miedo, la improvisación y el abandono estatal», aseguró la organización no gubernamental.
El pánico se intensificó la noche siguiente, tras una falsa alerta de tsunami que se viralizó en redes sociales. Ante el temor y la incapacidad de los custodios para controlar a más de 40 mujeres en plena vía pública, al menos seis de ellas huyeron para ponerse a salvo.
Días después, varias se entregaron voluntariamente en distintas dependencias del país. Pese a los antecedentes de fuga y el daño de la infraestructura, el Estado optó por el silencio y no garantizó condiciones mínimas de resguardo.
Al regresarlas al Retén de Caraballeda, las autoridades exponen a las internas a un establecimiento que no cumple estándares básicos de habitabilidad. Según la organización, el espacio se encuentra completamente a oscuras, desasistido y carece de un plan de contingencia ante nuevas réplicas sísmicas.
Leyes vulneradas
El OVP sostiene que mantener a estas mujeres en un recinto destruido constituye una flagrante violación del artículo 46 de la Constitución nacional. Dicho artículo prohíbe de forma explícita todos los tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de cualquier ciudadano. Asimismo, esta situación actual vulnera los estándares internacionales establecidos en las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok.
La organización exige la intervención inmediata del Retén de Caraballeda. De igual forma, solicita el traslado urgente de las internas a instalaciones que cumplan con las condiciones mínimas establecidas por la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, responsabiliza al Gobierno venezolano por cualquier hecho o colapso estructural que ponga en riesgo la vida o la integridad física de las reclusas.
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