El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, aseguró este miércoles que el conjunto de reformas económicas que el Ejecutivo ha comenzado a implementar no implica una renuncia al modelo político de la isla, a pesar de admitir que las medidas representan la reestructuración más profunda del sistema nacional en décadas.
Durante la apertura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Marrero fundamentó el paquete de 176 reformas aprobado el pasado junio, orientadas a liberalizar y descentralizar la economía de la nación caribeña.
El jefe de gobierno salió al paso de los debates sobre una eventual transición hacia dinámicas de libre mercado.
«Ratificamos que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista. Por el contrario, lo defendemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación», aseveró el primer ministro ante el plenario unicameral.
Marrero precisó que entre los meses de junio y julio se habrán puesto en marcha 121 de las 176 medidas previstas, mientras que la ejecución del bloque restante se graduará en los próximos meses.
Disparo del déficit público y colapso del sector turístico
En el marco de las presentaciones económicas, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, presentó las proyecciones presupuestarias para el presente ejercicio fiscal.
Según las estimaciones oficiales, el déficit estatal experimentará un incremento superior al 96 % con respecto al año 2025, pasando de 67.642 millones de pesos (unos 2.818 millones de dólares según la tasa de cambio oficial para personas jurídicas) a 132.910 millones de pesos (aproximadamente 5.537 millones de dólares).
El titular de Finanzas recordó que el saldo negativo del año anterior equivalía al 5,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese período, en un contexto en el que el gobierno no ha publicado cifras consolidadas sobre el comportamiento del PIB del último año ni previsiones oficiales para 2026.
Tras la exposición, el presidente de la ANPP, Esteban Lazo, reconoció abiertamente que los indicadores macroeconómicos muestran un progresivo deterioro impulsado por el cerco económico de Estados Unidos.
El impacto del escenario internacional se ha dejado sentir con especial severidad en la industria turística.
Marrero reveló ante los parlamentarios que la salida de siete cadenas hoteleras internacionales —que administraban 46 % de las más de 80.000 habitaciones operativas en la isla— ha derivado en la «paralización casi total» de la actividad.
Las sanciones de Washington sobre los suministros petroleros y las advertencias a firmas extranjeras han obligado al cierre temporal del 73 % de las instalaciones hoteleras del país, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos directos.
Como contrapartida, el gobierno anunció nuevas modalidades para incentivar la participación privada en el área de servicios, autorizando la gestión particular de establecimientos hoteleros, la renta de vehículos y la operación de servicios de transporte de pasajeros.
Reestructuración del Estado y reducción de la burocracia
En el ámbito institucional, la aplicación del Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado conllevará un notable recorte en la plantilla pública.
El primer ministro detalló que en las próximas semanas se procederá a la supresión de 92.000 puestos de trabajo en sectores clave como Salud Pública, Educación, Cultura y Deporte, aclarando que en su gran mayoría corresponden a plazas que se encontraban vacantes.
Los restantes ministerios darán a conocer sus respectivos planes de ajuste laboral durante el mes de septiembre.
La reforma legal reducirá la estructura ministerial del Ejecutivo, pasando de 27 a 20 organismos de la administración central.
Entre las fusiones proyectadas destaca la integración del Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios; la unificación de Ciencia y Tecnología con Educación Superior; y la fusión del Ministerio de Agricultura con el de Industrias Alimentarias.
«Un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia», sostuvo el mandatario para justificar la contracción del aparato administrativo.
Las medidas se introducen en medio de un complejo ciclo recesivo que se prolonga desde hace seis años, lapso en el que la economía cubana se ha contraído cerca de 15 %, agravado por el endurecimiento de la política de máxima presión económica desplegada por Washington desde inicios del presente año.
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